Bajo la dirección del senador por Catamarca Dalmacio Mera, presidente de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, expositores del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial se refirieron al devenir de la Ley 23.737 desde su introducción al sistema normativo hace 30 años.

Por el MPF participaron Diego Iglesias -titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR); Eduardo José Villalba -fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Salta- y Flavio Ferrini -fiscal federal de Corrientes-. También asistieron Liliana Navarro -presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba-; Hugo Greca -juez federal de Río Negro- y Mario Juliano -juez y director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal-.

Para introducir la temática, Iglesias se refirió a la esencia de la ley, su puesta en marcha y los problemas que surgieron en el desarrollo inmediato y hasta la actualidad, como así también destacó los avances que llegaron a partir de la implementación del sistema acusatorio. Asimismo, manifestó la necesidad de ingresar a un nuevo “abordaje” de la norma desde una visión “integral”.

Resaltó que en busca del objetivo principal, consistente en “mejorar la persecución penal del fenómeno de la narcocriminalidad”, emergente del tráfico de estupefacientes y los delitos consecuente de esta actividad, la ley no llegó a cumplir con aquél. Señaló que la persecución se lanzó rápidamente sobre el consumidor y ello llevó al fallo “Arriola”, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009, a través del cual se dispuso la inconstitucionalidad de parte de la norma.

"Los recursos siguen orientados a la judicialización de conductas menores como la tenencia con fines de consumo”, advirtió Iglesias

A “más de diez años del fallo Arriola, el 40% de las investigación de las causas iniciadas en el fuero federal se vinculan con ese tipo penal. Los recursos siguen orientados a la judicialización de conductas menores como la tenencia con fines de consumo”, expresó al respecto. En ese sentido indicó “la ineficacia” de la persecución del consumidor, por lo que destacó la necesidad de “reorientar” la tarea hacia la investigación de los delitos graves, como el tráfico organizado. El fiscal, con ayudas visuales, mostró a los 17 senadores integrantes de la comisión la evolución de las causas federales por tráfico de estupefacientes.

En esa línea, instó a “aggiornar” la Ley de Drogas al fallo Arriola y centralizar la persecución al crimen organizado. Ante esta necesidad, destacó los avances logrados de la mano de la implementación del sistema acusatorio. Sobre el Código Procesal Penal Federal consideró que en el caso de Salta y Jujuy, donde se aplica desde hace un año, hubo “un cambio de rol de los fiscales hacia un rol proactivo”. Asimismo, mencionó como otro paso beneficioso para el sistema el “armado de equipos de trabajo”, lo que permitió guiar “la investigación en la lucha contra el narcotráfico”.

“Lo que se propone es fortalecer el trabajo colaborativo entre los ministerios públicos para llegar a los eslabones superiores de las organizaciones a través del trabajo conjunto, estratificando las investigaciones en niveles micro y macro”, agregó por otra parte. Finalmente, reparó en la necesidad de mejorar el uso directo de los bienes cautelados provenientes del narcotráficos, lo que estimó como una cuenta  pendiente en materia normativa.

Sistema acusatorio y políticas no penales

“Después de 23 años de fiscal puedo decir que en un año, desde la llegada del acusatorio, hemos podido aplicar prácticamente todas las técnicas de investigación con un gran éxito”, elogió a su turno Villalba, fiscal de Salta.

En torno a lo expuesto por Iglesias respecto a la persecución del consumidor, Villalba sumó el hecho de que la Ley de Drogas, asimismo, colocó en desventaja la persecución entre una persona vulnerable y con fuertes necesidades, que accede a ingerir cápsulas de droga, con aquel narcotraficante que lo hace a partir de una estructura económica mayor, como, por ejemplo, con el uso de aviones y a grandes cantidades. “Hasta ahora la lucha contra el delito se caracteriza por una manera de trabajar individual, pero es una visión que tiene que quedar superada para trabajar en equipo coordinadamente”, afirmó el fiscal salteño, quien citó varios casos para sustentar su postura.

Para Villalba, el modo individual tiene que dar paso a "trabajar en equipo coordinadamente”. "Una política eficaz  debe centrarse en reducir riesgos y controlar daños pero en el marco de políticas sanitarias", señaló Ferrini.

En tal sentido, y como muestra del trabajo coordinado, ahora establecido en el CPPF, Villalba repasó algunos detalles de la compleja investigación que, junto a Iglesias y otros fiscales en Salta, permitieron desbaratar el accionar no sólo de narcotraficantes, sino de los principales cabecillas, lo que llevó incluso a la condena del ex juez federal de Orán Raúl Reynoso, quien cumple una pena de 13 años de prisión por favorecer a organizaciones del narcotráfico en la frontera.

Villalba destacó la disposición de los fiscales federales y provinciales en Salta en el trabajo coordinado, tanto para dar con los autores de la venta al menudeo como para llegar a los eslabones más grandes de la cadena del tráfico de estupefacientes. Cabe mencionar que Salta, como otras seis provincias en el país, adhirió a la desfederalización, lo que permitió que la justicia provincial aborde la persecución penal de los delitos menores de la 23.737, como la tenencia con fines de comercialización.

Por su parte Ferrini celebró el hecho de que “se esté tratando de revisar aspectos conflictivos de la ley. Creo que una política eficaz contra las drogas debe centrarse en reducir riesgos y controlar daños pero en el marco de políticas sanitarias y no desde el derecho penal”. “No debemos temer a empezar modificar la herramienta legal de lucha contra el narcotráfico. La mayoría de los países van teniendo permanentes modificaciones acorde a lo que la realidad les va demostrando”, agregó.