El Tribunal Oral Federal de Catamarca condenó a penas de hasta catorce años de prisión a los nueve integrantes de una banda dedicada al narcotráfico, que había sido desarticulada en 2017. Los jueces hicieron lugar de manera parcial al petitorio del fiscal general Rafael Vehils Ruíz y de la fiscal coadyuvante Virginia Miguel Carmona, quienes habían solicitado una condena de quince años para Walter “Cabudo” Brizuela, el organizador y financiador de la banda. Brizuela se encontraba detenido en el Servicio Penitenciario Provincial junto a otros dos imputados en la causa, Franco Rocabado Ojeda y Juan Marcelo Salazar, quienes recibieron una pena de seis años por transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de personas intervinientes.

Los jueces también condenaron a siete años de prisión a Laura Juárez por considerarla partícipe necesaria del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. En tanto, Carlos Trejo y José Ramón del Valle Ponce fueron condenados a siete y seis años de prisión, respectivamente, por ser coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas. Por otro lado, Iván Galíndez fue condenado a la pena de cinco años de prisión al no contar con el agravante de personas intervinientes. Además, Héctor Carrizo y María Dora Fernández fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso por facilitar el lugar de guarda para las sustancias que comercializaba la organización. 

La investigación tuvo inicio en septiembre de 2014 a partir de una denuncia anónima que advertía que Brizuela se dedicaba a la venta de cocaína y de marihuana junto a otras personas. En aquel momento, los investigadores identificaron la casa de Carrizo como el lugar donde se guardaba el estupefaciente. Durante el allanamiento, Brizuela y Galíndez lograron darse a la fuga. 

La fiscalía demostó que se trataba de una banda con roles definidos: un organizador que financiaba, quienes  transportaban la droga, aquellos que la vendían y quienes ponían a disposición la casa para resguardarla.

Casi dos años después, en octubre de 2016, se logró detener a Galíndez, pero el líder de la organización huyó en un automóvil. En la fuga, lesionó a tres policías. En esa ocasión, Brizuela se escapó con la ayuda de Trejo, quien también fue detenido. Durante ese procedimiento, se secuestraron treinta kilos de marihuana y medio kilo de cocaína, que se encontraban enterrados cerca de la vivienda, en cercanías del Río del Valle, en la zona sur de la capital provincial. 

Brizuela fue finalmente detenido en octubre de 2017. A partir de las escuchas telefónicas realizadas, se pudo constatar que esperaba la llegada de Salazar y Rocabado Ojeda, sindicados como dos “mulas” que transportaban cocaína. Los tres fueron detenidos en plena evacuación de las cápsulas que habían ingerido en Bolivia para poder ingresar el material estupefaciente en Catamarca. Desde ese entonces, todos ellos quedaron detenidos con prisión preventiva. 

Los operativos fueron ordenados por el juez federal de Catamarca y contaron con la intervención de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía provincial, personal de la Agrupación Octava Catamarca de Gendarmería Nacional Argentina y por la Delegación Catamarca de la Policía Federal. En el marco de los secuestros se incautaron billetes discriminados en fajos de distinta denominación y títulos de distintos automóviles, además de varios rodados. También se secuestraron libretas con anotaciones de interés para la causa, documentación de propiedades y vehículos, teléfonos celulares y otros elementos relacionados a la investigación. 

El juicio

El debate comenzó el 17 de febrero y se desarrolló de manera virtual, a lo largo de doce jornadas en las que participaron más de cuarenta testigos. En sus alegatos, los representantes del Ministerio Público Fiscal mantuvieron la acusación contra los nueve imputados. De la fundamentación de Vehils Ruiz y Miguel Carmona surgió que el líder, organizador y financiador del clan era Brizuela, por lo que solicitaron una pena de quince años de prisión. La fiscalía demostró que se trataba de una banda con roles perfectamente definidos: un organizador que financiaba, quienes  transportaban la droga, luego aquellos que la vendían y, finalmente, los que ponían a disposición la casa para resguardarla.

El tribunal respetó de manera parcial los pedidos de pena realizados por los fiscales y condenó a los nueve imputados, además de ordenar el decomiso de los vehículos y del dinero secuestrado en los operativos. Además, el TOF estuvo de acuerdo con la posición del Ministerio Público Fiscal y no hizo lugar a tres pedidos de nulidad presentados por las defensas de los imputados, en particular a los pedidos de inconstitucionalidad esgrimidos por las defensas de Ojeda y Salazar del mínimo legal para la figura de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de personas intervinientes. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el miércoles 31 de marzo.