El titular de la Fiscalía Federal de Rawson, Fernando Gelvez, solicitó la elevación a juicio de una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintas ciudades de Chubut, en el marco de la causa conocida como “Arenas Blancas”. A través de una presentación de casi 700 páginas, el representante del Ministerio Público Fiscal detalló los hechos imputados a cada uno de los 49 acusados, así como el rol que mantenían al interior de la estructura delictiva.  “Los hechos investigados en autos, debo decirlo sin ambages, configuran un claro caso de crimen organizado. Los comportamientos desarrollados por los encartados, descubiertos por la investigación, ponen de manifiesto la existencia de una organización de personas que, coordinando medios y recursos y asumiendo roles diferenciados, hacen posible que el estupefaciente ingrese al país desde Bolivia y, pasando lucrativamente de eslabón en eslabón, sea comercializado en las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, en la provincia del Chubut”, indicó.

Cocaína enterrada

La investigación puso al descubierto una estructura delictiva que actuaba de manera coordinada para llevar a cabo la provisión, el almacenamiento, la distribución y comercialización del material estupefaciente. En el nivel superior de esa cadena se encontrarían los hermanos Guillermo Fabián Quiroga y Eduardo Baltazar Quiroga, quienes recibían la cocaína provista por Sebastian Parra Rodríguez y Nemesio Vázquez, ambos de nacionalidad boliviana y residentes en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. En la primera línea de la organización se encontrarían además Cristian Quiroga Cristian Martín Reyes; Omar Jara; Walter Layus; Bernardo Benjamín Bustos; Julio Marcelo Córdoba y Esteban Garay, quienes trataban en forma directa con los hermanos Quiroga para luego comercializar los estupefacientes en distintas ciudades de Chubut.

Tras una extensa investigación que se prolongó por más de dos años,  la organización fue desarticulada en la madrugada del 12 de septiembre de 2014, cuando se llevaron adelante 74 allanamientos simultáneos en las ciudades de Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Trelew y Playa Unión. En los procedimientos se secuestraron importantes cantidades de estupefacientes, dinero en efectivo, además de producirse las detenciones de los principales imputados.

La banda mantenía como base de operaciones la ciudad de Puerto Madryn y tenía como modalidad ocultar el material estupefaciente debajo de la arena en las playas o bien en distintos puntos de referencia, tales como las canteras municipales o en las cercanías de los altares dedicados al “Gauchito Gil”. Luego, la droga era desenterrada por los revendedores para su posterior comercialización.  Durante un allanamiento en la vivienda de Guillermo Quiroga se secuestró casi medio millón de pesos repartidos en dos pozos, bajo tierra. Además de identificar la participación y el rol de los distintos imputados, de las múltiples intervenciones telefónicas surge la peligrosidad de la organización, “que no duda en tomar represalias cuando se creen amenazados, en defensa de su territorio”.

Calificación legal

Al imputar las autorías materiales y las responsabilidades criminales, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se juzgue a 19 de los 49 acusados como coautores del delito de comercio de estupefacientes; para 26 de ellos aplicó la figura de comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de personas que intervinieron; para dos de los imputados colocó como agravante la utilización de menores, mientras que para los dos restantes consideró como agravante el haberse cometido la comercialización en inmediaciones de un establecimiento de enseñanza y en un lugar público.

“En cada caso, me refiero a los procesados, se ha probado y descripto tanto los hechos como las pruebas para considerarlos que tanto objetiva como subjetivamente se dan los extremos del tipo penal aludido. A mayor abundamiento destaco que realizaron cada uno de ellos la actividad ilícita achacada (comercio de estupefaciente) conociendo lo que hacían y queriendo realizarlo en la realidad. De la prueba ponderada se desprende en cada caso que actuaron con dolo directo al ejercer el comercio de estupefacientes en forma habitual y con fines de lucro”, concluyó Gelvez.