En consonancia con el requerimiento del responsable de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Horacio Azzolín, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de dicha jurisdicción rechazó, el pasado 2 de julio, los planteos de las defensas y confirmó los procesamientos de cuatro ex policías investigados por brindar protección a una banda narcocriminal liderada por el empresario Juan Ignacio Suris.

La investigación

La causa donde se investiga a los cuatro ex policías se inició por un desprendimiento de la investigación –que se encuentra próxima a ser debatida ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca- seguida contra Suris, su hermano Guillermo, y otras nueve personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, que los comercializaba en distintos domicilios bahienses. Esta nueva causa tenía como fin investigar quienes presuntamente habrían otorgado cobertura policial a la mentada asociación criminal.

Oportunamente, los cuatro ex policías fueron procesados por el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca como responsables del delito de pertenencia a una asociación ilícita o banda destinada a cometer delitos, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al tiempo que trabó embargos sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $200.000 cada uno.

Contra dicho decisorio las defensas interpusieron sus respectivos recursos de apelación donde se planteó la nulidad de las actuaciones, al tiempo que también se requirió la extinción de la acción por prescripción.

En la audiencia ante la Sala I, el fiscal Azzolín sostuvo, en cuanto a la prescripción de la acción, que ésta debía ser analizada previamente en la instancia de grado, a fin de garantizar la doble instancia. Asimismo, respecto a los agravios contra el auto de mérito opinó en favor de rechazar los recursos y confirmar los procesamientos, dado que “quedó sobradamente demostrado que los policías imputados mantenían una fluida relación con Juan Ignacio Suris y que participaban en la asociación ilícita que será juzgada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal” de Bahía Blanca.

Al tratar la cuestión, la Sala I de la Cámara Federal de Apelación de Bahía Blanca resolvió rechazar los planteos interpuestos por las defensas de los imputados y confirmar los procesamientos dictados oportunamente.

En su voto –al que adhirió su colega Silvia Mónica Fariña- el juez Pablo Candisano Mera consideró que “no cabe el sobreseimiento de los imputados sobre la calificación legal, por cuanto aquí se trata de un único hecho encuadrable en diferentes calificaciones legales, más no puede hablarse de sobreseimiento por el incumplimiento de los deberes de funcionario público (art.248 del CP) y continuar la investigación con respecto al mismo hecho, por el delito de asociación ilícita (art.210 del CP) pues para ello deben existir circunstancias fácticas diferentes, de lo contrario, habría un desdoblamiento del hecho investigado, comprometiendo el principio del non bis in ídem, así como las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio de la persona y sus derechos (art.18 de la Constitución Nacional), y que se estarían juzgando calificaciones legales en lugar de hechos”.

Asimismo, consideró que “los intercambios de llamadas entre los encartados y Juan Ignacio Suris –y otros miembros de la banda- (…) dan suficiente sustento a la calificación legal asignada en la instancia de grado sin que se hayan desarrollado agravios que lleven a conmover tal elección –en su faz objetiva- que, además, es provisoria. Cabe señalar que todas estas comunicaciones fueron interpretadas en el mismo sentido de prestar asistencia y cobertura a la actividad ilícita desarrollada por la banda que sería liderada por Juan Ignacio Suris”.

Finalmente, señaló que “en punto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ha quedado acreditado que todos los imputados, valiéndose de las facultades en tanto miembros activos de diferentes fuerzas de seguridad, se valieron de su cargo para ejecutar actos ilegítimos asistiendo a quienes sabían que estaban siendo investigados, para asistirlos en su empresa criminal, torciendo la finalidad propia del mismo”.