La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, confirmó la semana pasada los procesamientos con prisión preventiva de funcionarios judiciales acusados de formar una asociación ilícita que operaba en connivencia con una organización criminal dedicada al narcotráfico.

Se trata del ex titular del Juzgado Federal Nº1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, procesado por considerarlo “jefe” de esa asociación ilícita y autor de los delitos de cohecho y prevaricato, en ocho casos. La Cámara Federal, también, confirmó el procesamiento de los secretarios de dicha dependencia, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau Galeano, por considerarlos “miembros” de la asociación ilícita y coautores del delito de cohecho. La resolución de la Sala I alcanza a los abogados Duylio Horacio Barboza, Gregorio Humberto Giménez, Tomás Alfredo Viglione y Jorge Ricardo Vallejos, respecto de quienes confirmó sus procesamientos como “miembros” de la asociación ilícita y por cohecho. A Omar Antonio Serial, por su parte, sólo le confirmaron  ese último delito.

La Cámara Federal ratificó, además, los embargos de entre 3,5 y 20 millones de pesos impuestos por el juez federal Sergio Torres a Soto Dávila, Grau, Barboza, Galeano y Serial. Junto a Torres  intervienen el titular de la Fiscalía Federal N°4, Carlos Stornelli, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias.

El fallo de la Cámara Federal

La causa en la que se produjo el fallo de la Cámara Federal está enmarcada en un legajo donde surgió la sospecha de una presunta actuación irregular por parte del entonces titular del Juzgado Federal Nº1 de Corrientes, dos de sus secretarios y distintos abogados que litigaban en esa sede judicial. El conjunto de pruebas contempladas por los camaristas incluye un universo de más de 30 causas. También se rechazaron los planteos de las defensas sobre “la pretendida invalidez de las escuchas telefónicas” reunidas en diversos legajos, que permitieron sacar a la luz la connivencia de los funcionarios públicos con la organización criminal.

Según el fallo, el ex magistrado era quien tenía el poder de decidir cómo debía ser desplegado el accionar, ya sea impartiendo directrices para retrasar el trámite de causas bajo su competencia o beneficiando a personas vinculadas al narcotráfico.

Los camaristas explicaron que Soto Dávila, en función de su calidad de magistrado, era quien tenía el poder de decidir cómo debía ser desplegado el accionar, ya sea impartiendo directrices al resto de los funcionarios con el fin de que se retrasara el trámite de las causas que tenía bajo su competencia o dictando resoluciones que beneficiaban a personas vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo a la acusación, los secretarios del juzgado eran quienes le brindaban asistencia al juez, “llevando a cabo actividades incompatibles con su función, y ejerciendo una incorrecta administración de los recursos del Tribunal, con el objeto de concretar los planes delictivos”. En cuanto a los abogados particulares, se señaló que eran “los responsables de coordinar y posibilitar la entrega de las dádivas” acordadas de antemano con los funcionarios judiciales.

Finalmente, el fallo consigna que Omar Antonio Serial habría sido “el nexo entre la banda criminal dedicada al narcotráfico y el resto de los imputados”.

El origen de la investigación

En una investigación originada en 2014 en torno a maniobras narcocriminales en la Villa 21-24 de la Capital Federal se pudo seguir el rastro de la droga hasta la localidad de Itatí, en la provincia de Corrientes.  Producto del trabajo conjunto entre la Fiscalía Federal N°4 y Procunar, se llevaron adelante múltiples allanamientos y detenciones durante los primeros meses de 2017.

Todavía dentro de ese expediente, y nuevamente mediante el trabajo articulado de la Procunar con la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes -encabezada Carlos Schaffer- y las dos Fiscalías Federales de Primera Instancia con sede allí -ambas a cargo de Flavio Ferrini-,  se pudo determinar  la existencia  de una cantidad de legajos judiciales que tramitaban de manera atomizada ante el Juzgado Federal Nº1 de la jurisdicción, a cargo de Soto Dávila.

Procunar prestó colaboración en todos los expedientes diseminados en el juzgado federal de Corrientes. Se realizaron 31 presentaciones, todas apuntando a unificar el trámite de 35 causas que se desarrollaban de forma aislada e inconexa.

La procuraduría especializada del MPF prestó colaboración en todos y cada uno de los expedientes diseminados en el juzgado federal de Corrientes. Se realizaron 31 presentaciones, todas apuntando a unificar el trámite de 35 expedientes que desde el año 2011 se desarrollaban de forma aislada e inconexa  en torno a maniobras de una misma organización: la banda narcocriminal dirigida por Carlos Bareiro, Federico Marín y Luis Alberto Saucedo. La procuraduría advirtió en una de esas presentaciones que los sumarios no sólo tramitaban de forma separada, sino que, producto de ello, la mayoría no evidenciaba avances procesales significativos, y menos aún, un ascenso en la cadena de responsabilidades, panorama que generaba las condiciones propicias para que el andamiaje delictivo con origen en la localidad de Itatí continuara funcionando sin mayores inconvenientes.

Por ello, Procunar  consideró “urgente” unificar las pesquisas, a efectos de poder avanzar sobre los miembros de la banda con poder de decisión y de esta manera, lograr desactivar una organización que operaba ininterrumpidamente al menos desde 2011.

Conectar el universo de casos

La Procunar identificó que en uno de los 35 sumarios judiciales se había dispuesto la intervención de líneas telefónicas por un año y medio pero, sin embargo, en el expediente aparecían escasas transcripciones. Ante esa situación se conformó un equipo con agentes de Gendarmería Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y del Ministerio de Seguridad de la Nación, para la escucha y desgravación de discos compactos con comunicaciones telefónicas.  Esa labor también contó con la asistencia de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF.

Como resultado del trabajo en equipo la Procunar constató la conexidad de las múltiples investigaciones, y el contenido de los contactos telefónicos sentó las bases que sustentaron, luego, la identificación de los imputados en la cadena de responsabilidades. El análisis y cruce del contenido de las llamadas telefónicas permitió profundizar el complejo funcionamiento de la banda criminal desde una perspectiva integral y unificada; su actividad ininterrumpida por al menos cinco años y la cantidad de procedimientos en la zona aledaña a Itatí constituyeron elementos que fortalecieron la hipótesis respecto de la existencia de una “red de protección” en torno a la organización. Esa red estaría integrada por funcionarios de diversas fuerzas de seguridad y personalidades de la política local -como el Intendente y el Viceintendente-, un comisario de la policía provincial y miembros de la delegación de la Policía Federal Argentina en el pueblo.

En 2018, fruto de las comunicaciones interceptadas y analizadas, se pudo determinar la existencia de diálogos con un grupo de abogados defensores y un ex intendente de la localidad de Empedrado, Corrientes, en los que se negociaba dinero a cambio de asegurar la libertad de personas investigadas por actividades narcocriminales,  quienes estarían ligadas a la organización que traficaba estupefacientes desde Itatí. Un análisis más profundo a cargo de la Procunar puso de resalto que esas conversaciones se condecían con resoluciones dictadas por el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, a partir de las cuales se otorgaba la libertad a las personas imputadas. Los actos procesales eran firmados por Soto Dávila y dos secretarios.

Las pruebas obtenidas, sumadas a múltiples verificaciones en diversas bases de datos, fueron aportadas al Juzgado Federal N° 12 de Torres mediante distintas presentaciones, formulándose así el expediente en el que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó, la semana pasada, los procesamientos con prisión preventiva descriptos al inicio de esta nota.