08 de febrero de 2023
08 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervención del fiscal Maximiliano Hairabedian
Córdoba: penas de hasta ocho años de prisión para integrantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico, una liderada desde la cárcel
Edgardo Coria fue señalado como el jefe de una banda dedicada al transporte y comercialización de cocaína y marihuana en distintos puntos de las provincias de Córdoba y La Pampa, a la cual controlaba desde los lugares donde estaba detenido. Otras diez personas fueron condenadas como partícipes secundarias de esa banda y de otra organización asociada, cuyo líder murió durante el proceso.

El Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 de Córdoba -integrado por Julián Falcucci, Carolina Prado y Jaime Diaz Gavier- condenó a ocho años de prisión a Javier Edgardo Coria por liderar una organización dedicada al narcotráfico desde su detención en un escuadrón de la Gendarmería, en Corrientes, y desde el penal de Santa Rosa. El condenado organizaba las tareas de transporte y comercialización de cocaína y marihuana en Río Cuarto y La Pampa que realizaban el resto de los integrantes de la organización que se encontraban en libertad. En la causa intervino la Fiscalía General N°1 ante ese tribunal, a cargo de Maximiliano Hairabedian.

Coria fue condenado junto a otras diez personas acusadas de participar tanto en su organización, como en otra que colaboraba con la suya, y cuyo líder murió antes de llegar a juicio. Camila Juliana López, Marcelo Rojas Zambello, Oscar Kadlec, Cintia Sanabria, Paola Moreno, Franco González, Daniel Amezaga, Claudio Chaves, y Diego y José Gutiérrez recibieron una pena de cuatro años de prisión en carácter de partícipes secundarios del delito de organización para el tráfico de estupefacientes.

La investigación duró un año y medio, período en el que se dio seguimiento a dos organizaciones delictivas, una con asiento en Río Cuarto (dirigida por Coria, primero desde su lugar de detención en Corrientes y, luego de su traslado, desde La Pampa), y otra en la ciudad de Córdoba, liderada por el fallecido Benito Jaime. Ambas organizaciones tenían una estrecha relación: se proveían mutuamente de estupefacientes, e incluso algunos de sus miembros llegaron a desarrollar tareas en los dos grupos.

Ambas organizaciones tenían una estrecha relación: se proveían mutuamente de estupefacientes, e incluso algunos de sus miembros llegaron a desarrollar tareas en los dos grupos.

De acuerdo con la acusación, en una fecha no determinada pero cercana al 22 de febrero de 2017 y hasta el 28 de abril de 2018, Coria se dedicó a organizar la adquisición, el transporte, almacenamiento y posterior distribución de marihuana en Río Cuarto. Ello ocurrió mientras se encontraba detenido en el Escuadrón de Gendarmería de Ituzaingó, Corrientes, hasta julio de 2017, y luego desde la Unidad Penal N° 4 de Santa Rosa, La Pampa. El 28 de abril de 2018 se realizaron los procedimientos que dieron fin a su organización. Al momento de los allanamientos se incautaron más de cien kilos de marihuana, vehículos y grandes cantidades de dinero en efectivo.

En la sentencia se consideró acreditado que, para dirigir su organización, Coria impartía órdenes mediante llamadas telefónicas utilizando celulares y también mediante las líneas de los pabellones donde estuvo alojado, o bien por medio de reuniones realizadas durante las visitas que recibía en el penal de Santa Rosa. Extramuros, el resto de los imputados se encargaban de proveerse de marihuana en la ciudad de Resistencia, como también de cocaína en la ciudad de Córdoba. Luego, transportaban las sustancias hasta Río Cuarto en vehículos acondicionados con doble fondo y la almacenaban tanto en esa ciudad como en la capital provincial, para finalmente distribuirla en Río Cuarto, Córdoba y Santa Rosa, La Pampa.

De acuerdo con lo acreditado en el debate, Camila López, la pareja de Coria, era la encargada de retransmitir sus órdenes y administrar el dinero de la organización, tanto a nivel de ganancias, como también de pagos. Además, López viajaba a la ciudad de Córdoba y a llevar dinero tanto a Jaime como a Moreno, acompañada por José Gutiérrez, Fabián Rojas Zambello y Oscar Kadlec, según la ocasión. Dentro de la misma organización, Gutiérrez y López se encargaban de viajar desde Río Cuarto hacia Córdoba para efectuar pagos y transportar estupefacientes. A fines de 2017, Gutíerrez se desvinculó de la organización de Coria y pasó a trabajar para Jaime, en donde realizaba tareas similares, a veces en conjunto con su hermano Diego.

Bajo las órdenes de Coria, Cintia Sanabria visitaba al líder de la organización en La Pampa y era la encargada de viajar a Resistencia para buscar estupefacientes y luego trasladarlos al resto del país, estableció el tribunal. Esta actividad la realizó tanto en colectivos de larga distancia, como en vehículos conducidos por Gutiérrez, Kadlec y Rojas Zambello. Al mismo tiempo, los imputados Paola Moreno, Franco González, Claudio Chaves y Daniel Amezaga formaban parte de la organización liderada por Jaime que, si bien operaba en la ciudad de Córdoba, mantenía estrechos vínculos con la banda de Coria.

La organización conseguía, distribuía y comercializaba marihuana y cocaína en Río Cuarto, Córdoba y Santa Rosa.

Para los jueces, Coria actuó como jefe de una organización dedicada al narcotráfico, para la cual contó con la colaboración del resto de las personas involucradas, que actuaban bajo sus órdenes y cumplían distintos roles: eran encargadas de conseguir estupefaciente para luego distribuirlo y comercializarlo tanto en la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba y Santa Rosa, La Pampa. De acuerdo a la sentencia, era Coria quien emitía las directivas, coordinaba los recursos, disponía los viajes y tenía contacto fluido con quienes serían sus proveedores de marihuana y cocaína.

Las penas en grado de partícipes secundarios recayeron sobre subalternos de la banda a quienes -en su mayoría- no se los pudo encontrar en posesión de los estupefacientes traficados al momento de su detención. Aunque esta circunstancia aparecía como una dificultad probatoria para la fiscalía, el Tribunal acogió favorablemente el pedido de condenas ya que en las escuchas realizadas aparecían colaborando con los jefes de ambas bandas.

Además de establecer las condenas para los once imputados, el Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 ordenó se procediera al decomiso de un vehículo incautado, junto con aparatos de telefonía celular y balanzas secuestradas. También puso a disposición del Juzgado Federal de Río Cuarto el resto de los vehículos y bienes incautados en el marco de la investigación sobre lavado de activos que pesa sobre algunos de los imputados.