La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso interpuesto por la fiscal general interina, Maria Frezzini, contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, que había declarado nulo un procedimiento policial en la ciudad de Allen, provincia de Rio Negro, en el que se requisó y se detuvo a un hombre acusado de estar implicado en la venta de estupefacientes.

El tribunal revisor, integrado por Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Eduardo Rafael Riggi, resolvió anular la resolución del 18 de octubre del 2021 que se había pronunciado en línea con el recurso interpuesto por la defensa pública oficial, quien había objetado el procedimiento que culminó con la detención del imputado al no haber una razón que lo justifique, “por el sólo hecho de caminar con una bolsa en la mano”.

Los jueces de casación hicieron lugar al planteo de la fiscal, que había expresado que no existió ninguna irregularidad en la labor desarrollada por el accionar policial, que el procedimiento “habia sido conforme a derecho y que el desempeño se ajustó a las disposiciones contenidas en la ley que regula las atribuciones y deberes de la policía y fuerzas de seguridad”.

En ese sentido, el tribunal determinó que el accionar policial se había desplegado bajo las previsiones del artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación, “norma que prevé una situación de excepción, autorizando a los funcionarios policiales y fuerzas de seguridad, entre otras cuestiones a requisar personas e inspeccionar los efectos que lleven consigo, sin orden judicial, siempre que existan motivos previos suficientes, razonables y objetivamente acreditados que legitimen el mismo inicio del acto invasivo de la privacidad”.

Agregó que el disparador de la actuación policial no fue el prontuario del acusado, sino el producto del hecho, “cuya circunstancia más significativa ha de anclarse en la previa huida emprendida por un sujeto tras una persecución policial portando una bolsa de similares características a la que llevaba el imputado al momento de su interceptación”.  Según los magistrados, esto acredita un cuadro objetivo de “sospecha suficiente” en el acusado, que habilitaba al personal policial a actuar tal cual lo hizo, dejando a salvo cualquier afectación a las garantías constitucionales.

El caso

El hecho ocurrió el 19 de agosto del 2021 en la ciudad de Allen, provincia de Río Negro, cuando la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de la Policía provincial fue alertada por un llamado anónimo en el que una mujer refirió que sobre la calle Martín Fierro, pasando la Ruta Nacional 22, se estaba llevando a cabo una venta de droga en la que estaban involucrados tres hombres a bordo de un auto.

Como consecuencia, se desplegó un operativo y se pudo constatar la presencia del vehículo, que huyó cuando el móvil policial intentó identificarlo. A partir de ahí, se inició una persecución por los caminos rurales, durante la que se arrojó uno de los perseguidos, que llevaba una bolsa abultada. El sujeto se ocultó en una zona de chacras.

La policía logró interceptar el auto y requisar a los dos ocupantes, que terminaron siendo detenidos. Luego, el personal de Toxicomanía retomó el camino que transitó durante la persecución y, a poco de recorrer un kilómetro, observó a un joven que caminaba por la banquina vistiendo ropas oscuras y portando una bolsa blanca abultada, a quien asociaron "automáticamente" con el individuo que se habia fugado. Por ese motivo, frenaron la marcha y, al identificarse como policías, el joven tiró la bolsa al costado del camino y salió corriendo, aunque luego fue interceptado y reducido.

Con la intervención de testigos, la policía abrió la bolsa en la que encontró 3,28 kilos de marihuana. Finalmente, secuestró el estupefaciente y comunicó lo sucedido al Juzgado Federal de esa ciudad, que dispuso la detención del involucrado.