06 de febrero de 2023
06 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Presentación de la fiscal general interina Maria Frezzini
General Roca: la fiscalía general fue en queja a casación ante la excarcelación de un camionero que transportaba 78 kilos de marihuana
La Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad denegó el recurso de casación contra la decisión que determinó la excarcelación del imputado, por lo que la representante del MPF formuló una queja ante la Cámara Federal de Casación para que se aboque al caso. Recordó la jurisprudencia que avala la procedencia del tratamiento de las excarcelaciones en el máximo tribunal penal y, en cuanto al caso, destacó la existencia de los peligros procesales y el posible entorpecimiento de la investigación por la libertad del acusado.

La fiscal general interina de General Roca, Maria Frezzini, interpuso recurso de casación contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción que ordenó la excarcelación de un camionero imputado por el transporte de 78 kilos de marihuana, detenido el 13 de junio en el marco de un control vehicular de rutina en la ciudad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro. Luego, la representante del MPF recurrió en queja ante la Cámara Federal de Casación, dado que el recurso le fue denegado por el tribunal rionegrino.

El criterio tomado en la resolución recurrida por la fiscalía general fue adoptado el 5 de julio pasado por mayoría por los jueces Richar Fernando Gallego y Alejandro Cabral -con la disidencia Mariano Roberto Lozano-, en línea con el recurso interpuesto por la defensa pública oficial, que había objetado el fallo de primera instancia en el que se había dictado el procesamiento y la prisión preventiva del imputado, como así también el secuestro de los estupefacientes y del camión. En aquella resolución, la Cámara Federal confirmó el procesamiento y otorgó la excarcelación.

En el recurso de casación contra la excarcelación del imputado, la fiscal alertó sobre la existencia de los peligros procesales y el posible entorpecimiento de la investigación. Señaló que “el agravio que acarrea la resolución cuestionada no tiene la posibilidad de repararse después", dado que se encuentra "latente la posibilidad cierta de que el encartado intentará eludir el accionar o entorpecer la pesquisa, riesgos que fueron puestos a resguardo por el legislador para no facilitar la impunidad”.

También se refirió a la causal de gravedad institucional que podía suscitar el fallo. En ese sentido, expuso que el recurso de casación interpuesto procedía para preservar los principios de la Constitución “y en particular del objetivo fundamental de afianzar la justicia”, ya que la impunidad del caso podía acarrear la responsabilidad internacional del Estado Argentino por incumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada por la Ley N° 24.072.

Tanto en el recurso de casación como en la queja posterior por el recurso denegado, la fiscal Frezzini citó antecedentes de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) en los que se admitió el recurso casatorio fiscal contra excarcelaciones acordadas por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.

Sobre ello destacó que “la totalidad de las salas que conforman la CFCP, frente al rechazo de casaciones interpuestas por este organismo fiscal en materia de excarcelaciones otorgadas en casos que se ha estimado que se contraponían tanto a la ley como a la doctrina plenaria plasmada en el fallo 'Díaz Bessone'  han concedido los recursos de queja articulados, declarando mal denegado el recurso de casación”.

En ese sentido, la fiscalía resaltó que “hace más de una década que, salvo en dos o tres ocasiones, el criterio es uniforme en cuanto a la equiparación a sentencia definitiva de los pronunciamientos cuestionados y la presencia de agravio de naturaleza federal, de tardía o imposible reparación ulterior y por ende propensos a ser revisados por el tribunal casatorio”. Al respecto, citó jurisprudencia en ese sentido de las cuatro salas que conforman el máximo tribunal penal.

Proceso judicial

El caso que dio origen al pleito surgió a partir de un procedimiento llevado a cabo el 13 de junio por el Escuadrón de Seguridad Vial de Sierra Grande de la Gendarmería Nacional que, en el marco de un control vehicular de rutina a la altura del kilómetro 1152 de la Ruta Nacional 3, incautó 78,370 kilogramos de marihuana de un camión que realizaba transporte de de carga interjurisdiccional.

La fuerza de seguridad también halló en poder del chofer una mochila donde guardaba un envoltorio de nylon que contenía 22,6 gramos de cocaína y otro que contenía 3,8 gramos de marihuana. En ese marco, el juez federal de primera instancia de General Roca ordenó la detención del camionero y le recibió declaración indagatoria.

Al momento de resolver la situación procesal, el magistrado dispuso su procesamiento, convirtiendo la detención ordenada en prisión preventiva, por considerar al sujeto autor penalmente responsable del delito de tenencia con fines de comercialización.

La decisión fue apelada por el defensor público oficial, quien pidió su excarcelación e indicó que no había riesgo de fuga por parte del imputado, ya que contaba con arraigo en la ciudad y era "el principal sostén económico" de cinco hijos que tiene, todos menores de edad. El 5 de julio la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó el procesamiento y admitió el recurso de la defensa sobre el pedido de excarcelación. El 26 de julio, la fiscal Frezzini presentó un recurso de casación contra ello, que fue denegado por la Cámara Federal, por lo que luego la fiscalía interpuso la queja ante el máximo tribunal penal.