28 de mayo de 2022
28 de mayo de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Por transporte de estupefacientes
Imputan y dictan la prisión preventiva de un automovilista detenido con 30 kilos de cocaína
Iban ocultos en compartimentos ubicados en el airbag y el paragolpes de una camioneta. La maniobra fue descubierta ayer por personal de Gendarmería Nacional en un puesto de control, en el acceso a Salta.

En una audiencia de control de detención y formalización de la investigación penal, el juez federal de Garantías 1 Julio Bavio hizo lugar este mediodía a la imputación presentada contra un joven de 28 años por el delito de transporte de estupefacientes. La acusación fue presentada por la fiscal federal subrogante Paula Gallo, de la Unidad Fiscal Salta, quien también solicitó la prisión preventiva del imputado, requerimiento que, si bien fue cuestionado por la defensa, también fue aceptado por el magistrado.

La fiscal, asistida por la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, explicó al juez que la detención del conductor se produjo ayer en el control ubicado en Cabeza de Buey, sobre la ruta 34, a unos 55 kilómetros de la capital de Salta. Relató que, en el puesto de control, personal de Gendarmería Nacional requisó el rodado –una Renault Duster- y verificó la documentación; se dirigía de Salta a Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia.

Al observar los papeles entregados por el conductor, los gendarmes se percataron de que la cédula verde estaba a nombre de otra persona, mientras que al revisar el interior con permiso del conductor se advirtieron signos de tornillos removidos en el sector del airbag. Tras ello se realizó una inspección más profunda, que permitió descubrir un chapón que no correspondía al vehículo y de cuyo interior se extrajeron 14 paquetes con cocaína. En el paragolpes delantero se encontraron 17 envoltorios más.

Los paquetes hallados fueron por un total de 30 kilos de cocaína. El conductor fue detenido y se secuestraron otros elementos de interés para el caso, entre ellos un teléfono celular, chips y una computadora portátil, según lo solicitado por la fiscalía al juez de Garantías.

Al referirse a la prueba reunida, la fiscal mencionó las actas labradas por la fuerza de seguridad, informes y otros registros fotográficos y fílmicos, tras lo cual solicitó un plazo de investigación de 70 días corridos, como así también requirió autorización para avanzar con las pericias técnicas pendientes.

Medidas de coerción

Al referirse a la calificación penal del caso, por el delito de transporte de estupefacientes, la fiscal indicó que en vista de lo ya mencionado “existen indicios suficientes que dan como probable la responsabilidad del conductor en el hecho”. Enseguida, y al analizar las medidas de coerción aplicable al caso, pidió que se dicte la prisión preventiva del conductor por el término de 70 días. Sustentó su pedido en la gravedad del hecho, ya que se trata de una cantidad importante de droga que estaba “destinada a causar una grave afectación en numerosas familias que hoy se ven afectadas por este flagelo social”.

Sostuvo que las maniobras de ocultamiento de la cocaína evidenciaron que no se trata de un hecho circunstancial, sino de una “empresa delictiva previamente planificada”, por lo que era necesaria la aplicación de esta medida a fin de resguardar el éxito de la investigación penal. Resaltó, a su vez, que la pena en expectativa indica será de cumplimiento efectivo, lo cual aumenta aún más el riesgo de fuga por parte del imputado, de quien no aún no se pudo establecer fehacientemente su ocupación laboral.

Ante estos pedidos, la defensora oficial Gala Poma se opuso al plazo de investigación -que consideró excesivo- y también postuló el rechazó a la prisión preventiva de su defendido, para quien solicitó sea bajo arresto domiciliario, entre otras medidas de coerción menos gravosas.

Ante estos planteos, el juez Bavio dio por legal la detención, formalizó la investigación penal y concedió la prisión preventiva por un plazo de 60 días, como así también autorizó la realización de las pericias requeridas por la fiscalía. Al fundamentar su decisión respecto a la prisión preventiva, el magistrado coincidió con los argumentos expuestos por la fiscalía. “En este punto el nuevo Código Procesal Penal Federal es muy claro respecto a que la única excepción para disponer esta medida radica en la gravedad del hecho”, expresó.