19 de febrero de 2020
19 de febrero de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El documento se basa en todas las causas radicadas en el fuero federal durante 2015
Informe estadístico de Procunar sobre causas por drogas
Según la Procuraduría de Narcocriminalidad, el 44% de los 50317 expedientes iniciados el año pasado corresponde a casos vinculados a drogas. Sin embargo, la mitad corresponde a casos por tenencia simple o para consumo personal y el otro 50% a hechos relacionados con organizaciones narcocriminales.

La Procuraduría de Narcocriminalidad presentó esta semana un análisis descriptivo de las causas iniciadas por estupefacientes durante el año 2015 en el ámbito de la justicia federal. El documento elaborado por el Área de Análisis de Información y Planificación Operativa de la Procunar, que se propuso caracterizar las causas iniciadas por estupefacientes durante 2015 en el ámbito de la Justicia Federal, como una forma de acercarse a la dinámica de persecución penal en materia de narcocriminalidad, advirtiendo, a priori, su tendencia selectiva. El análisis de los datos contenidos en este informe demuestra que existe una gran incidencia de la persecución de delitos menores.

Allí, se detalla que en el 44% de los expedientes radicados en la justicia federal se investigan tipos penales previstos en la ley 23737 (de estupefacientes) o por violaciones al artículo 886 del Código Aduanero. El 56% restante fue por otras infracciones. La mayoría de los trámites judiciales (62%) comenzaron por acciones preventivas de fuerzas de seguridad.

La Procuraduría especializada puntualizó que "el peso de las causas iniciadas por estupefacientes -en relación al total de causas iniciadas- es aún mayor si extraemos del recuento a las jurisdicciones que han implementado -para principio de 2015- la ley de desfederalización". En esas jurisdicciones que no han adherido a la ley 26.052, sobre 38030 investigaciones, el 54% corresponde a expedientes por drogas.

Frente a esto, el informe concluye que “no puede dejar de advertirse una gran preocupación al analizar la respuesta estatal al fenómeno de las drogas. Cuando se desglosa el real significado de la actividad de todos los organismos del Estado involucrados en la persecución penal, se pone de manifiesto que la respuesta visible a este problema no opera en verdad sobre sus causas, sino en gran medida sobre sus consecuencias. Recientemente la comunidad internacional señaló la necesidad de intensificar los esfuerzos en la persecución respecto del tráfico de estupefacientes y la criminalidad organizada, haciendo hincapié en la “adopción de medidas de prevención de la delincuencia relacionada con las drogas y de aplicación de la ley más eficaces”1, idea rectora sobre la cual debería pensarse el futuro de la persecución penal en la materia. Es necesario hacer hincapié en que la aplicación de los conceptos de eficacia y eficiencia implican concentrar los recursos del sistema penal en uno de los principales pilares del problema mundial de las drogas: la narcocriminalidad -como una de las mayores manifestaciones del crimen organizado- y sus vínculos existentes con otras actividades delictivas, como el lavado de dinero, la corrupción y el desvío de precursores químicos”.

El material es "producto del trabajo interdisciplinario que caracteriza a las procuradurías especializadas" y ofrece "una descripción limitada a la instancia inicial del proceso judicial, que de ninguna manera refleja las formas en que las investigaciones avanzan (o avanzarán) a lo largo del proceso". El objetivo del trabajo "consistió en dimensionar cuantitativamente las causas iniciadas durante 2015 en el ámbito de la justicia federal, examinando aspectos relevantes tales como: los tipos de delitos investigados con mayor frecuencia, las modalidades de inicio de las investigaciones judiciales, tanto a nivel nacional como regional y distrital, con la expectativa de identificar a través de los datos cuáles son las transversalidades y las especifidades para cada una de las jurisdicciones".

En el 44% de los expedientes radicados en el fuero federal se investigan tipos penales previstos en la ley de estupefacientes o por violaciones al Código Aduanero.

Dónde se pone el foco del sistema penal

La Procunar -creada el 19 de febrero de 2013 por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó- precisó además que en el 50% de los casos a nivel nacional se busca determinar si existió tráfico ilícito -como comercio, tenencia con fines de comercialización, almacenamiento, transporte y/o contrabando de estupefacientes o de materias primas para la fabricación- y que en la otra mitad de los expedientes se analizan posibles delitos menores como tenencia simple o para consumo personal, indicados en el artículo 14 de la ley 23737.

En las conclusiones del documento de más de 170 páginas, la Procuraduría especializada subrayó que estos últimos procesos "rara vez prosiguen su trámite a partir del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo 'Arriola', y aunque no se cuenta con datos precisos, es posible afirmar que la gran mayoría de estas causas son archivadas inmediatamente después de su ingreso al Poder Judicial". La Procunar agregó que "pese a haber transcurrido siete años de aquel fallo que exhortó 'a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente lo menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país', la situación no se ha visto modificada sustancialmente".

La mitad de las causas son por hechos vinculados al tráfico ilícito de drogas. El otro 50% se inicia por tenencia simple o para consumo personal.

El detalle por tipo de delito advierte que el servicio de justicia dedicó esfuerzos a analizar casos de comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etc. de estupefacientes y materias primas (artículo 5, inciso C de la ley 23737) en el 41% de los sumarios; 3% corresponde a investigaciones por comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etc. de plantas y semillas, y el 2% por violación del artículo 866 del Código Aduanero que reprime el contrabando de estupefacientes.

El informe da cuenta que a partir del año 2012 la incidencia de las causas por tenencia para consumo personal comienza disminuir, pasando de 38% en 2012 a 33% en 2013 y 31% en 2014. Esta tendencia que se revierte para 2015, retomando un 37%.

Este universo sumado da como resultado que en el 46% de los expedientes el fuero de excepción busca determinar delitos cometidos por organizaciones criminales de distinta envergadura. En la vereda de enfrente, se ubican los hechos catalogados como tenencia simple (13%) y para consumo personal (37%), ambos previstos en el artículo 14 de la ley de drogas, que acumulados indican que la mitad de los casos son hechos menores. Hay un 4% catalogado como "Otros".

Los números por jurisdicciones

En todo el país, se plantearon en el fuero federal 22020 hechos por drogas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires -una de las jurisdicciones que menos delega este tipo de investigaciones en el Ministerio Público (el 94% está encabezada por el juez)- lidera la lista con el 36% de estas causas; seguida por Mendoza, con el 11%, y Santa Fe, con el 9%. Las demás jurisdicciones judiciales se reparten el 44% restante. La Procuraduría especializada explicó en el informe que las estadísticas de Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Salta se ven afectadas por la adhesión de esas provincias a la ley de desfederalización desde el inicio del año 2015.

Además, la Procunar detalló que la cantidad de expedientes radicados en la CABA -donde el 91% de los expedientes por tenencia para consumo personal fueron iniciados por "prevención" de las fuerzas de seguridad- se incrementa debido a que el fuero penal económico tiene competencia en los delitos aduaneros cometidos en los partidos del conurbano bonaerense (Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Polar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López).

Mendoza se ubica segunda en el listado. Sobre 3617 expedientes abiertos en 2015 en el fuero federal de esa provincia, el 69% fue por estupefacientes. Los números se repiten en los cuadros de 2012, con el 66%; de 2013, con el 72%, y de 2014, con el 71%.

Cada diez causas que se iniciaron en el fuero de excepción en Mendoza, tres fueron por los casos de comercialización o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etc. de materias primas o estupefacientes (28%) o por suministro gratuito u oneroso (5%); mientras que los otros siete comenzaron por tenencia simple (10%), tenencia para consumo personal (52%) u otros delitos (5%).

En la Provincia de Santa Fe, que se ubica tercera en la lista sobre el total nacional, el 67% de los 2892 sumarios iniciados en la justicia federal corresponde a delitos vinculados a estupefacientes. Esa relación se mantiene constante respecto de años anteriores: en 2012, el 72% de los expedientes se ubicó en el universo "drogas"; en 2013, el 70%, y en 2014, el 68%.

Rosario es el conglomerado territorial que lidera la lista provincial con 1179 sumarios iniciados durante 2015 por este tipo de casos. Le siguen Santa Fe, con 467; Rafaela, con 203, y Reconquista con 91.

Así, sobre las 1940 investigaciones abiertas en Santa Fe, el 68% fue por infracción al artículo 5 inciso C de la ley 23737 (comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etc. de estupefacientes y materias primas); el 19% por tenencia para consumo personal (art. 14 de la ley de drogas); el 11% fue indicado como "tenencia simple", y un 2% ubicado en la categoría "Otros".

Un detalle que destaca el informe de la Procunar es que en la región NEA entre 2012 y 2015 descendió del 32% al 25% la incidencia de las causas por tenencia para consumo personal, lo que redunda en un aumento de la proporción de las pesquisas por delitos más graves, vinculados sobre todo a las organizaciones narcocriminales. Sin embargo, la cantidad de expedientes iniciados no tuvo grandes variaciones: 4599, para 2012; 3789, en 2013; 4278, de 2014, y 4518, en 2015.

Santa Fe en 2012 tenía un 36% de las causas por el artículo 14 de la ley de drogas (consumo personal), mientras que 2015 cerró con el 19%, lo que cierra un descenso sostenido de a cinco puntos por año. Los números son más llamativos en el Chaco, donde en 2012 el 54% de las investigaciones comenzadas estaban encuadradas en tenencia para consumo. Ese valor tuvo un descenso entre 2013 (35%) y 2014 (13%), pero creció ampliamente en 2015 al 62%.
Sin embargo, la relación entre la cantidad de causas iniciadas por narcotráfico por cada 100 mil habitantes devuelve un listado distinto: encabeza CABA, con 273; le sigue La Pampa, con 146; tercera se ubica Mendoza, con 143 expedientes; cuarta, Río Negro, con 135, y le sigue Tierra del Fuego, con 138.