El Tribunal Oral Federal de Jujuy, constituido de manera unipersonal por la jueza María Alejandra Cataldi, condenó el 25 de octubre pasado a Diana Francis Inca Socantaype a la pena de 7 años y 2 meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes organizados para su consumación, en grado de coautora. La sentencia también impuso a Martha Ilda Borja Pedroso una pena de 7 años y 4 meses de prisión por el mismo delito, en concurso real con el de tenencia ilegal de documento nacional de identidad, en calidad de autora.

Esas condenas fueron dictadas en el marco de un juicio abreviado y se suman a la que había recibido Carlos Rubén Toscano, condenado por la misma vía, aunque el acuerdo en su caso fue homologado el 16 de agosto pasado por el juez federal de Garantías, Eduardo Hansen. El hombre recibió una condena de 3 años de prisión en suspenso por el delito principal, pero en grado de partícipe secundario.

Además, se decomisaron teléfonos celulares y una suma de poco más de 50 mil pesos y de dólares secuestrados a las personas acusadas. A instancia de la fiscalía, se encuentra vigente la captura nacional e internacional de un cuarto implicado.

El fiscal federal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, y la auxiliar Romina Verdur sostuvieron con pruebas la responsabilidad de las personas condenadas-

El y la representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que las actuaciones se iniciaron el 28 de marzo pasado, cuando la Dirección General de Aduanas (AFIP- DGA), de la localidad de La Quiaca, informó sobre una situación irregular en el control de un colectivo de larga distancia que transportaba 990 bultos, bajo la modalidad de encomiendas.

Señalaron que los paquetes habían sido despachados desde esa ciudad y tenían distintos destinos, entre ellos la ciudad jujeña de San Salvador, las provincias de Tucumán y Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Precisaron que, mediante el uso de un scanner, el personal detectó nueve bultos sospechosos.

Explicaron que se trataba de paquetes que aparentaban ser mobiliario de madera, como mesas de luz y respaldares de camas. Frente a ello se realizó el pase del scanner y del perro detector de narcóticos perteneciente a ese organismo, que reaccionó activamente al olfatear las encomiendas.

Entrega vigilada

Dadas las herramientas procesales vigentes en materia de técnicas de investigación penal, la fiscalía avanzó con una entrega vigilada -es decir, que los paquetes siguieran su curso pero bajo supervisión judicial-, que fue autorizada por el juez Hansen. El magistrado dispuso, a su vez, la extensión de la jurisdicción para garantizar el éxito de la medida.

Antes de ello, se produjo la apertura del cargamento y se verificó que los muebles tenían paquetes de droga insertados con mucha precisión, ya sea debajo de las mesas e incluso en huecos que se elaboraron para introducir la droga, que a simple vista no se advertía.

En total se extrajeron 69 paquetes, con un peso total superior a los 73 kilos de cocaína. Un kilo de esta cantidad fue hallado en una caja de golosinas, situada en el interior de una caja de dulces que, en realidad, contenía varias tiras de profilácticos. En cada uno de los preservativos, se encontró cocaína en estado líquido.

Como es usual en esta clase de procedimientos, se dispuso el remplazo de la droga con otra sustancia de peso y aspecto similar, para luego volver a cerrar los paquetes y colocarlos en la ruta de traslado al destino despachado.

El 3 de abril, al llegar a la sucursal de Barracas, lugar en el que se montó un importante despliegue de personal de la Gendarmería Nacional y la Aduana, se logró detener a las dos mujeres y a Toscano cuando salían del local con todos los paquetes cargados en un vehículo.

Con personal de incógnito dentro de la sucursal, se pudo advertir a Inca Socantaype en el momento en que recibió las nueve encomiendas identificadas y firmó el recibo de recepción, para luego, junto a sus acompañantes, salir del local.

Del análisis químico de la droga, se pudo establecer que la cocaína registraba un alto grado de pureza y que tenía una capacidad de producción de 225.768,38 dosis umbrales, que representa la grave afectación que habría causado a la salud pública.

El fiscal sostuvo que “este hecho demostró una gran planificación, porque fue mucho trabajo el que hizo la fuerza de prevención para poder extraer el material de los muebles, y también por los movimientos previos que realizaron las encartadas teniendo en cuenta que las dos participaron del envío de encomiendas y después del retiro de las mismas”.

También se refirió a evidencias colectadas respecto a otras encomiendas que le fueron remitidas a Inca Socantaype. Añadió que en poder de Borja Pedroso se hallaron documentos de identidad ajenos, que eran utilizados para el despacho de otros paquetes con características similares, cuya destinataria era la coimputada.

Precisó que, a su vez, se corroboró que las dos mujeres participaron activamente en el envío de los bultos junto al remitente: se habían trasladado a la ciudad de La Quiaca, para luego regresar a la ciudad de Buenos Aires.

El fiscal resaltó, por último, el valor de la sustancia secuestrada, que, de acuerdo a lo informado desde la Dirección de Aduanas, estaba valuada en ese momento en la suma de $225.867.126,69 millones de pesos argentinos, equivalentes a un millón de dólares.