Organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) realizo días atrás una jornada sobre “las nuevas técnicas de investigación: agente revelador e informante”  destinada a funcionarios y empleados del Ministerio Público. Patricia Cisnero, integrante de Procuraduría especializada, disertó sobre los proyectos de ley, el concepto de “agente revelador”, analizó la figura del “informante” y su inserción en el proceso penal actual.

Previamente, la docente recordó que en el año 2009 la ONU ya había destacado la necesidad de dar respuesta a los graves problemas planteados por los vínculos cada vez mayores entre el tráfico de drogas, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada, así como a las dificultades que enfrentan las autoridades policiales y judiciales para responder a la evolución constante de los medios utilizados por las organizaciones delictivas transnacionales para evitar la detección y el enjuiciamiento.

Puntualmente, explicó que el objetivo de dichas técnicas es “brindar a las fuerzas policiales y a los funcionarios judiciales las herramientas necesarias para ser aplicadas a la investigación, prevención y lucha contra los delitos de investigación compleja”.

La futura ley pretende incorporar las figuras de “agente revelador, informante, encubierto”,  para el esclarecimiento de delitos o redes delictivas.

Según el proyecto del Ministerio de Seguridad, el juez podrá disponer que, a propuesta del Ministerio Público, agentes de fuerzas policiales y de seguridad en actividad, sin antecedentes penales,  actúen como agentes reveladores

Para el caso de la designación del agente encubierto y la instrumentación necesaria para su protección, propone que sea el mismo ministerio quien lo designe pero con control judicial.

Los agentes informantes tendrán ese carácter bajo reserva de identidad a cambio de una contraprestación económica o procesal.  Deberán aportar a las fuerzas de seguridad, u otros organismos,  información, datos, testimonios que permitan iniciar o guiar una investigación para la detección de individuos u organizaciones delictivas.

Por último, el proyecto del Ministerio de Seguridad contempla que los informantes no serán considerados agentes del Estado ni testigos en la causa, en cambio, para el Ministerio de Justicia, el informante será convocado al juicio sólo cuando su testimonio resultare imprescindible.