En el marco de un procedimiento de juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a doce personas por el delito de comercio agravado de estupefacientes, al considerar que integraban una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en la zona de Camet y de Barrio Libertad, la cual tenía su principal bunker de droga en un lugar conocido como “El Chapón”, y además, comercializaban en viviendas y con la modalidad “delivery”.

Las penas de prisión fueron fijadas en tres años de efectivo cumplimiento y multa de $4000  para una persona que fue considerada partícipe secundario de la organización; en seis años de prisión y multa de $8000 para otras ocho personas, y una pena de siete años y seis meses de prisión y multa de $15.000 para las tres personas a las que se les probó una mayor responsabilidad en los hechos juzgados.

El Tribunal desarrolló un extenso fundamento para sostener que los límites impuestos al juicio abreviado en cuanto al monto de las penas constituye una garantía renunciable que puede ser superada por acuerdo de partes, expuesto libre y voluntariamente ante el tribunal. Para ello, afirmó que “sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte”, y agregó “que ir en contra de lo acordado por las partes desnaturalizaría por completo el juicio abreviado, le restaría al Ministerio Público Fiscal atribuciones en materia de negociación de las consecuencias del hecho delictivo, todo lo cual repercutiría negativamente en la prestación del servicio de justicia”.

También fueron condenadas otras dos personas por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento. Si bien estas personas tenían vínculos con los principales responsables de la organización, no se pudo probar que hubieran participado de las maniobras de tráfico de estupefacientes, por lo que sus penas fueron fijadas en dos años, y dos años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, respectivamente.

La condena incluyó el decomiso de $940.007, U$S 558 y seis automóviles -entre los que se encuentran camionetas y autos de alta gama- que fueran secuestrados durante los allanamientos. Cuando la sentencia quede firme, el dinero y los vehículos decomisados serán puestos a disposición de la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición ley 23.737” para que se los destine a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes.

El Tribunal consideró que estos bienes eran el beneficio económico generado por el delito, ya que ninguna de las personas condenadas pudo acreditar que desarrollara una actividad lícita que justificara el dinero y los bienes que poseían.

Esta investigación comenzó a principios de  2016 en la justicia provincial a través de la Unidad Fiscal de Estupefacientes. Durante la pesquisa se pudo individualizar a un grupo de personas que, de forma organizada, comercializaba estupefacientes en la en la zona de Camet y de Barrio Libertad. La metodología de esta organización consistía en proveerse de marihuana y cocaína para su acopio, reclutar gente para seguridad y vigilancia de su principal punto de venta situado en el barrio Libertad, conocido como “El Chapón”, coordinar el traslado, preparar y acondicionar la sustancia y, finalmente, venderla a mayoristas y minoristas. En numerosos allanamientos realizados en el mes de noviembre del año 2016, se secuestraron más de 55 kilos de estupefacientes -entre marihuana y cocaína-,aproximadamente un millón de pesos y armas de fuego. Pocos día después de los procedimientos se resolvió la inhibición de la justicia provincial, y -de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación- se aceptó la competencia en el fuero federal.

Consultados por el fallo, los representantes del Ministerio Público Fiscal que intervienen en esta causa destacaron la importancia de una sentencia en la que no solo se condena a personas responsables del delito de comercio agravado de estupefacientes, sino que también se ataca el aspecto económico del tráfico de estupefacientes a través del decomiso de importantes sumas de dinero y automóviles.