Con la sala vacía e imputados y parte del tribunal conectados por videoconferencia, se escuchó durante casi dos horas en el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata el alegato del fiscal general Juan Manuel Pettigiani, quien tuvo por probada la hipótesis de la acusación y solicitó penas de nueve años y seis meses y diez años de prisión para los dos policías acusados de proteger a una organización narcocriminal que operaba en la denominada zona roja de la ciudad y utilizaba personas travestis vulneradas en sus derechos y sin acceso al mundo laboral para la venta de cocaína al menudeo. Además, se los acusa de la venta de marihuana, sin intermediarios.

Para el fiscal, el accionar de Jonathan Moisés Arce y Carlos María Scaltritti, “brindando asistencia policial, convirtiéndose en guardia pretoriana de la organización criminal que conducían [Mara] Cambareri y [el fallecido Juan José] Esquivel para que estos comercialicen estupefacientes con total tranquilidad o comerciando ellos mismos sustancias prohibidas, desnuda el poder punitivo más perverso y amenazador para una comunidad”.

“Estamos aquí frente a un caso de corrupción policial. Esta corrupción corroe las instituciones y ataca la vida en sociedad”, dijo Pettigiani ante la escucha atenta del juez Roberto Falcone, quien era acompañado por sus colegas Héctor Sagretti y Omar Gutiérrez, en conexión desde San Martín.

Los y las integrantes de la organización asumieron de manera expresa su responsabilidad y fueron condenados a penas de seis años de prisión por comercio de estupefacientes agravado. “Necesariamente debían contar el apoyo y la discrecionalidad de control por parte de las fuerzas de seguridad, concretamente de agentes pertenecientes a la seccional policial con jurisdicción en la zona [Comisaría Cuarta] y la fuerza provincial especializada en prevenir y reprimir la comercialización de drogas, esto es, la Superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas local”, reparó la acusación. El capítulo referido a la connivencia de la policía de la zona fue remitido a la justicia provincial para profundizar la investigación, que alcanza a los jefes locales de la policía de la provincia de Buenos Aires de esos años.

El representante del Ministerio Público Fiscal hilvanó los testimonios y la prueba que consta en el expediente y fue ventilada durante las audiencias del debate para concluir en la responsabilidad de Arce y Scaltritti, para quienes pidió nueve años y seis meses y diez años respectivamente -de acuerdo a su jerarquía en la fuerza- por el delito de comercio de estupefacientes doblemente agravado y multas. Los hechos investigados ocurrieron desde principios 2014 a mayo de 2017.

“Ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de proteger a su comunidad, cuidando de la vida y de la seguridad de los gobernados. Arce y Scaltritti violaron sus deberes legales", aseveró el fiscal.

“Como agravante específico he considerado el escándalo social que generaba la actividad de venta estupefacientes en la zona roja, que no sólo afectaba el bien jurídico del delito en análisis, sino que la actividad se proyectaba también a afectar el orden público, situación que se vio potenciada por la conducta desplegada por los imputados”, sostuvo el fiscal sobre el final de su alegato.

La investigación
La investigación, desarrollada por la justicia federal con la colaboración de las fuerzas federales, se extendió durante casi dos años. “Este dato no resulta menor ya que muestra el escaso interés investigativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en particular la División Drogas Ilícitas, quienes, aún teniendo como una de las principales hipótesis del tráfico de estupefacientes en la ciudad la comercialización que se producía en la zona roja, según refiriera el jefe de esa época en esta audiencia, aparentemente nada sabían de ella ni de la organización que la movía”, subrayó Pettigiani.

Sin embargo, el comisario Berdini, jefe de la División en la época de los hechos –a pesar de sólo haber pasado seis meses con ellos-, afirmó que el grupo operativo que integraban las personas aquí imputadas era el más eficiente de su equipo. “Scaltritti y sus soldaditos”, los refirió.

Para el fiscal, “esa eficiencia no se dirigía al cumplimiento de su función sino a todo lo contrario, a encubrir su funcionamiento”. De hecho, las pruebas reunidas señalan que había una interacción permanente con las mujeres trans, aunque “nada veían”. Esta investigación vino a dar respuesta a lo que sufrían los vecinos de la zona y que gran parte de la ciudad conocía: que en las zonas rojas -comprendidas por la avenida Luro y avenida Champagnat con sus intersecciones y calles paralelas- se vendía droga. “Lo sabían todos, menos quienes debían perseguir ese delito”, reprochó el fiscal.

El comportamiento de los imputados, sumó más adelante, quebrantó los más elementales deberes que tenían asignados: “Ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de proteger a su comunidad, cuidando de la vida y de la seguridad de los gobernados. Arce y Scaltritti violaron sus deberes legales, no sirvieron a la comunidad, no protegieron a quiénes debían y sí lo hicieron con las personas que delinquían”, precisó Pettigiani.

El fiscal general describió la organización de Cambareri y Esquivel tal como la tuvo por comprobada la sentencia de septiembre de 2019 en un juicio abreviado al que los policías se negaron. Luego detalló la participación de Arce y Scaltritti en la banda, a través de la protección brindada, y luego se adentró en el comercio de frascos con flores de marihuana.

Cómo operaban los policías
Una mujer trans se puso en contacto con Mara Cambareri por una intervención policial. La líder de la banda le dice que es muy probable que sea (policía) local, “porque si fuera como se llama…si fueran estos narcos, no van a ir a buscar drogas a las chicas”. De este llamado se infiere lo que ha quedado demostrado en el juicio: “que los policías de la División Narcocriminalidad estaban arreglados con la organización, y también que había que disuadir a los ‘agentes libres’ que seguían haciendo procedimientos, para poder comercializar tranquilos”, interpretó el titular de la Fiscalía General ante el TOF.

La organización, relató el fiscal, se desplegaba en amplios sectores de la ciudad “con notable impunidad”, gracias al aporte de –al menos- los dos policías imputados.

Hubo en el juicio un testimonio que fue uno de los engranajes clave para comprender el modo de operar de la banda con protección policial. Se trata de una joven oficial que presta servicio en la Policía Local, a quien los acusados solicitaron liberar la zona: querían que no haya nadie al menos por un par de horas en la esquina de las avenidas Luro y Champagnat. ¿Qué implica este concepto? “Significa nada menos que garantizar el libre desarrollo de la actividad ilícita por algún lapso. Es decir, brindar cobertura para que el hecho ilegal ocurra”, precisó el fiscal.

Otros relatos que se oyeron en la sala de audiencias, como los de dos personas que hacían las veces de “seguridad” de las mujeres trans, alimentan la hipótesis fiscal. Uno de ellos contó que la gente concurría a la zona a comprar estupefacientes, que le preguntaban “¿hay gilada?”, y que él tenía la orden de mandar a los potenciales compradores hacia la calle Tierra del Fuego, a unas cuatro cuadras de Champagnat. Y sobre el rol de la policía, uno de ellos contó que cobraban dinero, a modo de coima, para que las mujeres trans pudieran permanecer en las esquinas que ellos recorrían.

Según la fiscalía, el trabajo de los colegas de los imputados era motivo de llamados de atención y traslados

Otro efectivo abocado a la cuadrícula de la zona relató que hizo varios procedimientos con las mujeres trans a quienes han secuestrado droga y sus casos eran comunicados a la fiscalía de estupefacientes provincial, además de identificar ocasionales consumidores. El accionar de este efectivo, como de su compañera de turno, y la joven de la Policía Local lejos de ser premiado, era motivo de llamados de atención, traslados u obligados a dejar de trabajar en la calle. “Tres veces me llamaron de la departamental porque molestaba”, refirió.

El delito en la zona roja, “imparable”
Pettigiani reparó en la declaración de Scaltritti, quien dijo que “era imparable lo que estaba pasando en la zona roja”, “como si fuera un espectador y no el responsable de uno de los grupos operativos encargados de combatir justamente ese delito”, reparó el representante del MPF, quien se preguntó “¿cómo no se iba a desbordar la zona roja?”.

“Esta manera de accionar por parte de la cúpula policial, respecto de los traslados como castigos, a la asignación de tareas menores, el retirar de la calle a un oficial, lo veremos señores jueces, en al menos tres testigos que tuvieron la valentía de declarar”, sostuvo el fiscal quien reparó en que uno de ellos requirió su incorporación a un programa de protección.

Y al seguir con el análisis de por qué la zona creció exponencialmente, refirió a otro testimonio que se oyó en el debate. Un policía, que luego sufrió un traslado como represalia, contó que un subinspector de la cuadrícula Newbery lo convocó a una estación de servicio de las inmediaciones y le dijo que tenía el aval de un superior para “arreglar” las personas trans.

La connivencia también se desprende de conversaciones obtenidas a partir de la intervención del celular que utilizaba una de las líderes de la organización, Mara Cambareri, que involucran directamente a quien estaba entonces a cargo de la Jefatura Departamental y a personal de la comisaría cuarta, ante la huida de una mujer travesti que estaba esposada en la dependencia policial de Alberti esquina Chile.

Un emprendimiento al margen de la ley
La información obtenida de los teléfonos celulares de los dos acusados, principalmente del móvil de Scaltritti, develó otra faceta de su accionar delictivo. Tenían en conjunto una peculiar empresa de la que eran socios: comercializar estupefacientes, en particular marihuana y más precisamente las flores de esa planta, envasada en frascos de mermelada.

Los policías se cuidaban de no hablar de su proyecto en conversaciones telefónicas, pero en mensajes de la red WhatsApp había información, que sumada a otras pruebas, permitieron al MPF tener por acreditada su actividad infringiendo, sin intermediarios, la ley de drogas.