La Unidad Fiscal Resistencia formalizó la investigación penal y obtuvo la prisión preventiva por 100 días para siete policías que fueron acusados de intentar sustraer más de nueve kilos de cocaína, en el marco de un procedimiento oficial de destrucción por incineración de gran cantidad de material estupefaciente secuestrado en causas federales.

Los policías implicados son el comisario Rubén Héctor César Alegre; el subcomisario Franco Andrés Ramírez; el oficial principal Lucas Exequiel Martínez; el sargento Gustavo Jesús Acosta; los cabos primeros Juan Nicolás Almirón Núñez y Gustavo Andrés Quizama; y el cabo Néstor Ariel Urne Cantero. Todos fueron imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de partícipes y la calidad de funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de este tipo de delitos, en concurso real con el delito de peculado, todos ellos en calidad de coautores.

Los siete efectivos son integrantes de la Dirección de Consumos Problemáticos de la División Operaciones Metropolitanas de la Policía de la provincia del Chaco, dependencia que tenía a cargo el resguardo, custodia y traslado del material estupefaciente en cuestión. Además, entre ellos se encontraban un comisario, un subcomisario y oficiales que habrían gestionado y articulado, ante las autoridades judiciales, las autorizaciones respectivas para la destrucción por incineración de drogas bajo su resguardo en las distintas causas federales.

Las imputaciones fueron formuladas por el fiscal federal a cargo del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Resistencia, Patricio Sabadini, y la fiscal interina del área, Ruth Hilgenberg, en una audiencia de formalización de la investigación y de control de la detención, que duró más de seis horas, el pasado 21 de diciembre pasado, ante la jueza de Garantías de dicha jurisdicción, Zunilda Niremperger.

Además, a instancias del MPF, la jueza otorgó un plazo para la investigación penal preparatoria de seis meses y autorizó una serie de medidas solicitadas por el MPF.

El caso

El hecho ocurrió el pasado 18 de diciembre, en el marco de un procedimiento oficial de quema de estupefaciente secuestrado en causas federales, que tuvo lugar en el polígono de tiro de la Policía de la provincia del Chaco, ubicado en una zona aledaña a la localidad de Colonia Benítez. El procedimiento estuvo a cargo de autoridades de dicha fuerza de seguridad y se realizó en presencia del titular del Juzgado Federal N°2 de Resistencia, el juez Ricardo Mianovich, y del secretario Martín Innocente.

En esa oportunidad, el secretario del juzgado federal advirtió movimientos irregulares por parte de dos efectivos policiales al momento de trasladar la droga de un móvil policial que oficiaba como medio de transporte del estupefaciente secuestrado hacia la fosa de incineración. En ese momento, detectó la sustracción de nueve paquetes de cocaína que se encontraban escondidos dentro de la cabina del vehículo, debajo de los asientos del conductor y del acompañante y en la mochila de otro de los efectivos.

“Este manejo del procedimiento se observó en los mismos hechos, pues sabían y conocían a la perfección el procedimiento de la quema y destrucción del estupefaciente y aprovecharon el momento oportuno para sustraer la cocaína en presencia incluso de las autoridades judiciales”, explicaron los fiscales en la audiencia de formalización.

Advertida la maniobra, se produjo el secuestro del material estupefaciente, de mochilas que se habían dispuesto dentro del habitáculo del vehículo con la intención de repartir el botín entre los involucrados y también de otros elementos personales de los integrantes de la patrulla.

Además, dentro de una de las mochilas se halló un paquete que contenía un ladrillo de aparente yeso que simulaba ser cocaína,  para disimular el reemplazo de la droga secuestrada, que arrojó un peso total de 9,490 kilogramos, equivalente a un valor estimado en plaza de, aproximadamente, 142.350 dólares estadounidenses, según detallaron los fiscales en la audiencia.

Las medidas iniciales fueron dispuestas por el fiscal a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Resistencia, Juan Marcelo Burella Acevedo, y el caso luego fue derivado al Área de Casos Complejos que dispuso sendos allanamientos. En uno de ellos, realizado en el domicilio de uno de los efectivos, se secuestró una balanza de precisión que, sumada a la cantidad de sustancia y su gran valor económico en plaza, resultaron indicativos para la fiscalía de la ultraintención del grupo de reintroducir la sustancia en el circuito ilegal

La audiencia

Durante la audiencia de formalización, Sabadini e Hilgenberg solicitaron la prisión preventiva de los imputados haciendo hincapié en “la escala penal gravosa” de los delitos imputados. Así, la tenencia con fines de comercialización agravada por el número de partícipes y la condición de funcionarios públicos, tiene una expectativa de pena de 6 a 20 años de prisión, y el delito de peculado prevé de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta.

Los representantes del MPF señalaron que esta condición impediría la aplicación de una condena de ejecución condicional y sostuvieron que “objetivamente” es una circunstancia que incrementa el peligro de fuga o evasión.

Más allá de la expectativa de pena, los fiscales remarcaron que corresponde reparar en “la naturaleza y las circunstancias” de la comisión de los hechos, que son “de inusitada gravedad institucional”, y que han “sacudido a la sociedad y opinión pública en los últimos días”, como así al propio sistema de justicia del cual estos funcionarios públicos son auxiliares.

“Aquí yace el particular disvalor de la conducta incurrida por los imputados, cuya órbita de incumbencia funcional -en tanto integrantes de la Dirección General de Consumos Problemáticos de la Policía de la Provincia del Chaco-, tenía como eje central, justamente, la prevención e investigación de delitos de narcotráfico y custodia del material ilícito”, señalaron durante la audiencia.

El secretario del juzgado federal advirtió movimientos irregulares por parte de dos efectivos policiales al momento de trasladar la droga de un móvil policial que oficiaba como medio de transporte del estupefaciente secuestrado hacia la fosa de incineración. En ese momento, detectó la sustracción de nueve paquetes de cocaína.

Por otro lado, los representantes del MPF indicaron que si bien los imputados tienen arraigo en la capital chaqueña -donde residen junto a su grupo familiar y cuentan con un trabajo en relación de dependencia- y carecen de antecedentes penales, dadas las características del caso y la especial gravedad institucional, entendieron que tales elementos no permiten desvirtuar la peligrosidad procesal que existe, sobre todo en lo que respecta al riesgo de entorpecimiento de la investigación, que surge de la condición de funcionarios policiales de los acusados.

En tanto, resaltaron el estado investigativo inicial en que se encuentra la causa y que la misma “revela la existencia de una complicidad y concierto delictivo de estos funcionarios públicos que, actuando coordinadamente y en uso de sus conocimientos, han participado en la sustracción de más de 9 kilos de cocaína”.

En esa línea, remarcaron que el hecho de que los imputados sean miembros de una fuerza policial “implica el conocimiento específico del funcionamiento del sistema penal, de las técnicas investigativas, de los tiempos y formas procesales, lo que les otorga una ventaja para interferir en la pesquisa”.

“Este manejo del procedimiento se observó en los mismos hechos, pues sabían y conocían a la perfección el procedimiento de la quema y destrucción del estupefaciente y aprovecharon el momento oportuno para sustraer la cocaína en presencia incluso de las autoridades judiciales”, agregaron.

Por último, Sabadini e Hilgenberg mencionaron que los imputados cuentan, además, “con acceso real o potencial a bases de datos e información sensible y canales informales de comunicación, aun cuando se encuentren apartados de sus funciones”.

Por todo este contexto, los fiscales entendieron que los imputados, en libertad, podrían amenazar o intimidar a testigos relevantes y alterar u ocultar evidencia que aún resta producir, aprovechando los vínculos preexistentes propios de la estructura policial.

Por todas las circunstancias, la jueza coincidió con los representantes del MPF al considerar que existe una “peligrosidad procesal” y, en consecuencia, dictó la prisión preventiva de los imputados hasta el 31 de marzo de 2026.