El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario condenó el viernes pasado a penas de hasta nueve años de prisión para catorce personas, con distintos grados de participación, por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio. Además, los jueces Omar Paulucci, Ricardo Vásquez y Germán Sutter Schneider absolvieron a otras cinco personas. En el debate, intervino el titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1, Federico Reynares Solari.

Los magistrados ordenaron el decomiso de 18.075 pesos; 30 dólares; una camioneta Dodge Journey; tres automóviles Chevrolet Agile, Peugeot 308 y Citroën C4 y una motocicleta Keller KN150GY. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 18 de agosto próximo.

El juicio había comenzado el 22 de febrero pasado y el 8 de mayo, el fiscal general realizó su alegato, donde entendió que la conducta de los acusados encuadraba en el delito de "tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravada por la intervención organizada de más de tres personas".

El detalle de las penas

A Claudio Javier Benítez el Tribunal lo señaló como coautor del delito de "tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención organizada de tres o más personas" y le fijó una pena de siete años de prisión. Dicha sanción se unificó en una pena única de 14 años de prisión por una condena anterior de 12 años de prisión impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 rosarino, en marzo de 2021.

Amilcar Gonzalo Viani y Osvaldo Gregorio Villlalba fueron condenados a ocho y nueve años de prisión -respectivamente- por el mismo delito. Por otra parte, se consideró como coautores de comercio de estupefacientes agravado a Nicolás Vicente Herrera y Jesica Natalia Domínguez y se les fijó una pena de seis años de prisión. Sin embargo, como la mujer contaba con una condena previa de siete años de prisión dispuesta por el TOF N°2 de Rosario, en marzo de 2021, se unificó en una pena única de nueve años de prisión, al tiempo que se mantuvo su libertad hasta que la decisión quede firme.

Walter Gabriel Maximiliano Ledesma, Carina Noemí Correa, David Osvaldo Abila, Víctor Adelqui Laquín y Néstor Fabián Ayala recibieron condenas de seis años de prisión como coautores del delito de "comercio de estupefacientes agravado".

Por su parte, el oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe Guillermo Fernando Segovia fue condenado por el Tribunal a seis años y un mes de prisión e inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos por el tiempo de la condena al ser considerado coautor del delito de "tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por ser un funcionario policial encargado de la prevención o persecución de los delitos". Segovia fue señalado como la persona que le brindaba protección a la organización para que pudieran desplegar las maniobras ilícitas.

A José Ángel Elizalde lo condenaron a siete años de prisión por resultar coautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tráfico de estupefacientes en la modalidad comercio agravado por la intervención de tres o más personas. Finalmente, se les impusieron penas de cuatro años de prisión a Cristián Alegre y Natalia Soledad Insaurralde. Al primero lo consideraron como coautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización mientras que la mujer fue señalada como partícipe necesaria del delito de "tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención organizada de tres o más personas" y como responsable de la tenencia de armas y municiones.

En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal había requerido para Benítez una pena de ocho años de prisión y una pena única de 18 años de prisión; mientras que para Viani había solicitado nueve años de prisión y para Villalba, diez años y seis meses de prisión. Asimismo, había pedido penas de tres a siete años de prisión para otros 14 imputados; la absolución de dos personas; y el decomiso del dinero y diversos vehículos secuestrados en los allanamientos.

El caso

La investigación se inició a raíz de una serie de procedimientos desarrollados en la zona oeste de Rosario, en donde las fuerzas de seguridad secuestraron estupefacientes. Así, se llevaron adelante tareas investigativas para determinar si existía una organización que dirigía el narcomenudeo en el lugar.

En julio de 2018, se formalizó la pesquisa respecto a la organización criminal que encabezarían Benítez, Viani y Villalba y que estaría integrada por otras 19 personas. De esta forma, se estableció que los tres hombres, de manera conjunta y organizada con su entorno familiar y otras personas ligadas a ellos, comercializaban estupefacientes a gran escala en la ciudad de Rosario y sus alrededores. Para ello, contaban con cobertura policial, lo que les aseguraba la ejecución de la actividad ilícita.

En el marco de la investigación, personal de la Policía Federal Argentina pudo determinar que Benítez, Viani y Villaba acordaron la adquisición de distintos tipos de estupefacientes en Buenos Aires, para posteriormente comercializarlos en Rosario. Tanto las escuchas directas sobres las líneas telefónicas como otras tareas realizadas fuera la jurisdicción permitieron la interceptación -el 12 de abril de 2019- de una “bajada” de 53 kilos de marihuana, repartido en 73 "panes". Ello motivó la realización de 16 allanamientos en varios domicilios de la ciudad y alrededores, en los que se incautaron además de marihuana, cocaína y armas de fuego.