El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta comenzó ayer el juicio oral y público seguido a un comerciante y su pareja exmodelo, acusados por el transporte, desde la ciudad de Orán a la de Salta, de 15 kilos de marihuana incautados hace un año tras una persecución que culminó con sus detenciones. En el debate, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano.

Los dos imputados son Joaquín Tolaba y Martina Oliva, cuyo caso trascendió públicamente a partir de su conocida profesión de modelo y de que fue elegida como “Miss Orán” en un concurso de belleza. Ambos llegaron a juicio imputados por el delito de transporte de estupefacientes agravado, en calidad de coautores.

La investigación había sido iniciada por la Fiscalía de Distrito Salta a fines de 2024 a partir de información que daba cuenta de una organización dedicada al traslado de droga desde la frontera con Bolivia para su posterior distribución en distintos puntos de venta de la capital provincial.

El debate es presidido por la jueza María Alejandra Cataldi, con la participación como vocales de sus colegas Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek.

Planteo sobre la modalidad de comparecencia

Los acusados participaron de la audiencia de manera remota, vía plataforma Zoom, desde Orán. En ese contexto, la fiscalía cuestionó publicaciones realizadas por Oliva en redes sociales en relación con su situación procesal, mientras cumple arresto domiciliario, beneficio al que el MPF se había opuesto oportunamente.

El fiscal general solicitó que ambos comparezcan de manera presencial en las próximas audiencias, pedido que no fue objetado por las defensas. Por ello, el tribunal dispuso que, a partir de la siguiente jornada, los imputados deberán estar presentes en la sala de audiencias.

Alegato de apertura del MPF

En su exposición inicial, Villalba ratificó la responsabilidad penal de los acusados y sostuvo que el hecho investigado se inscribe en un “patrón de conducta” orientado al tráfico de estupefacientes desde la frontera hacia la capital salteña.

Según la hipótesis fiscal, la organización realizó 31 viajes entre julio y octubre de 2024, de los cuales 28 tuvieron como destino el domicilio de José Burgos —una de las cinco personas ya condenadas por este caso en acuerdos plenos— y señalado como principal comprador, quien luego distribuía la marihuana en bocas de expendio de la zona norte de la ciudad.

El fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, representan al Ministerio Público Fiscal en el debate. Foto: S. Rodríguez / MPF

El representante del MPF destacó la “voracidad” de la organización por la cantidad de viajes y describió la modalidad utilizada para el traslado: vehículos que cumplían distintos roles —como transporte y “coche puntero”— y el uso de una ruta alternativa con escasos controles, pese a su mayor peligrosidad y falta de iluminación. “Era como entrar a la boca del lobo”, dijo al respecto.

Atribuyó a Tolaba un rol central en la coordinación de los viajes y en la adquisición de la droga en la zona de Aguas Blancas, con presuntos contactos en Bolivia. Respecto de Oliva, sostuvo que no fue “un florero o un adorno” en la organización delictiva, sino que tuvo una participación activa en la logística, que incluyó viajes, indicaciones y hasta transferencias de dinero vinculadas a la operatoria. “Daba órdenes”, comentó el fiscal.

Asimismo, rechazó la posibilidad de que su defensa pueda alegar alguna cuestión de género a su favor, ya que existen suficientes evidencias de su participación activa en las maniobras, en especial desde enero del 2025.

La defensa de la modelo: “Una mujer enamorada”

A su turno, la defensa de Oliva, a cargo del abogado Rambert Ríos, alegó la inocencia de su asistida y la presentó como una víctima tanto de Tolaba como de la prensa, por considerar que el trato mediático hacia ella fue “discriminatorio” y “violento”.

Sostuvo que la modelo actuó como “una mujer enamorada” que “acompañó a su pareja” y que desconocía la actividad ilícita atribuida a Tolaba. Señaló que desarrollaba actividades comerciales lícitas —la presentó como una empresaria con dos negocios:  una carnicería y un local de venta de ropa— y negó que hubiera tenido un rol de conducción en la organización criminal. “Acá, lo que hubo fue amor”, insistió.

La acusada Martina Oliva (de celeste) y otros de los imputados, durante la audiencia de formalización realizada en febrero de 2025. Foto de archivo: S. Rodríguez / MPF

Por su parte, la defensa de Tolaba, representada por los abogados Sebastián García y Matías Romero, cuestionó la investigación y la hipótesis fiscal, y rechazó que existan elementos suficientes para acreditar los viajes atribuidos por la acusación.

Cuando fueron interrogados por la jueza Cataldi, ambos imputados se abstuvieron de declarar en esta etapa del debate.

Declaración del primer testigo

Durante la primera jornada declaró el oficial mayor Ignacio Serna, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quien estuvo a cargo de la investigación. El testigo describió las tareas de vigilancia, seguimientos y análisis de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir los movimientos de los acusados y detectar los viajes entre Orán y Salta.

Relató que la investigación se inició a fines de 2024, a partir del aporte de información por parte de un particular, lo que derivó en tareas de inteligencia y en intervenciones telefónicas que culminaron con el operativo del 5 de febrero de 2025.

Las evidencias reunidas durante la investigación —según relató el testigo— se corroboraron la noche del 4 de febrero de 2025, cuando los acusados iniciaron el traslado de 15 kilos de marihuana desde Orán hacia la capital salteña. Para ese viaje, Tolaba conducía una camioneta Toyota Hilux —registrada a nombre de su padre, aunque de uso habitual por parte del imputado— y cumplía el rol de “coche puntero”. En la camioneta viajaban también Martina Oliva y Ángela Cuenca.

Detrás de ese vehículo circulaba un automóvil Citroën C3, al mando de Benjamín Delgado, acompañado por Juan Romero y Roberto Leiton. En ese rodado, se transportaba el estupefaciente.

A partir de intervenciones telefónicas en tiempo real, la fuerza federal desplegó un operativo coordinado sobre la ruta alternativa mencionada por el fiscal en su alegato de apertura. De acuerdo con el testimonio, la camioneta arribó al control del expeaje Aunor —en el acceso a la ciudad de Salta— el 5 de febrero, a las 7. Allí fueron detenidos Tolaba, Oliva y Cuenca.

Tras la detención de la Toyota Hylux -que oficiaba de coche puntero- en el expeaje Aunor, la PSA salió detrás de un Citröen C3, donde viajaba la droga. Foto de archivo: PSA

En ese contexto, el Citroën C3 que trasladaba la droga realizó un giro en “U” y emprendió la fuga, lo que dio lugar a una persecución que se extendió hasta la finca San Juan de Dios, en el límite interprovincial entre Salta y Jujuy.

Según el testigo, Delgado condujo a más de 180 kilómetros por hora por la Ruta Nacional 34 hasta la rotonda de Torzalito, donde tomó la Ruta Provincial 112, el mismo trayecto alternativo que habían utilizado desde Orán. Durante la huida, los ocupantes arrojaron los paquetes con marihuana a la vera del camino.

Al llegar a la finca, el vehículo fue abandonado en un sector de pastizales. En ese lugar se logró la detención de Romero, mientras que Delgado y Leiton escaparon. Este último fue capturado el 20 de febrero en Orán. Delgado, en tanto, fue detenido el 5 de octubre pasado, también en Orán, tras protagonizar un accidente cuando circulaba por la Ruta Nacional 50, en Aguas Blancas, pese a que pesaba sobre él un pedido de captura nacional e internacional.

El comprador de la droga, Burgos, fue detenido el mismo 5 de febrero en el marco de un allanamiento simultáneo realizado en su domicilio del barrio 17 de Octubre. Intentó darse a la fuga, pero fue reducido. En su poder se secuestraron 250 gramos de marihuana y, en el interior de la vivienda, un bolso con más de cuatro millones de pesos, suma que —según la investigación— estaba destinada al pago de la carga transportada.

Finalmente, el testigo destacó que la participación de los implicados no solo surge de las tareas de campo y de los seguimientos realizados, sino también del análisis de los teléfonos celulares secuestrados, cuyos contenidos —incluidos audios exhibidos en el debate— aportaron, según sostuvo, evidencias relevantes sobre la intervención de cada uno en la maniobra investigada.