Como resultado de una investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal Salta, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, condenó al comerciante Félix Ezequiel Carlos a una pena unificada de diez años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes calificado, en calidad de coautor.

La sentencia resulta de una pena de cinco años y seis meses de prisión instada por el fiscal general Eduardo Villalba junto a la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, en el marco de una investigación formalizada el 30 de mayo pasado, dos días después de la detención de Carlos y de otros dos cómplices, Ricardo Rodríguez y Pablo Fernández, cuya situación no fue abordada en este acuerdo.

Esa condena fue dictada en una audiencia de juicio abreviado celebrada el 5 de octubre pasado y fue unificada con otra de 6 años y 6 mes de prisión que Carlos cumplía con el beneficio de la libertad condicional desde el 12 de julio del 2021. En aquella causa anterior, tramitada bajo el sistema mixto, el comerciante había sido hallado culpable del delito de transporte de estupefaciente agravado por el número de intervinientes, en calidad de partícipe necesario.

Respecto al nuevo hecho adjudicado, en la audiencia de homologación del acuerdo la auxiliar fiscal explicó al juez que el acusado reconoció su participación y responsabilidad penal en el delito imputado, como también consintió la pena acordada.

Al respecto, recordó que Carlos fue detenido el 28 de mayo, como resultado de una compleja investigación iniciada el 19 de diciembre del año pasado, a partir de una denuncia anónima respecto a las actividades de tráfico de drogas de una organización liderada por una mujer, quien se proveía del estupefaciente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Según la hipótesis delictiva establecida, la jefa de esta banda coordinaba, a su vez, el traslado de la droga hasta la localidad fronteriza de Salvador Mazza, de allí a Salta y luego a la provincia de Córdoba, donde era comercializada. Para ello, se valía de transportistas y de dos vehículos.

Los vehículos utilizados para la operación de tráfico desbaratada el 28 de mayo pasado. Foto: Gendarmería Nacional

La investigación

Con los datos aportados en la denuncia y la colaboración de personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales Salta de la Gendarmería Nacional, la fiscalía dispuso una serie de medidas investigativas que permitieron identificar los rodados y la identidad de un sospechoso.

A las tareas de campo se sumaron intervenciones telefónicas que terminaron de cerrar el circuito de acción de la organización criminal, como también establecer la identidad de otros implicados, entre ellos Rodríguez y Fernández.

En su exposición, la auxiliar fiscal indicó que la organización, cada 15 o 20 días, realizaba viajes a Córdoba, para lo cual utilizaba una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Ford Focus. Y que, a su retorno, los acusados siempre volvían con una importante cantidad de dólares.

Añadió que, con el avance de la investigación, se identificó un taller mecánico ubicado en la zona oeste de la capital salteña, donde se acondicionaba el vehículo designado para el transporte de la droga, en este caso la camioneta, en la cual se habían ocultado 97 kilos de cocaína en un doble fondo fabricado en la caja del rodado.

La funcionaria explicó que, con un monitoreo directo sobre ambos vehículos, el 28 de mayo pasado la fiscalía dispuso su interceptación en un puesto de control policial ubicado en la ruta 68, en la localidad de Viñaco, camino a Cafayate.

Como estaba previsto, al puesto llegó primero la camioneta, conducida por Rodríguez, mientras que a los minutos apareció el auto, en el que iban Carlos y Fernández. En el procedimiento, realizado con el control judicial del caso, se concretó la detención de los tres implicados.

Durante la requisa, un can antinarcótico marcó la presencia de la droga en la caja de la camioneta, por lo que se procedió a examinarla profundamente. De esa forma, se hallaron 97 paquetes de estupefacientes, con un total de 97 kilos de cocaína, de una pureza del 74 al 84 % y con la capacidad de producir 738.582 dosis.

La fiscalía describió que, para cada operación de transporte, los transportistas eran provistos de teléfonos llamados “operativos”, con los cuales debían reportarse a otros integrantes con una posición jerárquica superior en la cadena delictiva, como así también entre ellos, pues en este caso Carlos y Fernández cumplían el rol de “barredores” de la ruta; su tarea consistía en avisar sobre la existencia de controles inusuales de las distintas fuerzas de seguridad. También solían ir por detrás, en calidad de custodia.

Por último, la auxiliar fiscal repasó las numerosas pruebas reunidas a lo largo de la minuciosa investigación. De esta forma, la defensa buscó una salida alternativa al proceso y se llegó al acuerdo al acuerdo de juicio abreviado, que culminó con la homologación del juez Bavio.