El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, hizo lugar a las imputaciones penales recaídas sobre tres personas, a quienes la Sede Descentralizada de Tartagal, a cargo del fiscal federal Marcos César Romero, imputó del delito de transporte de estupefacientes en dos casos que ocurrieron en fechas distintas pero que tuvieron una modalidad similar.

En las audiencias respectivas, el magistrado también convalidó el pedido de prisión preventiva requerido por la fiscalía y autorizó una serie de medidas investigativas pendientes, entre ellas el análisis de los teléfonos celulares secuestrados.

Respecto al primero de los hechos, imputado a Ramón Marcelo Lazarte y a su hijo de 17 años, el fiscal Romero reveló que la detención se produjo el 21 de marzo, alrededor de las 11.50, sobre la ruta 34, a la altura de la localidad de Aguaray, cuando personal de la Gendarmería Nacional de esa jurisdicción realizaba un control de rutina.

En esas circunstancias, la fuerza de seguridad detuvo una camioneta doble cabina Nissan, que era conducida por Lazarte, quien viajaba con un familiar menor de edad y dijo ser jornalero.

Durante el control de los papeles del rodado surgieron contradicciones de ambos ocupantes respecto de dónde provenían. En primera instancia dijeron que habían salido de Campó Durán, pero luego se rectificaron y afirmaron que provenían de Salvador Mazza y que su destino era la ciudad de Tartagal. El estado de sospecha se incrementó cuando los gendarmes detectaron que el registro de combustible del tablero no se correspondía con el peso del tanque.

Luego, con el rodado en la rampa, se detectó pérdida de combustible y que los tornillos habían sido removidos, lo que obligó a una requisa más profunda bajo las directivas del auxiliar fiscal José Rafael Lamas y con la intervención de un can, que marcó la probable existencia de droga en el tanque. El uso de un scanner móvil de la Gendarmería Nacional y de uno fijo en el puesto de la Dirección de Aduanas, en Salvador Mazza, lo ratificaron.

Posteriormente, en la base operativa de Aguaray, los gendarmes desarmaron el tanque, de donde se extrajeron 44 paquetes equivalentes a 24 kilos y 895 gramos de cocaína, con lo cual se procedió a la detención de Lazarte y de su hijo.

En la audiencia, tras relatar el hecho y mencionar las pruebas reunidas, la fiscalía fundó la acusación penal por el delito de transporte, como también el pedido de prisión preventiva, ya que se trata de un hecho grave y en el que están latentes los riesgos de fuga y el entorpecimiento procesal. Asimismo, indicó que, según la escala penal, la probable condena no permitiría la aplicación de una modalidad condicional.

Segundo procedimiento en Carapari

En idénticos términos, el fiscal Romero presentó ante el mismo juez el segundo caso. Los hechos ocurrieron el 23 de marzo pasado, alrededor de las 13.30, también producto de un control de la misma fuerza de seguridad, pero dependiente del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” sobre la ruta 34, en el control fijo “Carapari”, a la altura del kilómetro 1482, del paraje Arenales.

Por esa vía, los gendarmes detuvieron a Silvio Alejandro Soria, quien conducía una camioneta de la misma marca y modelo, pero de color gris. El conductor sostuvo que había salido de Salvador Mazza y que se dirigía al sur de la provincia. En la inspección física del rodado se advirtieron fallas en los bulones que sostenían el tanque de combustible y el can detector de narcóticos, marcó ese sector de manera positiva a la presencia de estupefacientes, lo cual quedó confirmado con las imágenes arrojadas por el escáner de la fuerza.

Con todos los indicios informados, la fiscalía autorizó a desmontar el tanque de combustible, lo que permitió descubrir que allí se ocultaban paquetes que contenían 21, kilos de cocaína. El fiscal solicitó la formalización de la investigación penal contra Soria por el mismo delito y el dictado de su prisión preventiva, que fueron concedidas por el juez Montoya.