Un empleado de la Municipalidad del partido bonaerense de Hurlingham y la mujer que lo acompañaba quedaron formalmente imputados y bajo prisión preventiva, luego de que el sábado pasado fueran detenidos con 34 kilos de cocaína ocultos en el auto en el que circulaban, en un control vehicular realizado por Gendarmería Nacional en la localidad salteña de Rosario de la Frontera.

La imputación fue formulada por la Fiscalía de Distrito Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y con la intervención de la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, en una audiencia de formalización de la investigación penal realizada el lunes pasado ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez.

Los acusados -el hombre identificado por sus iniciales como R.E.C. (50) y la mujer como M.M. (37)—, fueron imputados por el delito de transporte de estupefacientes, en calidad de coautores. A instancia de la fiscalía, para ambos, la jueza ordenó la prisión preventiva por el plazo de tres meses.

La magistrada también autorizó la realización de diversos peritajes, entre ellos, el análisis de los teléfonos celulares secuestrados.

Durante la audiencia, y al momento de ser identificados, R.E.C. manifestó desempeñarse como empleado de la Municipalidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, lugar de residencia de ambos acusados.

Uno de los paquetes de cocaína hallados en el auto de los imputados. Foto: Gendarmería Nacional

El caso

La auxiliar fiscal explicó que la detención de los implicados se produjo el 21 de febrero pasado, en el puesto de control de Gendarmería Nacional ubicado en El Naranjo, en la localidad de Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia de Salta. La pareja se desplazaba en un automóvil Chevrolet Onix, conducido por el empleado municipal.

Si bien de la documentación surgía que el vehículo estaba registrado a nombre del conductor, los gendarmes advirtieron un marcado nerviosismo al consultarles sobre el origen y el motivo del viaje. Los ocupantes indicaron que habían recorrido Cachi y otros destinos turísticos, aunque no llevaban equipaje acorde, lo que incrementó las sospechas.

Ante esa situación, se realizó una requisa del rodado, en la que se detectaron anomalías en el sector del torpedo, cuyo montaje se encontraba flojo, como si hubiera sido removido recientemente. Tras la correspondiente consulta y autorización judicial, se profundizó la inspección y se hallaron 44 paquetes de cocaína, con un peso total de 34,121 kilogramos, ocultos en ese compartimiento. De inmediato, se dispuso la detención de ambos ocupantes y el secuestro del vehículo y de sus teléfonos celulares.

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, la fiscalía enumeró las evidencias reunidas y sostuvo la existencia de riesgos procesales, como el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además del estado inicial del caso y la gravedad del hecho investigado.

“Fui contratado”: la declaración de los imputados y los planteos de la defensa

Ante la imputación y el pedido de la medida de coerción, la defensa informó que ambos imputados deseaban declarar. La mujer sostuvo brevemente que era inocente y que no tenía vinculación con la droga hallada en el vehículo. El empleado municipal, por su parte, afirmó que lo habían contratado para el viaje y trató de desvincular a su acompañante. “Fui contratado y ella no tiene nada que ver”, dijo R.E.C. en referencia a M.M..

Luego, la defensa se opuso a la prisión preventiva y solicitó que, al menos respecto de la mujer, se dispusiera una medida morigerada bajo la modalidad de arresto domiciliario. Para ello, invocó el principio de inocencia, la falta de antecedentes penales y el arraigo acreditado.

La auxiliar fiscal Florencia Altamirano durante la audiencia de formalización. Foto: S. Rodríguez / MPF

La auxiliar fiscal Altamirano se opuso al planteo y reiteró la necesidad de mantener la detención, al señalar que restan producirse medidas de prueba relevantes, como los peritajes de los teléfonos celulares y los informes de geolocalización, y subrayó la gravedad del hecho por la afectación a la salud pública que implica el transporte de una cantidad significativa de estupefacientes. También indicó que no puede descartarse la posible vinculación de los imputados con una organización criminal de mayor envergadura.

Finalmente, la jueza hizo lugar a los argumentos del Ministerio Público Fiscal, rechazó el arresto domiciliario solicitado y confirmó la prisión preventiva para ambos imputados, al tiempo que destacó que los peritajes telefónicos resultarán determinantes para establecer el grado de participación de cada uno en el hecho investigado.