A instancias de la Unidad Fiscal Salta, representada por el fiscal general Eduardo José Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, la jueza federal de Garantías de feria Mariela Alejandra Giménez hizo lugar ayer a la imputación requerida por los representantes del Ministerio Público Fiscal en contra de un hombre por considerarlo autor del delito de transporte de estupefacientes.

En la audiencia de formalización de la investigación penal, el fiscal sostuvo que Mario Enrique Valdez salió de su casa en Salvador Mazza el sábado pasado con destino a Buenos Aires, pero que a la altura de la ruta provincial N°30, en la localidad de Joaquín V. González -en el sur de la provincia-, fue detenido en un control vehicular ubicado en el kilómetro 1.486.

Al momento de revisar los papeles del automóvil modelo Fiat Punto que conducía, los gendarmes le pidieron abrir el baúl. En ese momento, sintieron un olor a pegamento que provenía de los paneles laterales, a la altura del sector donde se ubica las herramientas de auxilio mecánico. Ante ese estado de sospecha, y con el control judicial del caso, se procedió a una requisa más profunda, lo que permitió descubrir 19 paquetes de droga ubicados en los paneles laterales del baúl del auto.

En total, se secuestraron 9,542 kilos de cocaína y 2,156 kilos de marihuana. A partir de estos elementos y la prueba documental reunida, el fiscal formalizó la imputación, en vista de la gravedad del hecho, la logística puesta de manifiesto y el grave daño a la salud pública que representaba la carga que transportaba.

En esa misma línea, solicitó la prisión preventiva del conductor dado que Valdez presenta un gran movimiento migratorio, lo que incrementa el riesgo de fuga y, por ende, de entorpecimiento procesal. Además, resaltó que la escala penal del delito imputado impediría la aplicación de una condena de prisión condicional, ante una presumible condena.

Expuestos los requerimientos de la fiscalía, Valdez optó por no declarar. Tras esto, la jueza ordenó la prisión preventiva requerida por la fiscalía y autorizó a avanzar con una serie de peritajes pendientes. Entre sus argumentos, la magistrada federal destacó también la obligación adquirida por el Estado Nacional, a través de la firma de tratados internacionales, de seguir hasta las últimas consecuencias las investigaciones relacionadas al narcotráfico.