El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal San Juan formalizó una investigación penal preparatoria contra 16 personas -nueve hombres y siete mujeres- acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes, que operaba en distintos puntos del centro-sur de la provincia. Como consecuencia de una investigación de más de nueves meses, el pasado 4 de diciembre se realizaron en forma coordinada 18 allanamientos simultáneos.

La imputación fue formulada por el fiscal federal Fernando Alcaraz -a cargo de la mencionada área de la unidad fiscal- y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, en una audiencia de formalización realizada el pasado sábado 6 de diciembre ante la jueza de Garantías Eliana Rattá.

A instancia de la fiscalía, la magistrada resolvió establecer 120 días para desarrollar la investigación penal preparatoria. Asimismo, ordenó la prisión preventiva de nueve personas -ocho hombres y una mujer-, el arresto domiciliario de cuatro mujeres y, para los tres acusados restantes, medidas de coerción alternativas como la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, el compromiso de someterse al proceso y la prohibición de salir del país sin autorización. Todas las medidas de coerción fueron fijadas por un plazo inicial de 90 días.

Los fiscales imputaron a los 16 acusados por la infracción a la Ley 23.737, de persecución del narcotráfico, en la modalidad de comercio de estupefacientes doblemente agravado por la cantidad de intervinientes y por haberse introducido y comercializado dentro del Servicio Penitenciario Provincial, todos en calidad de coautores.

El caso

Los representantes del MPF explicaron en la audiencia que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada en febrero de 2025, que alertó sobre la comercialización de estupefacientes dentro del penal de Chimbas del Servicio Penitenciario de la provincia de San Juan, en particular en un pabellón donde se alojaban personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.

Según la denuncia, desde ese sector se exigía a otros internos que gestionaran con familiares o allegados el ingreso de droga durante los días de visita, así como la realización de transferencias de dinero a cuentas determinadas, bajo amenaza de sufrir agresiones físicas dentro del penal.

De la profundización de la investigación se pudo descubrir de dónde provenían las sustancias estupefacientes comercializadas en esa unidad del Servicio Penitenciario. También que, entre las personas imputadas, una pareja adquiría drogas para distribuirlas y comercializarlas fuera del recinto carcelario.

Las tareas de campo desarrolladas por el Departamento de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan y las intervenciones telefónicas condujeron a descubrir que esta estructura operaba principalmente en dos departamentos del centro-sur de la provincia de San Juan, donde se realizaban tareas de acopio de estupefacientes, fraccionamiento, comercialización al menudeo y resguardo del dinero.

La investigación permitió identificar los domicilios utilizados para esas diversas tareas. Se estima que el volumen de transacciones realizadas por la pareja referida superó los 300 millones de pesos durante los primeros nueve meses de 2025.

Los allanamientos

Con estos elementos, se dispuso el 4 de diciembre pasado la realización de 18 allanamientos simultáneos en diversos barrios de departamentos de San Juan y dentro del Servicio Penitenciario Provincial. Ello se produjo gracias al trabajo coordinado y colaborativo de la Policía de la Provincia de San Juan -Departamento de Drogas Ilegales, Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (GERAS), Infantería, Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) y la Brigada del Área de Investigaciones D5-, de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan” de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal.

En los procedimientos -en los que intervinieron más de 160 agentes de las fuerzas de seguridad- se logró detener a todas las personas investigadas y secuestrar 5,396 kilogramos de cocaína, 12.422.860 pesos en efectivo, cuatro vehículos, 30 teléfonos celulares y documentación de relevancia para la investigación.

La audiencia

La audiencia de formalización se desarrolló el 6 de diciembre pasado, bajo modalidad mixta, y se extendió por más de siete horas. Los representantes de la Unidad Fiscal San Juan expusieron el resultado de varios meses de investigación, que permitió reconstruir el funcionamiento de una organización dedicada a la comercialización de cocaína, con división de roles y distintos niveles de participación.

El fiscal Alcaraz y la auxiliar fiscal Rodríguez detallaron cómo la organización operaba en dos barrios de distintos departamentos de la provincia y también en el penal de Chimbas, desde donde coordinaban las actividades extramuros. El MPF sostuvo que se trataba de una organización criminal con continuidad en el tiempo, coordinación entre personas privadas de la libertad y personas en el exterior, y una clara distribución de tareas.

En función de la prueba reunida, se formalizó la investigación penal preparatoria contra las 16 personas imputadas, a quienes se atribuyó la coautoría del delito de comercio de estupefacientes agravado.

Finalmente, la jueza Rattá ordenó la realización de una serie de peritajes, el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil respecto de parte de las personas investigadas y la inhibición general de bienes, con el objetivo de profundizar el análisis del circuito económico de la organización.