18 de abril de 2024
18 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la fiscal Gema Guillen con colaboración de la Procunar
San Juan: pidieron el juicio oral contra un empleado que robaba droga y dinero del juzgado en el que trabajaba
Rogelio Videla se desempeñaba en el Juzgado Federal N°2 cuando, en noviembre de 2011, se descubrió el faltante de más de 8 kilos de cocaína y casi 6 de marihuana –entre otros elementos- secuestrados en distintas causas y que estaban a resguardo de esa dependencia. Mientras tanto, continúa la investigación de los hechos para saber si hay otros funcionarios implicados.

La fiscal federal ad-hoc de San Juan, Gema Guillen, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, solicitaron la elevación parcial a juicio de un empleado del Juzgado Federal N°2 de San Juan, acusado de sustraer droga y dinero en efectivo, entre otros elementos, que habían sido previamente secuestrados en procedimientos realizados en 15 causas que tramitaban en la oficina judicial en la que prestaba funciones.

Ramón Rogelio Videla se desempeñaba en el Juzgado Federal N°2 de San Juan cuando, el 24 de noviembre de 2011, se constató el faltante de estupefacientes, dinero en efectivo y teléfonos celulares, lo que motivó una denuncia por parte de la Secretaría Penal N°5, que tenía asignadas a su cargo las cajas fuertes ubicadas en el depósito general del Tribunal.

En concreto, a Videla se le imputa haber sustraído 27.035,25 pesos en efectivo; 8,201 kilogramos de cocaína; 5,990 kilos de marihuana; seis teléfonos celulares, y 397 cartones de cigarrillos. Se trata de elementos que había sido secuestrados en el marco de los procedimientos ordenados en 15 causas criminales que en su mayoría el imputado instruía como escribiente auxiliar en esa Secretaría del Juzago. En algunos casos, los peritajes realizados sobre parte del material estupefaciente que aún permanecía en el depósito arrojó como resultado la ausencia de cocaína, a pesar de la constatación de su existencia al momento de realizarse el correspondiente procedimiento. “Ello permite suponer la manipulación ilícita de los efectos, sustituyendo los primigeniamente incautados por otros de similares características externas, pero sin el contenido tóxico”, señalaron los fiscales en su presentación.

Pruebas

La investigación logró exponer la situación de “desorden absoluto notablemente visible y conocido por todos” en que se encontraba la Secretaría N°5 del Juzgado Federal N°2, lo que surge de las declaraciones testimoniales de los propios empleados. Ese escenario se tornó ideal –de acuerdo a la pesquisa- para llevar adelante las sustracciones.

En contrapartida, durante su declaración indagatoria, Videla llevó adelante un relato “carente de toda credibilidad”. Por caso, frente los trozos y envoltorios de material estupefaciente hallados en su oficina sin relación a causa alguna junto a teléfonos celulares que debían estar resguardados, dijo que se trataba de “situaciones accidentales en las que se le caían cuando, en razón de la celeridad con la que pretendía cumplir con su tarea, manipulaba los secuestros”.

Además, en el domicilio del empleado se hallaron envoltorios de similares características, otros teléfonos celulares y anotaciones que indicaban el peso de lo que se sospecha sería droga sustraída.

El 30 de mayo pasado, se inició un expediente contra otro empleado del Juzgado –en este caso de la Secretaría n°4- al constatarse el faltante de cocaína, marihuana y 40.000 pesos en efectivo, efectos que habían sido secuestrados en diversos procedimientos en causas que tramitaban en esa dependencia, lo que motivó el procesamiento y prisión preventiva de Sergio Fabián Puentedura, por considerarlo presunto autor responsable de los delitos previstos por los artículos 248 y 261 del Código Penal y el artículo 5, inciso c) agravado por el artículo 11 inciso d) de la ley 23737 (de estupefacientes).

En el marco de esas actuaciones, un testigo manifestó haber recibido por parte de Puentedura estupefacientes que sustraía del Tribunal para luego venderlo, “reiniciando el tráfico ilícito de la droga que las fuerzas de seguridad incautaban”.

Una investigación que continúa

En un primer momento, Videla había quedado procesado como co-autor de ilícitos cometidos en el marco de la ley de estupefacientes (artículo 5 inciso c) y autor de los delitos previstos en el artículo 164 y 255 del Código Penal, que reprime con hasta cuatro años de prisión la sustracción de pruebas confiadas a la custodia de un funcionario público. Pero la Cámara Federal de Mendoza modificó parcialmente la calificación de los hechos imputados a Videla por la conducta prevista y reprimida por el artículos 255 del Código Penal, decretando la falta de mérito en relación al delito previsto en la ley 23737. Asimismo, apartó al magistrado interviniente; ordenó ampliar la instrucción respecto a la presunta responsabilidad de los funcionarios del Juzgado Federal N°2 y recomendó delegar la instrucción al Ministerio Público Fiscal.

Tras asumir la investigación en septiembre del año 2014, la fiscal Gema Guillen, con la asistencia de la Procunar, realizó numerosas medidas de prueba para sustentar la acusación, entre las cuales se ordenaron pericias pendientes y un entrecruzamiento de llamados.

Finalmente, los representantes del MPF requirieron la elevación parcial a juicio de las actuaciones, sin perjuicio de continuar la investigación en curso respecto a Videla por sus posibles vínculos con el tráfico de estupefacientes, como así también respecto de la responsabilidad de otros funcionarios que pudieran tener vinculación con los hechos.