En línea con lo solicitado por el fiscal general Marcelo García Berro y el auxiliar fiscal Guillermo Silva, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín integrado por los jueces Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez condenó a seis integrantes de la Subdelegación de Investigaciones (SubDDI) de José C. Paz de la Policía Bonaerense a penas de entre 6 y 9 años de prisión, multas e inhabilitación especial de 10 años para el ejercicio de cargos públicos. Los policías habían sido acusados por los representantes del Ministerio Público Fiscal de haber orquestado ilegalmente un procedimiento y haberse quedado con cinco kilos de marihuana.

De acuerdo con la acusación, el 15 de diciembre de 2020 los policías interceptaron a una mujer que transportaba más de 9 kilos de marihuana para quedarse con más de la mitad de ese cargamento. Los representantes del MPF entendieron que “la sustracción de la droga fue para recuperar parte de lo vendido a la mujer, que tenía un evidente fin comercial ya sea porque los policías devolvieran la droga a los proveedores a cambio del precio o porque decidieran reintroducirla al mercado, vendiéndola por sus medios”. En efecto, la fiscalía destacó que, de acuerdo a la prueba testimonial obtenida, los narcotraficantes que le vendieron la droga a la mujer detenida fueron los mismos que le dieron la información a la policía.

En función de ello, y de conformidad con lo solicitado por García Berro y Silva, el Tribunal condenó a los subcomisarios Andrés Salvador Segovia y Pablo Alejandro Caricato -jefe y segundo jefe de la Subdelegación- a las penas de 9 y 8 años de prisión respectivamente, como coautores de los delitos de peculado, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado por su condición de funcionario público encargado de la prevención y represión del narcotráfico y por la intervención de 3 o más personas organizadas para cometer el delito y falsificación de documento público. También condenó al oficial principal Carlos Adrián Pereyra -jefe de operaciones de la dependencia- a la pena de 7 años de prisión por peculado y tenencia de estupefacientes agravada, imponiendo así la sanción reclamada por el Ministerio Público Fiscal.

Además, en línea con el pedido de la Fiscalía, el TOF condenó a 6 años de prisión a los oficiales Mariela Beatriz Galarza, Samuel Orlando López y Osvaldo Luis Ortíz, por ser como coautores de peculado, tenencia de estupefacientes doblemente agravada y falsificación de documento público.

A todos los policías se les impuso además una pena de multa y  la de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el período de 10 años

Finalmente, el TOF decidió absolver al oficial subinspector Jonatan Alejandro Escalada, en orden al delito de encubrimiento agravado por el que había sido acusado.

El juicio

En el debate, que se sustanció ante el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín, el fiscal García Berro y el auxiliar fiscal Silva señalaron que, de acuerdo a la prueba recabada, “los imputados, de un modo organizado y mediante división de roles funcionales, insertaron o hicieron insertar -según el caso- falsos datos en el acta de detención” de la mujer “específicamente en lo que toca a los motivos para realizar el procedimiento en la vía pública y la cantidad de droga que transportaba, consignando en el acta el secuestro de una cantidad mucho menor a la que en realidad llevaba”. Agregaron que, así sustrajeron y se apoderaron de una gran cantidad de marihuana con fines de comercialización.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal fue claro que “todo el accionar policial fue previamente planificado”, por cuanto los policías contaban con información sobre que una mujer a bordo de un auto “iría al lugar y adquiriría una importante cantidad de sustancia estupefaciente”, lo que quedó demostrado por “la presencia en las inmediaciones de varios grupos de la SubDDI”.

Además, con base en el testimonio de la mujer detenida, la fiscalía señaló la “connivencia entre policías y narcotraficantes para realizar este tipo de maniobras”, cuyo objetivo era “hacerse de material prohibido”.

Los representantes del MPF concluyeron que “los policías imputados sabían que se iba a realizar la transacción con las drogas y la cantidad negociada, y por ello simularon un procedimiento distinto e impidieron que el testigo viera cuánta droga había y qué se hacía con ella”.

Para la fiscalía quedó probado que la mujer al momento de ser detenida llevaba más droga que la que hicieron figurar en el acta. Concretamente llevaba 9 kilos de marihuana, y no 4,210 kilogramos.

Por lo demás, durante el juicio se obtuvo prueba que involucraba en el mismo hecho a otros tres policías de la misma SubDDI. Y por tal razón, se remitieron durante la tramitación del debate las constancias obtenidas en juicio al Fiscal Federal interviniente durante la instrucción, lo que motivó la detención de esos tres efectivos.

La acusación

En su alegato, la fiscalía indicó que “la participación del imputado Segovia como coautor queda clara a partir de que él era el jefe de la dependencia y personalmente comandó el procedimiento de ubicación, espera e interceptación de la mujer”. Por su parte, Pereira -en su calidad de jefe de operaciones- controlaba los grupos operativos que participaron en el procedimiento y, además, estuvo presente, lo coordinó y tuvo conocimiento de lo que ocurrió después en la dependencia policial.

La fiscalía consideró también probado que Caricato fue quien suscribió el acta ideológicamente falsa como el oficial a cargo y que manipuló personalmente la mochila con la marihuana que detentaba la mujer. Añadió que Galarza supo del procedimiento fraguado, por lo que su “conocimiento y voluntad en la confección del acta ideológicamente falsa es indiscutible”. En cuanto a la participación de López, los representantes del MPF señalaron que -de acuerdo con los dichos de sus compañeros- era quien tenía el dato que originó todo el procedimiento y participó en él a pesar de que estaba de franco y firmó el acta. También acusaron a Ortíz por haber firmado el acta falsa e intervenido en uno de los grupos operativos. Se consideró que todos los policías que intervinieron en el procedimiento tenían la intención de quedarse con parte de la droga para luego reintroducirla en el mercado, situación que -a juicio de la Fiscalía- quedó perfectamente demostrada

En virtud de todo ello, García Berro y Silva requirieron que se condene a Segovia, Caricato, Pereira, Galarza, López y Ortíz como coautores del delito de peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, por haber sustraído y haberse apoderado de los cinco kilos de marihuana, que no pudieron ser recuperados.

Además acusaron a Segovia, Caricato, Galarza, López y Ortíz por haber incurrido en el delito de falsedad ideológica de documento público, en calidad de coautores, al extender el acta de procedimiento donde se documentó falsamente el motivo de la aprehensión de la mujer y la referencia a la cantidad de droga secuestrada. No acusaron a Pereira por este hecho, dado que no le fue imputado durante la instrucción.

Finalmente, pidieron que se condene a Escalada como autor de los delitos de encubrimiento agravado y por falsificación ideológica de documento público.

“Gravedad institucional”

Al mensurar las penas cuya aplicación propició el MPF -y que en definitiva terminaran siendo aplicadas por el TOF-, la fiscalía consideró “la gravedad de las conductas que constituyen actos de corrupción de funcionarios públicos policiales y narcotráfico”, que “los policías juzgados actuaron en connivencia con narcotraficantes dentro del territorio que debían preservar del delito” y la cantidad de droga sustraída.

Por lo demás, se dijo que resultaba “alarmante advertir, cada vez con mayor frecuencia, casos de policías u otros miembros de fuerzas de seguridad vinculados de diversas maneras al tráfico de drogas prohibidas. Esta realidad es de una gravedad institucional que no puede soslayarse”, destacó el fiscal García Berro. Agregó que “la posición privilegiada de esos funcionarios públicos en el territorio importa un plus de severidad en su accionar delictivo que debe ser contemplado no solamente en instancias judiciales sino al momento de diseñar otras acciones específicas de abordaje de la problemática”.

Se indicó además que: “Pesa sobre los poderes judiciales y sobre este Ministerio Público Fiscal la obligación de investigar, juzgar y sancionar adecuadamente este tipo de hechos; pero es necesario que otras agencias estatales se hagan eco de esta estas situaciones.” Se advirtió también que: “La policía tiene dentro de sus funciones principales auxiliar al Poder Judicial. Es intolerable su participación activa en materia de crimen organizado; no sólo por el contrasentido que representa para el Estado – que la dota de poder para hacer exactamente lo contrario- sino porque, como sucedió en este caso, su accionar delictivo fue lo que en definitiva frustró la posibilidad de investigar la ruta de la droga robada (resultando así impune aquel hecho)”.

Concluyó que “los delitos aquí juzgados comprometen seriamente las responsabilidades asumidas por el Estado Argentino en materia de lucha contra el narcotráfico. Pero, además, el exponencial crecimiento de esas redes delictuales acarrea un aumento vertiginoso de la violencia social que impacta en toda la comunidad, especialmente en personas jóvenes y de los sectores sociales más vulnerables”.

Por tales razones, el MPF solicitó que se ponga en conocimiento del contenido del proceso y su resultado a los Ministerios de Seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, como así también a otros organismos nacionales y provinciales involucrados en la lucha contra el narcotráfico. Al conocerse el veredicto, el Tribunal hizo lugar al pedido, ordenando las comunicaciones solicitadas por los fiscales.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 25 de abril.