Tres hombres fueron procesados por el almacenamiento de más de 191 kilos de marihuana que fueron descubiertos en un domicilio de la ciudad de Santa Fe a inicios de este mes, en el marco de un allanamiento ordenado por la justicia provincial. Ante el hallazgo se dio intervención y se delegó la investigación en la Fiscalía Federal N°1 que encabeza Jorge Gustavo Onel, quien solicitó el procesamiento resuelto por el juez federal Reinaldo Rubén Rodríguez.

La resolución judicial dispuso también el embargo de los bienes de los imputados hasta cubrir, en cada caso, 250 mil pesos, y la prisión preventiva de los tres hombres.

De la justicia provincial a la justicia federal

De acuerdo a la decisión, el proceso penal se originó el 2 de junio, a raíz del allanamiento de una vivienda ubicada en la calle Alberti al 4000 de la capital provincial. El procedimiento había sido ordenado por el Colegio de Jueces de Primera Instancia de la Provincia de Santa Fe, en relación a una causa que tramita ante el fuero local para “verificar la existencia de diversos elementos tales como, automóviles, computadoras, documentación relacionada con la transferencia de inmuebles, armas de fuego, teléfonos celulares, etc.”

El hallazgo de la marihuana acondicionada en 544 “ladrillos”, de dos balanzas de precisión y un cuchillo con vestigios de aquella sustancia motivó la intervención de la justicia federal, desde donde se dispuso la indagatoria de uno de los imputados, que se encontraba en el lugar. Dos días después, tras la incorporación de nuevos elementos probatorios a partir de las constancias obrantes en el legajo de investigación llevado adelante por la Fiscalía Regional I -provincial-, el fiscal federal Onel solicitó que se disponga la detención y anotación conjunta de otros dos hombres que estaban a disposición de la justicia ordinaria, para que se les reciban también sendas declaraciones indagatorias, junto con la ampliación de la brindada por el primero de los acusados, en tanto se les atribuyó haber actuado de manera organizada, lo que agrava la conducta atribuida. En consecuencia, la fiscalía federal postuló, el 11 de junio, el procesamiento de todos ellos en calidad de coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.

El representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación consideró, y el magistrado coincidió, en que los acusados tendrían un nexo organizativo y estarían vinculados al domicilio en donde se secuestró la marihuana. Parte de los elementos tenidos en consideración fueron obtenidos durante la pesquisa provincial, entre los que se cuentan documentación, audios y, particularmente, las transcripciones de intervenciones telefónicas ordenadas en el marco de esa causa.

El contenido de una serie de conversaciones mantenidas entre nueve y diez días antes del allanamiento permitió “visualizar la estrategia (…) para la recepción” del estupefaciente, que para el juez se tradujo en “el tiempo que razonablemente fue necesario para desplegar la logística que insume manipular la gran cantidad de droga, con el fraccionamiento y acondicionamiento con el que presentaba al momento de su hallazgo”.

Por otra parte, el juzgado federal consideró que hay indicadores que verifican la existencia de riesgos procesales en torno a los tres imputados al momento de evaluar la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación, de acuerdo a las pautas previstas en los artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) y los parámetros establecidos por el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). Ante ello dictó la prisión preventiva solicitada por el MPF, junto con el embargo de los bienes de cada uno de los procesados hasta cubrir 250 mil pesos.