Tras la investigación realizada por la Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe, a cargo de Jorge Gustavo Onel, el juez federal de esa ciudad, Reinaldo Rodríguez, procesó con prisión preventiva el viernes pasado a dos extitulares de las Brigadas de Drogas ubicadas en las ciudades de Esperanza y de Coronda, acusados de encubrimiento y malversación. La decisión se dio en el marco de la causa donde se investigan sus presuntos vínculos con un hombre dedicado al narcotráfico. 

Lucas Gabriel Nos, titular del Grupo de Trabajo Las Colonias, ubicado en la ciudad de Esperanza; Rubén David Moyano, a cargo de la departamental de San Jerónimo, en Coronda; y el suboficial Matías José Cosentini fueron procesados por los delitos de “malversación de caudales públicos; encubrimiento triplemente agravado, por ser el hecho precedente un delito especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionarios públicos y por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El caso

En junio de este año, una denuncia anónima hizo referencia a los vínculos de funcionarios policiales provinciales con supuestos narcotraficantes locales. De acuerdo a lo denunciado, estos últimos pagarían sumas de dinero a “personal antinarcóticos” para comercializar estupefacientes.

En base a ello, la fiscalía federal llevó adelante una serie de medidas que derivaron en la solicitud al juzgado de las detenciones y los llamados a declaraciones indagatorias, así como una serie de allanamientos, que fueron llevados adelante tanto en la casa de uno de los detenidos como en la Brigada de Drogas de Esperanza y en la Brigada de Coronda.

Para el encargado del Juzgado Federal N°1 de Santa Fe quedó evidenciado que Cosentini le habría dado a un vehículo oficial no identificable un uso diferente para el que estaba destinado. Entre el viernes 24 de febrero y el martes 28 de febrero de este año, el suboficial habría retirado el auto de “Las Colonias” sin que “estuviera asignado en esos días a tareas específicas de esa dependencia policial”. 

En ese sentido, citó lo investigado por la fiscalía federal donde se hizo foco en los videos y fotografías que registraron el 24 de febrero el descenso del vehículo de un hombre que portaba unas bolsas. Ese individuo fue identificado como Daniel Carlos Segovia, que en ese momento se encontraba prófugo y era señalado como autor del delito de tráfico de estupefacientes.

Tanto en la investigación llevada adelante por la fiscalía como en la resolución, se mencionó que en la casa de Segovia, allanada en mayo pasado, se encontró un arsenal compuesto por más de 400 proyectiles de distinto calibre, varias pistolas y hasta un fusil caño y una mira telescópica. El hombre fue finalmente detenido el 8 de agosto, en otro domicilio, donde se le secuestraron en total tres teléfonos celulares, más de 40 mil pesos, cocaína y una serie de papeles con anotaciones. 

"Resulta sumamente llamativo que en la sede del Grupo de Trabajo San Jerónimo al momento de materializarse el allanamiento en esa dependencia policial con sede en la ciudad de Coronda (cuyo titular era Moyano) se detectó y secuestró material estupefaciente que no se encontraba vinculado con causa penal alguna”, indicó el juez.

“En ese contexto, resultó llamativo que el mismo haya tenido tres teléfonos celulares, material estupefaciente y anotaciones con nombres y apodos de posibles deudores por potenciales compras de material estupefaciente, dado que figuran importes muy significativos que se condicen con la magnitud de la actividad ilegal que se viene investigando en estos actuados”, explicó el juez. “En virtud de ello, coincido con lo destacado por la Fiscalía Federal, en que los montos que surgen de aquella anotación y el departamento donde fue encontrado, se contemplan en relación de compatibilidad con el manejo de la suma evidenciada en el video pertinente, y con la hipótesis que daría cuenta de que se podrían haber entregado a funcionarios policiales sumas importantes de dinero”, agregó.

La responsabilidad de los implicados

“De este modo, es posible sostener en grado probable, que Cosentini resultó fundamental en la operatoria ilícita que aquí se investiga, siendo quien presuntamente utilizó el vehículo asignado para encontrarse presuntamente con el ahora detenido”, se señaló en el procesamiento.

Con respecto a la responsabilidad de los jefes, el juez señaló: “Advierto que con los elementos aportados por la Fiscalía Federal, resulta imposible desvincular, al menos de momento, la presunta intervención de Nos en los hechos investigados, en virtud de su carácter de jefe del Grupo de Trabajo Las Colonias, con las obligaciones y responsabilidades que ello conlleva, y en atención a que en el período achacado el nombrado no se habría desvinculado del funcionamiento de esa repartición, incluso aunque hubiese estado de licencia”. La aclaración fue en respuesta a lo que planteó la defensa de Nos, que sostuvo que el hombre no se encontraba en ese momento en funciones.

El magistrado indicó luego que el secuestro de un arsenal durante el primer allanamiento hecho a Segovia, sumado a la cantidad de dinero hallado y la sospecha de lo que habría abonado a funcionarios policiales, daban cuenta no solo de la magnitud del hecho sino también de la peligrosidad del ahora detenido. “Cosentini por su cargo y función no ostentaba por sí solo con el suficiente poder de decisión para darle cobertura al presunto narcotraficante, sino que ello solo pudo suceder con el pleno conocimiento y participación de su jefe directo e inmediato”, marcó.

“Por ello, y por encontrarse Nos cumpliendo funciones en carácter de Jefe de una pequeña brigada policial, ubicada en una localidad con poca cantidad de habitantes, que contaba con poco personal y un parque automotor escaso compuesto sólo por dos rodados, se puede presumir en grado de probabilidad, que el nombrado no podría no conocer los sucesos ocurridos, en los que habría intervenido de manera directa uno de sus subalternos”, agregó.

Con respecto a Moyano, el subcomisario se habría encontrado formalmente en ese momento a cargo de Las Colonias. “En ese carácter no podía desligarse de la utilización del vehículo durante cuatro días sin asignación a función alguna, ni tampoco del hecho de que con el mismo se hayan llevado a cabo los actos de encubrimiento, máxime cuando participó de un allanamiento en Esperanza junto con Cosentini, un día antes del día 24/2/2023, lo que quedó en evidencia en su declaración, inmediatamente después de haber negado tanto conocer a Cosentini como haber ido a Esperanza”, puntualizó el juez.

“Por otra parte, el fiscal federal destacó, y cito por compartir, que no resulta verosímil sostener que sabía que el libro de guardia se halló todo el tiempo fuera de la dependencia -en el domicilio de una funcionaria-, y al mismo tiempo desconocer que un elemento de mayor envergadura como un rodado, era utilizado sin ningún tipo de contralor”, consideró el juez en relación a uno de los argumentos esgrimidos por la defensa.

“Las más elementales reglas de la lógica, el sentido común, y los deberes funcionales de contralor que legalmente les cabían a Nos y Moyano -este último de manera transitoria-, impiden concluir que podían desconocer que en el período señalado el rodado que tenían a su cargo no fuera utilizado para los fines ilícitos acreditados, mucho más cuando no se le habían encomendado tareas atinentes a la función policial”, argumentó.

“Por otra parte, resulta sumamente llamativo que en la sede del Grupo de Trabajo San Jerónimo al momento de materializarse el allanamiento en esa dependencia policial con sede en la ciudad de Coronda (cuyo titular era Moyano) se detectó y secuestró material estupefaciente que no se encontraba vinculado con causa penal alguna”, afirmó el magistrado.