Walter Rodríguez, titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe, solicitó la elevación a juicio de una causa contra una pareja acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con la tenencia ilegal de un arma de guerra de uso civil condicional. El hombre había sido condenado por un delito similar, y, según la denuncia utilizaría el beneficio de salidas transitorias para adquirir y distribuir cocaína presuntamente provista por Ariel Cantero, líder de la banda “Los Monos”. 

La causa tuvo origen en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a partir de una denuncia bajo la modalidad de identidad reservada el 9 de julio de 2021. Allí se dio a conocer que Ariel Máximo “Guille” Cantero”, que se encontraba entonces alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, comercializaba cocaína proveniente de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El denunciante señaló a José Matías Ruíz, quien en ese momento estaba detenido en el mismo establecimiento penitenciario, como la persona encargada de buscar estupefacientes en la ciudad de Rosario provistos por Cantero, para luego distribuirlos en la provincia de San Juan y en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprovechándose temporalmente de salidas transitorias.

Entre las primeras averiguaciones realizadas, pudo constatarse que Ruíz estaba alojado en el Servicio Penitenciario Federal a disposición del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la ciudad de Santa Fe, luego de haber sido condenado el 12 de marzo de 2021 a cuatro años de prisión por ser considerado autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También se corroboró que en abril de 2022, Ruíz fue beneficiado con el otorgamiento del régimen de salidas transitorias para afianzar y mejorar sus lazos familiares y sociales, para lo que se le concedieron dos salidas mensuales: una de 24 horas bajo la tuición de su pareja, y otra de 48 horas bajo palabra de honor.

Más adelante, a partir de junio de ese mismo año se modificó su régimen para transformarlo en permisos que incluyeron una salida mensual de 72 horas bajo palabra de honor, período durante el cual el interno debía cumplir las pautas de conducta establecidas por el Director del Complejo Penitenciario, como así también, evitar relacionarse con personas vinculadas al expendio y/o consumo de estupefacientes. Posteriormente, el 6 de octubre, el tribunal valoró de manera positiva su evolución, como también su proyección laboral y habitacional, y contención familiar ante un eventual egreso, por lo que resolvió otorgarle la libertad asistida.

Al momento de practicar observaciones telefónicas, pudo constatarse que Ruíz no sólo construyó lazos de naturaleza delictiva con personas integrantes de la “banda de Los Monos”, sino que llevó a cabo una serie de maniobras relacionadas al tráfico de estupefacientes. En uno de los llamados, mantenido con una persona que se identificó como “Héctor”, el propio Ruíz admitió que le habían ofrecido que pilotee “todos los sicarios de Los Monos”, en alusión a la mencionada banda comandada por la familia Cantero.

Las medidas investigativas desarrolladas por el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina permitieron obtener elementos probatorios suficientes para sostener la realización de conductas penadas por la Ley 23.737 atribuidas a José Matías Ruiz y su pareja Stefanía Andrea Peñaloza, y justificar la requisa del inmueble habitado por los imputados, ubicado en el barrio 29 de Abril de la ciudad de Santa Fe. El operativo se realizó el 7 de diciembre de 2022, y en el domicilio se secuestró un total de 107 gramos de clorhidrato de cocaína acondicionada en dos trozos compactos y 23 envoltorios. También se halló en el lugar una pistola semiautomática de acción simple y doble, calibre 9 x19 mm marca Bersa, Modelo Thunder 9, de numeración serial erradicada, apta para producir disparos y considerada “Arma de Guerra de Uso Civil Condicional”. 

Para Rodríguez, la responsabilidad penal quedó materializada en que el secuestro del material estupefaciente se produjo en un ámbito sometido a sus designios y libre disponibilidad, en la vivienda habitada por ambos, sumado a que los dos imputados se encontraban presentes al momento de concretarse el registro domiciliario. Al mismo tiempo, la finalidad de comercializar estupefacientes se reveló a partir del hallazgo de anotaciones que daban cuenta del comercio del material. El fiscal también valoró los diálogos observados como resultado de las intervenciones telefónicas, en donde quedó asentado que, mientras se encontraba detenido en Marcos Paz, Ruíz realizaba llamados para monitorear los movimientos económicos inherentes al comercio de drogas e impartir las instrucciones necesarias para que fueran ejecutadas por Peñaloza. 

Al mismo tiempo, teniendo en consideración la existencia de indicios para presumir la puesta en circulación de activos provenientes de las actividades ilícitas desarrolladas por Ruíz y Stefanía Peñaloza mediante su conversión por bienes registrables con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud, el fiscal Rodríguez solicitó la extracción de copias para formar causa por separado por el delito de lavado de activos.  

Como consecuencia de las medidas tomadas durante la investigación, el representante del Ministerio Público Fiscal promovió la colaboración con el Ministerio Público de la Acusación por la presunta vinculación de Ruíz con dos homicidios. El 25 de octubre de 2014, Rodrigo Matías González falleció como consecuencia de haber recibido un disparo de arma de fuego en su cabeza seis días antes, mientras manejaba su moto por el Barrio Barranquitas de Santa Fe. Al respecto, de las escuchas realizadas en la causa, el 7 de septiembre de 2022 se registró un diálogo con participación de Ruíz con una mujer en el que dijo: “si no hacen nada esos, nunca mataron a nadie. Yo se lo maté a Matías González, nunca se enteraron de nada, la Jessi si sabía, se lo maté ahí en Barranquitas, el más carteludo que tenían, un tiro en la cabeza le dí, con el cani, después lo maté al cani jaja”. En el entendimiento que de allí surge una probable autoincriminación de Ruíz respecto del delito, el fiscal Rodríguez remitió copia del requerimiento a la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional Nº 1 del Ministerio Público de la Acusación al considerar que podría resultar de interés a las autoridades competentes para esclarecer el hecho.

Los informes también revelaron que el arma gatilló una vaina que se encuentra secuestrada en el marco de otra investigación a cargo del Fiscal Adrián Spelta de la Unidad Funcional de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional Nº 2 del Ministerio Público de la Acusación, por otro crimen ocurrido en 2016. Julio Oscar Aquino fue asesinado el 24 de abril de ese año, en las inmediaciones de Avenida San Martín e Hilario de la Quintana, en la ciudad de Rosario, mientras conducía su camioneta por la zona sur de la ciudad y dos delincuentes lo acribillaron a balazos desde otro vehículo con el que se le pusieron a la par y dispararon ocho veces. Por este motivo, Rodríguez remitió copia al fiscal interviniente para despejar responsabilidades penales en orden al homicidio doloso y agravado por el uso de arma de fuego sufrido por Aquino.