Siete acusados de formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana proveniente de la República del Paraguay, con destino a varias jurisdicciones del país, se encamina a juicio oral. Fue luego de que la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro así lo solicitara en junio de este año. Tras un planteo de incompetencia posterior, el debate se celebrará ante la Justicia Federal de Posadas. La dependencia a cargo de Fernando Domínguez los acusó por los delitos de tráfico de estupefacientes con fines de comercialización, en la modalidad de transporte y almacenamiento, y organización y financiamiento. El Ministerio Público Fiscal también pidió enjuiciar a un efectivo de la División Unidad Operativa Norte de la Policía Federal Argentina por extorsión y encubrimiento, ya que consideró que habría puesto en conocimiento la investigación que se estaba suscitando respecto de la banda.

96 kilos de marihuana acondicionada en 90 paquetes fueron secuestrados el 18 de marzo de este año: estaban ocultos en ruedas de auxilio de un camión Scania. La droga fue incautada tras un procedimiento en el kilómetro 10 de la Ruta 105 de la localidad de Garupá, provincia de Misiones. Su destino era Colón, Entre Ríos, con el fin de transportarla luego a la República Oriental del Uruguay. Siete imputados están detenidos desde entonces.

En marzo de 2018 ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro una persona, de identidad reservada, manifestó que una persona vinculada al narcotráfico lo amenazó con dañarlo “en caso que se niegue a realizar viajes para transportar estupefacientes”. En esa oportunidad precisó que la sustancia se trataría de marihuana, y el trasporte pretendía realizarse desde Jardín América, provincia de Misiones, con destino a Buenos Aires. Así se inició el caso. Tras una serie de intervenciones telefónicas el MPF echó luz sobre el accionar y el alcance de la organización criminal; las diligencias incluyeron también tareas de campo y la instalación de equipos de geolocalización en diversos vehículos, entre otras. Según los documentos de la Fiscalía, la banda tenía como principal actividad el desarrollo de tareas logísticas para el aprovisionamiento, acondicionamiento, transporte y comercialización de sustancia estupefaciente que provenía desde la República de Paraguay,  para luego ser transportada  oculta en camiones hacia diferentes provincias y localidades de Argentina. Misiones era el lugar donde se llevaba a cabo la recepción, almacenamiento y acondicionamiento de la misma.

Uno de los objetivos del MPF durante el desarrollo de la pesquisa fue dar con “los involucrados de toda la parábola de la cadena de tráfico, adquisición, acopio en origen, transporte, provisión, acopio en destino y venta final”. La Fiscalía refirió que la finalidad frente a esta clase de criminalidad  es desbaratar organizaciones criminales, suspender sus fuentes de financiamiento, hacer cesar los efectos del delito y recuperar activos de origen ilícito.

Uno de los objetivos del MPF durante la pesquisa fue dar con “los involucrados de toda la parábola de la cadena de tráfico, adquisición, acopio en origen, transporte, provisión, acopio en destino y venta final”

En el marco de la instrucción de la causa, la Fiscalía detectó que la organización tenía en miras un traslado de cinco toneladas de marihuana desde el norte del país hacia la provincia de Buenos Aires, que habría sido orquestado junto a transportistas radicados en Brasil, según se desprendía de las intercepciones telefónicas practicadas en la causa. Sin embargo el traslado del material estupefaciente, que se  planeaba realizar en un camión de gran porte cuya carga iría a resguardo con un precinto aduanero, no llegó a concretarse.

La frustración de dicha línea de investigación, ocurrida cuando se encontraba prevista y articulada la realización de procedimientos simultáneos en varias provincias con el objeto de desbaratar a los responsables de toda la cadena de tráfico de aquel cargamento -según recalcó la Fiscalía Federal en diversos dictámenes- se relacionó con el repentino hallazgo de la mitad de esa carga en su lugar de acopio (Misiones), a partir de una denuncia anónima que habría recibido personal del Ministerio de Seguridad de la Nación en la villa 1-11-14 del barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires. Ello devino en el allanamiento de un domicilio deshabitado, practicado por la Justicia Federal de Misiones, que derivó en el secuestro de 2,3 toneladas de marihuana y ningún detenido. Esa causa fue reclamada por la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro por encontrarse vinculada con la investigación a su cargo, y una vez acumulada jurídicamente, se indagó sobre todas las circunstancias relacionadas con el origen de aquella investigación.

La acusación

Tras un análisis del material probatorio y la descripción de los hechos fue que se solicitó la elevación a juicio del caso. Tres de los imputados fueron acusados por el delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de transporte, doblemente agravado por la cantidad de personas que intervinieron. En este sentido, los elementos probatorios  permiten tener por acreditada la participación de los acusados adoptando roles diferenciados pautados de antemano y con el conocimiento que tenían sobre la materia prohibida que transportaban.

A otros cuatro se les atribuyó el delito de organización y financiamiento de actividades de narcotráfico, entre ellas la relacionada con las 2,3 toneladas de marihuana hallada por la Justicia Federal de Misiones, en el caso, el transporte, almacenamiento y comercialización de estupefacientes doblemente agravado por la intervención de más de tres personas.

Extorsión y encubrimiento

En el marco de las tareas de investigación oportunamente llevadas adelante contra el accionar de la organización criminal, el MPF solicitó que un efectivo policial de la División Unidad Operativa Norte de la Policía Federal Argentina -que colaboraba en la pesquisa-, por aquel entonces a cargo del comisario Mariano Valdés, vaya a juicio por el delito de extorsión y encubrimiento.

La Fiscalía solicitó que un efectivo policial de la División Unidad Operativa Norte de la Policía Federal Argentina -que colaboraba en la pesquisa- vaya a juicio por extorsión y encubrimiento.

Según surge del documento de la Fiscalía, el imputado -ya detenido-, en función de las tareas que se le habían encomendado, habría interceptado a uno de los integrantes de la banda cuando se contactaba con posibles narcotraficantes de la zona de Escobar, junto con un ex miembro de la Policía Federal, y contrariando los deberes de su función,  puso en conocimiento la investigación que se estaba suscitando en su contra, develando información reservada del caso con el fin de exigirle indebidamente la suma de 50 mil pesos.

Fue tras el análisis de testimonios e información relevante obtenida del dispositivo celular secuestrado, que la Fiscalía entendió que la imputación por extorsión y encubrimiento se vio triplemente agravada por la gravedad del delito precedente, por su calidad de funcionario público y por el ánimo de lucro.  Asimismo solicitó la extracción de testimonios para que se investigue por los mismos delitos al ex policía que actuó con el agente de la División Operativa Norte de la PFA, quien luego de encontrarse tres meses prófugo, fue detenido–luego de intensas tareas de campo e intervenciones telefónicas- y se encuentra actualmente procesado.