03 de agosto de 2020
03 de agosto de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El perjuicio al erario público podría superar los 192 millones de pesos
Investigan millonarias maniobras de defraudación al PAMI en Tucumán
La denuncia efectuada por la UFI-PAMI alcanza a los titulares de una farmacia ubicada en la capital provincial y a personal de la Obra Social Nacional. De acuerdo a la investigación, la maniobra consistía en darle el alta en el padrón de diabéticos a una gran cantidad de afiliados y posteriormente se utilizaba esa información para elaborar y simular recetas de insumos y medicamentos para cobrárselos al PAMI.

La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, realizó esta semana una denuncia por una millonaria estafa al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de más de cuatro millones y medio de pesos ($ 4.500.000), que podría alcanzar, con el avance de la pesquisa, los más de ciento noventa y dos millones de pesos ($ 192.000.000), presuntamente cometida por un grupo de personas entre las que se encontrarían los titulares de la Farmacia “Avenida” de la ciudad de San Miguel de Tucumán y personal de la Obra Social Nacional. La denuncia recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la capital de esa provincia.

La investigación tuvo su origen a partir de una denuncia formulada por la Subgerencia de Medicamentos del INSSJyP, donde a través del contacto con afiliados y médicos de cabecera se confirmó el cobro ilegítimo de 545 consumos (unas 271 recetas) de medicamentos e insumos para diabéticos, esto es, insulinas y tiras reactivas, dispensados a nombre de 35 afiliados de la Obra Social Nacional que no los requirieron.

Para la unidad fiscal, la magnitud de la maniobra impacta necesariamente en la prestación que la Obra Social debe brindar y pone en juego la salud de sus afiliados.

Las maniobras

De acuerdo a la investigación, la maniobra consistía en que personal de la Obra Social daba de alta en el padrón de diabéticos a múltiples afiliados y después otras personas, dentro de las que se encontraría el personal de la referida farmacia de Tucumán, utilizaban esos datos para la confección y simulación de las dispensas de los insumos/medicamentos, con el objeto de cobrárselos al INSSJyP. Fue así que se estima un fraude millonario y que podría dar lugar en la investigación a cifras exorbitantes.

Por su parte, es de destacar que casi un 80% de esos consumos (432) fueron dispensados en esa misma farmacia en el lapso comprendido entre el mes de mayo de 2016 y noviembre de 2017.

Pero ese monto confirmado fue sólo la punta del ovillo, ya que en razón de distintos parámetros, se fueron encontrando indicios de que la maniobra sería más amplia. Uno de ellos es el individualizar aquellas recetas de un talonario donde se confirmó un consumo ilegítimo, todo lo cual haría presumir que las demás también serían espurias. Este agrupamiento arrojó un total de 1859 recetas que podrían ser apócrifas, representando un perjuicio posible cercano a los $ 33.500.000.

Un segundo parámetro para advertir la defraudación es el lugar donde fueron realizadas las dispensas, pues del total de los consumos (más de 30.000) para diabéticos dados de alta por un agente del Pami cuestionado, el 43% fue realizado justamente en “Avenida”.

Es así que, conforme la información provista por el INSSJP, de ser ilegítimos todos los consumos de afiliados dados de alta por el mismo agente cuestionado, el fraude sería aproximadamente de $ 192.000.000. Si de ese total se extraen sólo los dispensados en la farmacia Avenida, representan un total de $110.000.000.

Según concluyó la Fiscalía, este caso no constituye uno más de una clásica maniobra de defraudación al Estado o a un organismo de éste, sino que - en razón de la magnitud - impacta necesariamente en la prestación que la Obra Social debe brindar poniendo en juego la salud de las personas adultas mayores, una población que –como se sabe- es sumamente permeable a este tipo de cuestiones, "por lo que no solamente debe realizarse un reproche en el ámbito jurídico, sino también social, y merece una toma de conciencia de la sociedad entera dada la vulnerabilidad de esta población".