La titular de la Dirección General de Políticas de Género (DGPG), Romina Pzellinsky, integrantes de esa dependencia del MPF y el fiscal Leonardo Filippini finalizaron el primer curso del ciclo lectivo 2016 “La actualización jurisprudencial sobre violencia de género de la nueva Cámara Nacional de Casación Penal”, organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal

El objetivo de las jornadas fue presentar y analizar las diversas posturas jurisprudenciales de la nueva Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) en materia de violencia de género tanto en los casos de suspensión del juicio a prueba como en las sentencias de fondo. El curso, realizado los miércoles 2 y 9 de marzo pasado, contó con la participación de fiscales, funcionarios/as y empleados/as del MPF.

Filippini abrió las jornadas enumerando la cantidad de causas que pasaron por la nueva CNCP desde que entró en funcionamiento,  en marzo del 2015. Señaló que ingresan “14 recursos por día, 1764 en 6 meses. Hubo 455 audiencias en el último semestre del 2015; 833 sentencias de fondo y 1193 sentencias de salas de turno en todo el año pasado”.

A su turno, Pzellinsky recordó que la Dirección General viene haciendo un seguimiento de las decisiones de la CNCP ya que, dijo, “en razón de su competencia, muchos de los casos que involucran violencia de género se resuelven en ese tribunal”.

Hasta ahora, hemos encontrado básicamente decisiones vinculadas con la suspensión del juicio a prueba (SJP) en los casos que involucran violencia de género y su compatibilidad, o no, con los compromisos contraídos por el Estado argentino al ratificar la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”)”, acotó.

En líneas generales, mencionó Pzellinsky, “la Cámara viene sosteniendo que es razonable interpretar que las obligaciones contraídas por el Estado argentino al ratificar la Convención de Belém do Pará tornan incompatible la SJP en los casos que involucran violencia de género, conforme lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 'Góngora'”, siempre y cuando sean analizadas las circunstancias particulares del caso. La afirmación se apoya en el relevamiento de 27 casos sobre 50 que realizó la DGPG de marzo a diciembre del 2015.

María Piqué, integrante de la DGPG, explicó algunas consideraciones sobre el  valor del dictamen del MPF sobre la procedencia de la suspensión de juicios. “Las discusiones en torno a la obligatoriedad  o no  del dictamen fiscal han variado según si se trata de un delito de competencia correccional o criminal. En cuanto a los primeros (con una pena menor a los tres años) hasta ahora se han relevado tres casos”, explicó

“Para los delitos de competencia criminal es distinto: hasta ahora hemos detectado que se considera que el dictamen fiscal es vinculante, aunque tiene que estar debidamente fundado y ser sometido a un análisis de logicidad por parte del tribunal”, remarcó

Por otro lado, Pique  destacó que “en general, puede afirmarse que para la Cámara, a la hora de determinar si nos encontramos ante un caso de violencia de género, corresponde analizar los hechos conforme fueron descriptos en el requerimiento de elevación a juicio del MPF, como también las evaluaciones de riesgo de la Oficina de Violencia Doméstica y las características del vínculo allí consignadas”.