El Congreso estaba raro, distinto. Los visitantes habían ocupado cada recoveco del primer piso. Los locales miraban desorientados. Organizaciones sociales, familiares y víctimas de la violencia institucional, abogados, militantes de base y dirigentes nacionales, intelectuales, funcionarios, periodistas, banderas y volantes fueron los protagonistas del Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular organizado por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, realizado en los salones Cabezas, Pasos Perdidos, Azul e Illia del palacio legislativo. La procuradora General participó del panel “2+2=3, el reino del revés”, dedicado a los debates pendientes sobre la reforma judicial y los anteproyectos de códigos Penal y Procesal Penal que pronto tomarán estado parlamentario. “Hice el ejercicio de preguntarme qué significaba para mí la frase de la canción de María Elena Walsh que dice ‘que un ladrón es vigilante y otro es juez’”, dijo Alejandra Gils Carbó al inicio de su intervención.

La titular del Ministerio Público recordó el caso del joven Alan Tapia, de 19 años, asesinado por el grupo GEOF de la Policía Federal en un allanamiento en el Barrio Mitre, en Saavedra. “Cuando Alan escuchó los ruidos, se levantó de la cama y recibió un tiro. La familia fue encerrada y a la madre no la dejaron acompañar a su hijo mientras se desangraba durante 40 minutos”, detalló Gils Carbó.

El uniformado acusado de disparar contra Alan fue sobreseído a pesar de que la querella había solicitado 35 años de prisión por homicidio agravado por ser un funcionario público.

Poco tiempo después, el padre de Alan fue detenido por un supuesto robo de un reloj en la zona de Saavedra, cerca del Barrio Mitre. Durante la identificación fotográfica, el denunciante señaló a Tapia como autor del hecho. La imagen había sido tomada en la comisaría la noche de la muerte del chico, cuando los uniformados llevaron a toda la familia por resistencia a la autoridad en medio de los reclamos por el operativo en el que el Grupo Especial de la Federal buscaba, en realidad, a otra persona. La investigación contra el padre de Alan continuó hasta que en una rueda de reconocimiento, la víctima del robo dijo “ese es el de la foto, pero no es el que me robó, porque era más alto”. La procuradora General no dudó en marcar la “revictimización” de Tapia.

“Pienso que la reforma del Código Penal difícilmente cambie estas conductas”, reflexionó Gils Carbó frente a unas 200 personas que ocuparon el Salón Azul, aunque sí vinculó la violencia institucional al debate en torno al Código Procesal Penal que, si finalmente modifica el actual sistema inquisitivo mixto por uno acusatorio, “puede terminar con la autonomía policial en las investigaciones”. Actualmente, no está estipulado quién va dirigir la pesquisa y el juez puede decidir entre el fiscal y la policía. “Lo hace la propia policía”, concluyó la titular del Ministerio Público.

Eugenia Vázquez fue parte de esos “visitantes” (como indican las credenciales que habitualmente se les entrega a quienes no son parte de la vida del Congreso) que caminaron los pasillos del palacio legislativo. Es la hermana de Andrea Viera, “la primera mujer muerta por torturas en una comisaría en democracia y en manos de otra mujer”. Eugenia es parte de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional y no dudó en resaltar quiénes son las víctimas: “Mi hermana era pobre, era morocha y, por sobre todas las cosas, era joven”.

La madre de Natalia Melmann, Laura Calampuca, también compartió el panel “2+2=3” y no omitió vincular la violencia institucional con los crímenes de la dictadura cívico-militar: “La policía nunca fue juzgada socialmente como los militares, nunca se la asoció a los asesinos que secuestraron, torturaron y desaparecieron a los compañeros”.

Por su parte, la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, insistió en la necesidad de democratizar la justicia para acercar a los operadores a las problemáticas sociales. Sin embargo, estimó que “sólo con leyes, no alcanza. No lo vamos a obtener a través de leyes, si no hay voluntad política e ideológica”, y concluyó que “las leyes no son la panacea”.

Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, también argumentó a favor de la necesidad de abrir el debate sobre las cuestiones penales. “La discusión tiene que ser fertilizada por la realidad cotidiana porque de otro modo, es un ejercicio que puede resultar estéril y puede agravar la situación”, afirmó el periodista. Luego, detalló las definiciones y analogías que utilizan los medios de comunicación y los dirigentes políticos para hablar sobre seguridad como “guerra contra las drogas y el delito” y “el flagelo de las drogas”, y consideró que esas expresiones reflejan modos de pensar “que ya fracasaron”. Además, criticó la “policialización del discurso de la seguridad”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, fue el encargado de cerrar la mesa que duró casi dos horas. El legislador del Frente para la Victoria consideró que “ningún otro tema muestra la naturaleza de un proyecto político como la discusión penal”. Además, recordó que uno de sus hijos fue golpeado por la policía en la ciudad bonaerense de Chacabuco y resaltó que, si bien las clases populares son las más expuestas a la violencia institucional, las fuerzas de seguridad también gozan de impunidad frente a abusos cometidos contra otros sectores sociales. “Todavía no logré que avance la causa contra los policías que golpearon a mi hijo, ni siquiera que los saquen de la comisaría de mi propia ciudad”, concluyó.