“Aprendimos con los hechos qué cosas hacer y cómo hacerlas”. De esta manera, el secretario de la Fiscalía de Instrucción N°7 de la Capital Federal Javier Sánchez Sarmiento, comenzó su exposición en el marco del ciclo “Secuestros virtuales, problemática en su investigación”, que organiza la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF. El objetivo del curso es brindar las herramientas para identificar y resolver los problemas que se producen en este fenómeno delictivo.

Además de Sánchez Sarmiento, expondrán durante dos encuentros Marcela Damilano, Guillermo Terán Ortíz, Sebastián Eduardo Martínez, Victoria Biaus, Ricardo Luis Álvarez, Diego Villanueva, Vanina Fariña, Gustavo Gabriel Guillamon y Leonardo Ariel Salazar. Las jornadas, destinadas a funcionarios y empleados del MPF, se realizan en la sede de la Escuela Superior de Justicia, en Humberto Primo 378, CABA.

Los docentes comenzaron la primera jornada con una breve descripción del contexto histórico en el que se iniciaron los llamados “secuestros virtuales” a partir del año 2004 y su evolución hasta la fecha, su vinculación con secuestros extorsivos y las llamadas leyes Blumberg.

“En el año 2004, se detectó que un grupo de personas se contactaban vía telefónica con el damnificado de turno, y tras presentársele como integrante de una fuerza de seguridad o bien de un sanatorio, hospital o clínica, mantenían una breve conversación en la cual ponían en su conocimiento una fatalidad ocurrida a un familiar -padres, esposos, hijos, nietos - y generalmente de esa manera obtenían el nombre de un pariente por parte de la víctima”, relató la Damilano.

Agregó que “posteriormente, le hacían saber que en realidad se trataba de un secuestro, exigiéndole la compra inmediata de tarjetas de pulso telefónico -para celulares o de línea fija-; debiéndole pasar la clave de las mismas a su interlocutor”.

“La segunda cuestión era el anonimato e impunidad que otorgaba al autor de esos hechos la posibilidad de comunicarse desde un teléfono público instalado en Complejos Penitenciarios”, señaló.

Durante el año 2005, recordó la funcionaria, “la modalidad se intensificó y se modificó en parte. El beneficio patrimonial que se obtenía de los damnificados se diversificó; ahora estaba constituido por dinero, elementos de valor (joyas, alhajas, etc.). En igual sentido, se probó la existencia de un grupo de apoyo existente fuera del penal (presuntamente familiares), que hacía las veces de cobrador del botín”.

En la actualidad, explicó Damilano, “se trata de un grupo de personas, al menos cuatro, que desarrollan inteligencia sobre sus víctimas, esto es, se encargan de elegirlas, establecer donde viven, cuáles son las características de las zona y luego inician los llamados”.

La docente indicó que “tienen a su disposición los medios necesarios para realizar comunicaciones mediante la adquisición de equipos prepagos de telefonía celular, obtenidos con datos falsos en las empresas de telefonía, los cuales son posteriormente descartados para evitar su rastreo y cuentan con vehículos de alta gama equipados con GPS”.

Por último, afirmó que “se ha verificado que en todos los casos las comunicaciones han sido realizadas en horas de la madrugada, tratándose, en su mayoría, de damnificados de avanzada edad (oscilan entre 70 a 80 años), a quienes le simulan secuestros de familiares, para conseguir de manera ilícita un beneficio patrimonial.