17 de julio de 2024
17 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Por su utilidad pública
Casal le solicitó a la Corte Suprema que se agilice la entrega de bienes cautelados en causas penales para afrontar la pandemia
El procurador general interino pidió que durante la feria extraordinaria se arbitren los medios para tramitar más ágilmente el registro de bienes secuestrados y decomisados, que luego luego serán afectados a atender las necesidades sanitarias frente a la pandemia.

El procurador general de la Nación interino Eduardo Casal le envió un oficio al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz, en el que solicitó que durante la feria judicial extraordinaria se arbitren los medios para brindar a los procedimientos previstos en los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Acordada CSJN n° 2/2018 -en el que se estableció el “Reglamento de efectos secuestrados y bienes decomisados en causas penales"- “un trámite ágil, acorde a la utilidad pública de los bienes utilizados para la comisión de delitos”, para hacer frente a las “necesidades urgentes que se van presentando en las distintas jurisdicciones del país” en relación a la emergencia sanitaria.

El jefe de los fiscales consideró que, adoptando los recaudos necesarios, podrá “otorgarse a los bienes cautelados en causas penales una afectación provisoria destinada a atender las necesidades de las acciones sanitarias y de control desplegadas a fin de minimizar los efectos de ese virus en el país”. En ese sentido, solicitó que “por su intermedio y ante un requerimiento de los magistrados intervinientes, se prevea la posibilidad de que la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración de esa Corte, arbitre los medios necesarios” para dotar a los apartados mencionados “un trámite ágil”.

Casal fundó la nota en que mediante la Acordada mencionada y una serie de resoluciones vinculadas, el Máximo Tribunal destacó, “por un lado, la importancia de las medidas eficaces para la identificación, localización, embargo y decomiso de bienes para reducir el impacto negativo que los delitos provocan en la sociedad, así como también la trascendencia que el ordenamiento jurídico le otorga al fin social de los bienes utilizados para cometer delitos”.