Invitado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, participó del segmento de alto nivel de la Conferencia Regional Anticorrupción para América del Sur y México, celebrada entre el 8 y el 10 de mayo en Cartagena de Indias, Colombia.

El evento fue organizado por la ONUDD, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el financiamiento del Fondo para la prosperidad del Reino Unido, a partir de la Cumbre Anticorrupción de Londres, de 2016. Participaron autoridades de alto rango de Argentina, Colombia, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia. Asimismo, estuvieron presentes representantes y expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Oficinas de la ONUDD para Colombia, México y Perú y Ecuador; como así también diversos actores del sector privado y la sociedad civil de los distintos países convocados.

El objetivo de la Conferencia fue promover la plena implementación en la región de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita en Mérida, México, en 2003, como uno de los medios para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, de la Agenda de las Naciones Unidas 2030. Para lograr esa meta se propuso identificar los desafíos y las buenas prácticas de los países de la región frente a los compromisos a través de ese instrumento.

En su exposición, durante el panel de apertura, Casal refirió que, a partir del impacto político, económico, social e institucional que presenta la corrupción, se debe avanzar en la implementación de la Convención como una de las materias prioritarias para alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas. Agregó, además, que no sólo se debe pensar en la aplicación de ese instrumento desde el aspecto formal, sino que los países deben estar decididos a llevar esa acción al plano operativo.

Casal refirió que, a partir del impacto político, económico, social e institucional que presenta la corrupción, se debe avanzar en la implementación de la Convención como una de las materias prioritarias para alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas.

En lo que respecta a la aplicación de la Convención de Mérida en la Argentina, el procurador general de la Nación interino hizo un repaso sobre algunos de los progresos recientes en línea con los estándares fijados por ese instrumento, que ya presentan buenos resultados y la perspectiva de generar cambios positivos. En esa línea, describió la sanción de la ley 27.304, conocida como “ley del arrepentido”, que promueve la colaboración en el avance de las investigaciones penales de parte de sujetos implicados en hechos de corrupción; de la ley 27.401 que amplió los supuestos de responsabilidad penal de personas jurídicas, alcanzando a los delitos de corrupción local y transnacional, con la importancia que en ella presentan los programas de control interno o cumplimiento corporativo como un elemento esencial para este marco normativo; del nuevo régimen civil para la extinción de dominio de bienes producidos de la corrupción, incorporado por el DNU 62/2019; y el comienzo del proceso de implementación gradual del nuevo Código Procesal Penal Federal, tendiente a mejorar la eficiencia y efectividad del sistema de enjuiciamiento penal en el país. Por último mencionó que, en materia de cooperación internacional, el Ministerio Público Fiscal argentino ha seguido trabajando para fomentar, agilizar y hacer más efectiva la asistencia jurídica mutua, a través de los canales formales, pero también ha participado activamente en varios foros fomentando y buscando espacios para la cooperación directa o informal.

Áreas temáticas y plan de trabajo

Como resultado del mecanismo de revisión entre pares, previsto en la Convención de Mérida y del relevamiento que recientemente llevó a cabo la UNODD en varios países de la región, esta Conferencia Regional Anticorrupción concentró su trabajo en base a cuatro áreas temáticas, identificadas como prioritarias para avanzar en el cumplimiento del objetivo 16. Las áreas priorizadas consistieron en: sistemas de integridad y declaraciones patrimoniales para prevenir y detectar conflictos de intereses; responsabilidad de personas jurídicas con énfasis en la adecuación de los sistemas de cumplimiento corporativo; protección de testigos y cooperación jurídica internacional.

Como resultado de la Conferencia, se identificaron necesidades de cooperación y asistencia técnica internacional, como así también el reconocimiento de los países que se encuentran mejor posicionados en determinados aspectos para poder ser generadores de las mejoras entre sus pares. A partir de las exposiciones y debates que se desarrollaron durante las tres jornadas de trabajo, la conferencia arribó a una serie de acciones propuestas y recomendaciones sobre cada uno de los ejes temáticos abordados.

Sin ser un compromiso formal o un nuevo tratado internacional, estas recomendaciones marcan un rumbo y un plan de trabajo para los próximos cuatro años, a partir de la plataforma de asistencia mutua de nivel regional establecida por la ONUDD y el apoyo financiero del Reino Unido.