En representación del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, el director de la Secretaría General de Administración de la Procuración General de la Nación, Esteban Ubieta, suscribió un convenio marco de colaboración y cooperación con el  Secretario General y apoderado del Grupo Telefónica, Alejandro Pinedo, el cual fue autorizado mediante la Resolución PGN N°57/2018.  La firma del documento tuvo lugar ayer en la sede de la Procuración General de la Nación, en la calle Tte. General Perón 667 del microcentro porteño.

También, por parte de la Procuración General de la Nación estuvieron presentes el secretario letrado de la secretaría de Coordinación Institucional, Armando Antao Córtez, y el titular de la Unidad Fiscal especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin. En tanto, en representación del Grupo Telefónica asistieron el director de la Asesoría Jurídica, Santiago Barca, y el jefe de la Gerencia de Asuntos Legales y Contenciosos, Luis Francisco Pérez Sánchez.

A través del convenio -que tendrá una vigencia de dos años a partir de su firma- las partes acuerdan adoptar medidas de coordinación y acción común para la generación de un canal directo de comunicación para la gestión de requerimientos judiciales y sus respectivas respuestas por medios electrónicos. De este modo, el Grupo Telefónica –compuesto por las empresas Telefónica de Argentina S.A y Telefónica Móviles Argentina S.A.- facilitará la consulta de la información disponible en sus bases relativa a titularidades, datos registrales y listados de comunicaciones de sus clientes.

Para ello, los fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación –previa registración y aceptación de las condiciones de uso- podrán formular requerimientos judiciales al Grupo Telefónico, a través de un portal digital provisto al efecto. Además, las partes signatarias se obligaron a preservar la confidencialidad de la información y garantizar la seguridad de los datos observando las previsiones de la Ley N°25.236 de Protección de los Datos Personales, como así también a adoptar todas las medidas técnicas y organizativas para prevenir la adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado o desviaciones en el uso y/o destino de la información.