Con motivo de los tres años de la entrada en vigencia de la ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, se realizó ayer, de forma virtual, un encuentro organizado por la Mesa de Coordinación Institucional conformada por la agencias de acceso de los distintos poderes del Estado. Funcionarios y funcionarias  y representantes de las organizaciones de la sociedad civil contaron sus recorridos a lo largo de estos tres años de implementación de la norma, con particular énfasis en el rol instrumental del acceso a la información, entendido como herramienta para el ejercicio de otros derechos. Por parte del Ministerio Publico Fiscal participó el fiscal general y director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Carlos Ernst, y los responsables de Acceso, Johanna Cristallo y Luis Lozano.

Además del MPF participaron los directores de las agencias de acceso a la información pública del Ministerio Público de la Defensa, Ornela Mazza Gigena; del Consejo de la Magistratura, Ricardo Gómez Diez; y del Poder Ejecutivo, Eduardo Bertoni. También intervinieron los y las responsables de acceso de los distintos organismos y representantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Poder Ciudadano y Directorio Legislativo.

La actividad comenzó a las 15.30 con el primer panel, del cual participaron los distintos directores de las agencias estatales. El fiscal general Carlos Ernst contó que “el Ministerio Publico Fiscal creó los órganos responsables y la agencia de acceso junto con la entrada en vigencia de la ley ya en el mes de septiembre del año del 2017”. Además, destacó que la institución poseía mecanismos de transparencia antes de que se sancione la ley y que, hoy en día, la agencia se encuentra en un proceso de difusión y capacitación hacia fiscales, agentes del MPF y profesionales del ámbito jurídico sobre el derecho de acceso y la arquitectura institucional prevista en la ley N° 27.275.

Respecto de los tres años de vigencia de la ley, Ernst manifestó: “Aún estamos en un proceso de afirmación y concientización de la ciudadanía”. Agregó que “la ley de acceso no es un texto legal más, sino que es fundamental para un estado de derecho porque garantiza un derecho humano básico y transparenta la acción y el funcionamiento del Estado”.

En el segundo panel se disertó sobre el carácter instrumental del acceso a la información pública. Las y los responsables de cada organismo estatal contaron sus experiencias en estos años de aplicación de la ley. Johanna Cristallo intervino en representación del MPF para explicar cómo son los mecanismos y las herramientas que ofrece la Procuración General de la Nación para el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

Cristallo explicó que “en estos tres años, la agencia tuvo un total de 180 pedidos de información, que incrementó notablemente durante el contexto de pandemia” y que “hubo un 99 por ciento en el que se realizó la entrega, salvo en un caso, donde la información podía haber obstruido en una investigación en curso”.  Además indicó que del total de las solicitudes, un 12 por ciento fueron formuladas por las organizaciones de la sociedad civil, un 31 por ciento por ciudadanos, un 10 por ciento por periodistas, un 24 por ciento por abogados y un 1 por ciento por legisladores, entre otros.

“Lo que buscamos es garantizar que la institución sea fuerte, sólida y democrática, para promover un desarrollo democrático, mejorar la calidad de vida, y garantizar el acceso a otros derechos, entendiendo que la única manera de hacerlo es empoderando al ciudadano”, resaltó Cristallo. 

Por último, el encuentro contó con las exposiciones de las distintas organizaciones de la sociedad civil, quienes realizaron un balance de los logros alcanzados y las asignaturas pendientes en la implementación de la ley.