El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, creó la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), que funcionará en el ámbito de la Procuración Fiscal Penal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La nueva dependencia fue creada mediante Resolución PGN N°70/2018 con el objetivo de promocionar un abordaje proactivo para contribuir a la oportuna detección, interrupción y respuesta al fenómeno criminal del terrorismo y el extremismo violento.

A través de la Resolución PGN N°3544/2017, se había encomendado al titular de la Secretaría de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, el desarrollo de un programa con miras a diseñar una estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia institucional para dotar al Ministerio Público Fiscal de la Nación de las herramientas necesarias para un abordaje integral del extremismo violento que conduce al terrorismo internacional y socava la paz, la seguridad internacional y los derechos humanos, sin que ningún país sea ajeno a ello.

Dado que el tratamiento de estos fenómenos siempre ha traído, a nivel mundial, cierto recelo que no es exclusivo de nuestro país, deviene necesario contar con estrategias y herramientas para afrontar esta problemática compleja, real y actual, en la que nuestro país se encuentra desfazado, tanto a nivel normativo como operativo. En ese orden de ideas, y en línea con la recomendación del Secretario General de las Naciones Unidas, la planificación y adopción de una estratégica nacional para prevenir el extremismo violento procura, precisamente, generar las condiciones y los consensos necesarios para evitar que conflictos de carácter político, social, religioso o de cualquier otra índole sean abordados con una política represiva, sino que, por el contrario, se eviten estigmatizaciones o respuestas que tiendan a agravar la conflictiva existente.

El terrorismo moderno se presenta como un fenómeno transnacional. Para prevenirlo y combatirlo eficazmente, es preciso que todos los países se hagan de las herramientas necesarias para promover el intercambio de información, la capacitación de sus recursos humanos y la cooperación, para así mitigar el riesgo de que personas o grupos terroristas se valgan de las posibles vulnerabilidades locales.

Una serie de compromisos internacionales asumidos por la Argentina imponen el deber de promover una visión y un enfoque a tono con las tendencias mundiales en la materia que, reconociendo que el terrorismo no será derrotado mediante el uso de la fuerza militar, las medidas de aplicación de la ley y las operaciones de inteligencia, aconsejan abordar y resolver las condiciones que propician la comisión de actos terroristas, involucrando a todos los actores del sistema de justicia para trabajar en la prevención de este tipo de sucesos, en línea con la estrategia global contra el terrorismo planteada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En consonancia con estos lineamientos, la resolución de creación de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) consigna que la misma tendrá por “responsabilidad el estudio de las condiciones que ayudan a la propagación del extremismo violento que conduce al terrorismo, así como las distintas formas que éste puede adoptar, para así generar un programa que aumente la capacidad de prevención general, la de respuesta ante un incidente terrorista y evite reacciones descoordinadas que, ante situaciones críticas, tienden a desarrollar mecanismos y/u operativos con virtualidad suficiente para vulnerar elementales derechos humanos reconocidos en los convenios internacionales”.

“De esta manera se facilitará el conocimiento de las razones y motivos por los cuales personas o grupos radicales recurren a la táctica terrorista; se desentrañarán las vías y las tipologías por las cuales tales sujetos y/u organizaciones consiguen financiar esa actividad delictiva y se ayudará a determinar la metodología empleada por los terroristas con sus constantes cambios e innovaciones”, agrega el documento.

Así, se propiciará una plataforma institucional y normativa, acorde con los estándares internacionales, que evite la “criminalización de la protesta”, y se adoptarán reglas de juego claras que evitarán la confusión de conceptos y regularán la actuación de los actores estatales en consonancia con las obligaciones y los límites impuestos por nuestra constitución nacional y el imperio de la ley.