Ayer por la tarde, través del canal de Youtube del MPF, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, con palabras de apertura dio inicio al encuentro virtual, “Reflexiones sobre el sistema acusatorio en Salta y Jujuy”. El Procurador General calificó de exitosa esta primera etapa de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal: “cuando nos reunimos a comienzo de 2019, la primera sensación fue de incertidumbre, no obstante, había entre todos un gran clima de convicción y entusiasmo”, señaló.

Respecto a los logros alcanzados en este primer año, Casal resaltó el esfuerzo en materia de coordinación, capacitación y comunicación de todas las áreas de la Procuración General y, en especial, de los fiscales, sus auxiliares y de las y los empleados de las Unidades Fiscales. “Lo que hicieron va a servir de base para los pasos sucesivos en la implementación de este modelo en el resto del país”.

Del encuentro participaron el Secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima; Carla Di Gangi, Leila Giani y Marisa Trantino representantes de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación Procesal Penal Acusatorio (UNISA) del MPF y los fiscales federales de Salta y Jujuy: Eduardo Villalba, Ricardo Toranzos, Francisco Snopek, Carlos Amad, José Luis Bruno, César Romero, Federico Zurueta, Sebastián Juré y Carlos Colonnese.

El encuentro virtual duró cerca de dos horas. Las y los expositoras y expositores compartieron experiencias y resaltaron los avances obtenidos a un año de la implementación del sistema acusatorio. Al final de la actividad se respondieron preguntas. El Secretario de Coordinación Institucional moderó el encuentro y destacó la paciencia, dedicación y pasión puesta de manifiesto. “Para llevar adelante la implementación del acusatorio se requieren tres factores, la decisión política, el presupuesto y la voluntad de los operadores del sistema”.

Hacia el final de su exposición el Procurador General no pasó por alto la “cooperación” del Ministerio de Justicia de la Nación, los Ministerios Públicos y Poderes Judiciales de Salta y Jujuy. Asimismo, reconoció el esfuerzo de Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (UNISA), la cual “llevó adelante los aspectos desde el más grande hasta los más pequeños del proceso de implementación del sistema acusatorio”.

Trabajo en equipo

En el turno de los actores principales del sistema, el fiscal coordinador del Distrito Salta y titular del Área de Atención Inicial, Eduardo José Villalba, coincidió con Casal respecto al grado de incertidumbre que existía en torno a este nuevo modelo, sin embargo, resaltó que después de un año de arduo trabajo “todo esos peros fueron contestados”. “Hoy tenemos una sensación mucho mejor, pues hemos dado respuestas e incluso superamos las expectativas en torno al acusatorio”.

Frente al desafío que significaba remplazar la tarea de los juzgados, Villalba sostuvo que “la Unidad cobró forma, si bien se dividió la tarea en áreas, lo cierto es que todos terminamos trabajando en equipo. Sin dudas el esfuerzo de todos, incluso los empleados no abogados, fue la clave del éxito”.

Respecto a las causas denominadas sencillas, explicó que “eran las causas que terminaban en un casillero, cuyo fin todos conocíamos. Por lo general prescribían, sin embargo, con el sistema acusatorio ahora tienen respuestas, y en muchos casos, son en beneficio de la comunidad”. Entre otros aspectos, indicó que muchas de las nuevas herramientas procesales se pusieron en práctica. “Los jueces dictaron sentencias condenatorias sin tener acceso al legajo”.

Servicio de calidad

El fiscal, Ricardo Rafael Toranzos, titular de las áreas de Investigación y Litigación de Caso Complejos, No penal y de Víctimas, destacó la “oralidad plena”, la cual desplazó los trámites escritos, pues ahora todo “es oral”. “Nuestra herramienta es la audiencia, entre Salta y Jujuy se han realizado 1.100 en un año; en ella se vuelca toda la capacidad y hasta el momento, nunca se ha fracasado”. En las audiencias –agregó- se aprecia la división de roles, la presencia de un juez que resuelve la controversia, la del MPF que lleva adelante una hipótesis criminal con pruebas, y la de la  defensa, también con un rol distinto al del proceso anterior, pues controvierte, presenta hipótesis y hacer una tarea de investigación.

Resaltó la tarea de la Oficina Judicial, responsable de la agenda y horarios, mientras que sobre los casos complejos, recordó que hace un mes, la Cámara Federal de Casación Penal analizó la sentencia de un caso en el que llegamos a condena en cuestión de meses, lo que indica la celeridad del sistema, pues con el anterior modelo, esto habría demorado tres años de trámite.

Tecnología

Por su parte, el fiscal general, Francisco Snopek, quien se desempeña como titular del Área de Flagrancias e Investigación y Litigación de Casos Sencillos y del Área de Ejecución Penal, señaló que al momento de formar su equipo: “busqué no sólo abogados, sino especialistas en el área tecnológica”. Gracias a ello, las exposiciones en los debates fueron más ágiles y contundentes al proyectar en detalle las pruebas que fortalecen la hipótesis criminal. “Más allá de los casos de trata o droga, existe un abanico de delitos que interesan a la ciudad. En todos ellos, se litiga y se llega a una condena, entre ellos, por ejemplo, la circulación de moneda falsa”.

Carlos Amad, fiscal de Transición, en tanto, distinguió “el compromiso, la unidad, la dedicación integral del personal”, como así también se refirió a la capacitación. En materia de lesa humanidad, indicó que “hemos aplicado en el Código Procesal anterior herramientas del nuevo Código Procesal Penal”. Los fiscales, José Luis Bruno y Marcos Romero, de las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal respectivamente también resaltaron las bondades del nuevo sistema, como así también su efectividad al momento de resolver conflictos.

“Las herramientas alternativas nos permiten evaluar el caso y considerar si puede aplicarse alguna de ellas”, indicó Romero.

Salidas alternativas

Desde Jujuy, en tanto, el fiscal federal, Federico Zurueta mencionó que: “estamos en pleno curso del sistema acusatorio y está claro que es el momento de ir encontrando soluciones y caminos alternativos para causas como el narcomenudeo para centrarse en expedientes que merecen más trabajo y atención”. Cabe señalar que Jujuy, a diferencia de Salta, no llegó a concretar la adhesión a la desfederalización del microtráfico, el que sigue bajo la órbita de la fiscalía.

Zurueta reconoció que si bien el fiscal es el que va a la audiencia oral, “por detrás hay mucho trabajo y eso es esencial; desde la persona que recibe el caso en la mesa de entrada hasta aquel que transmite un dato que se convierte en la clave”.

Respecto a logros obtenidos, informó que en un año de trabajo con el acusatorio, se obtuvieron 91 sentencia condenatorias, “lo cual es claramente muy bueno y auspicioso de cara al futuro”. Sebastián Juré, también fiscal en Jujuy, expresó que muchas de esas condenas se lograron en un promedio de 40 días. Carlos Colonnese, a cargo del área de Transición, en dicha provincia, hizo referencia a la aplicación del principio de oportunidad, pues el mismo sirve de modo sustancial para evitar el desgaste en el proceso de investigación penal.

Organización y capacitaciones

Marisa Tarantino Leila Giani y Carla Di Gangi, representan la Unidad Especial Estratégica para la Implementación Procesal Penal Acusatorio (UNISA) del MPF.Se refirieron a la experiencia que tuvieron en la tarea previa a la puesta en marcha del acusatorio, pues su trabajo giró en torno a la implementación de nuevos modelos de trabajo interno en las Unidades Fiscales.

En ese marco, Tarantino explicó que la tarea de dicha unidad “estuvo relacionada en capacitar a los fiscales y a los empleados en cómo funcionaba el sistema COIRON y cómo se llevaba adelante el legajo”. Por su parte, Giani consideró que “la implementación del sistema acusatorio es transversal a todo el Ministerio Público Fiscal”. De Gangi, en tanto, se refirió al diseño de un modelo de organización, el que fue repensado a partir de modelos de países vecinos, como Chile. “La desformalización tuvo una gran aceptación, como así también la guía de buenas prácticas”, aclaró.