La Procuración General de la Nación dio por concluido el concurso abierto y público de antecedentes y oposición N°99 para cubrir una vacante de procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y elevó al Poder Ejecutivo la terna de candidatos de los tres aspirantes que quedaron ubicados en los primeros puestos del orden de mérito. Víctor Abramovich Cosarín encabeza la lista, seguido por Adriana Irma García Netto y María Alejandra Cordone Rosello. El cargo se encuentra disponible desde agosto de 2012, cuando se jubiló Marta Beiró de Goncalvez.

El trámite se concretó en menos de ocho meses desde el 14 de febrero de 2014, cuando finalizó el plazo para la inscripción de los postulantes, quienes fueron evaluados en exámenes de oposición sobre asuntos no penales propios de la vacante a cubrir.

El tribunal evaluador estuvo compuesto por la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; los procuradores Fiscal ante la CSJN Laura Monti y Eduardo Casal; el fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca, y el fiscal General ante Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler. Además, intervino como jurista invitada la directora de la Carrera de Especialización en Magistratura de la Escuela del Servicio de Justicia, Alicia Ruiz.

El nuevo reglamento busca adecuar la selección de magistrados y magistradas del Ministerio Público a la búsqueda de un nuevo perfil de fiscal, más ágil, menos burocratizado, más creativo y eficiente, apto para intervenir en procesos cada vez más orales, pero también más complejos jurídica y técnicamente.

El sistema se destaca por su objetividad, al no contemplar -como sí lo hacen otros procesos de selección de jueces o fiscales- criterios de evaluación subjetivos vinculados con la idoneidad ética o el compromiso con determinados valores; ni disponer de instancias abiertas a la apreciación subjetiva y preferencias de quienes seleccionan, como lo son, por ejemplo, las entrevistas personales; y al estar apoyado exclusivamente sobre la evaluación de exámenes de oposición y de antecedentes que realiza un tribunal colegiado, integrado por cinco fiscales, a partir de un dictamen elaborado por un jurista invitado.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público corresponde a los procuradores Fiscales ante la Corte Suprema elaborar dictámenes, reemplazar a la procuradora General en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia, y colaborar en el gobierno del Ministerio Público Fiscal. Entre los desafíos actuales que enfrenta su tarea se encuentra desarrollar una actitud proactiva para incidir ante el máximo tribunal en asuntos de interés público.