El jueves 3 de agosto, en el salón Nelly Ortiz de la Procuración General de la Nación, tuvo lugar una reunión de trabajo convocada por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La actividad buscó recabar aportes de fiscales argentinos para la elaboración de un instrumento internacional que contenga pautas para una investigación eficiente de amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos. Del encuentro participaron fiscales de distintos fueros y distritos, así como titulares de unidades fiscales, procuradurías y direcciones generales.

La actividad fue presentada por la titular de la dirección general de derechos humanos del MPF, Andrea Pochak, y contó con la presencia de la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, organización que impulsa la elaboración de este protocolo internacional. Krsticevic, quien estaba acompañada por su colega de Uruguay, María Leoni, explicó el contexto que atraviesan muchos países de la región, y la necesidad de impulsar un instrumento que ayude a identificar medidas de prevención, protección e investigación de amenazas y represalias contra activistas, periodistas, operadores judiciales y todas aquellas personas involucradas con la defensa de los derechos humanos.

Krsticevic advirtió que las amenazas suelen ser utilizadas como un medio de intimidación en contra de individuos y colectivos; y como herramientas para presionar a miembros de la administración de justicia, periodistas, líderes y activistas sociales, entre otros. También sostuvo que estos hechos muchas veces derivan en casos más graves, como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos o exilios compulsivos. Sin embargo, señaló, en su gran mayoría quedan impunes y no generan, siquiera, medidas de seguridad para prevenir nuevas agresiones contra las víctimas. Por ello, indicó, resulta indispensable contar con un protocolo internacional que contribuya a la prevención, protección y esclarecimiento de estos casos.

Durante el debate, los distintos fiscales participantes de la reunión realizaron aportes sobre aspectos que deberían ser incluidos en el instrumento internacional, compartieron experiencias positivas y relataron algunos obstáculos con los que se enfrentan en función de las áreas o temáticas en las que se desempeñan. Se remarcó la importancia de evaluar el contexto en el que ocurren las amenazas; que las investigaciones judiciales tengan en cuenta la actividad que desarrolla la víctima y, en consecuencia, los intereses que puede estar afectando; la necesidad de ponderar los riesgos; y de articular las medidas de investigación con las medidas de protección, entre otros puntos.

Participaron de la reunión Víctor Abramovich, procurador fiscal ante la Corte Suprema; Mariela Labozzetta, fiscal federal titular de la UFEM; Jorge Auat y María Ángeles Ramos, fiscales titulares, y Carolina Varsky, coordinadora, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad; Santiago Eyherabide y Leonardo Filippini, fiscales titulares de la Unidad Amia; Sebastián Basso, fiscal federal de Morón; Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro; Hernán Schapiro, fiscal general de La Plata; Sandro Abraldes y Ariel Yapur, fiscales en lo criminal y correccional; Romina Pzellinsky, titular de la Dirección de Políticas de Género del MPF; Marcos Parera, secretario de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX); Julieta Rossi, del área de dictámenes del MPF; así como integrantes de la Dirección General de Derechos Humanos y del CEJIL.