La resolución firmada esta tarde por Gils Carbó reseña que en los últimos días han tenido lugar actos de protesta por parte de integrantes de algunas fuerzas de seguridad provinciales y explica que “de manera concomitante con esas manifestaciones, se produjeron atentados colectivos contra la propiedad (saqueos), que generan zozobra y perturban la tranquilidad de la población  nacional”.

Ante estos hechos, y en consonancia con lo dispuesto por la Ley de Defensa de la Democracia (Ley 23.077), la Procuradora decidió crear la comisión para que investigue de manera exhaustiva la posibilidad de que los saqueos “guarden alguna vinculación con las protestas policiales y resulten el emergente de una hipótesis delictiva que involucre conductas propias de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional, cuyo conocimiento es de competencia exclusiva del sistema de administración de justicia penal federal”.

La comisión está integrada por los fiscales generales Federico Martín Carniel —Resistencia—, José Ignacio Candioti Puyol —Paraná— y Adolfo Raúl Villatte —Rosario—. A ellos se suma el titular de la fiscalía federal N° 2 de San Isidro, Rodolfo Fernando Domínguez, quien actuará como coordinador.

En principio, este equipo de trabajo funcionará por sesenta días y al término de este plazo se evaluarán las atribuciones que le fueron conferidas y la necesidad o no de mantener su vigencia. Durante ese lapso la comisión deberá informar a la Procuradora General acerca del estado de situación de estas manifestaciones criminales en los distintos lugares del país.