En la capilla Virgen de los Milagros de Caacupé, de la villa 21-24, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el vicario general del Arzobispado de Buenos Aires, monseñor Joaquín Sucunza, firmaron un convenio de colaboración mutua en temáticas de acceso a la Justicia. “El diálogo entre el Ministerio Público y la Iglesia es fundamental para llegar a los barrios”, subrayó la Procuradora.

Junto a Gils Carbó estuvieron el director general de Acceso a la Justicia, Julián Axat; los cotitulares de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), Josefina Minatta y Gabriel de Vedia, y el director de Comunicación Institucional de la PGN, Luis Villanueva.

En tanto, acompañaron al monseñor Sucunza los sacerdotes que integran la Pastoral Villera de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Arzobispado porteño que conduce el cardenal Mario Poli: Lorenzo “Toto” de Vedia, de la villa 21-24 de Barracas; Gustavo Carrara, de la villa 1-11-14 del Bajo Flores; Sebastián Sury, de la villa 15 de Lugano-Mataderos; Pedro Baya Casal, del Barrio Ramón Carrillo de Villa Soldati; Francisco Punturo, de la villa 20 de Lugano, y Guillermo Torre, de la villa 31 de Retiro.

“Estamos para acercarle el Estado a los más vulnerables”, señaló Gils Carbó, y agregó: “Nuestro granito de arena será ahora más efectivo gracias a la Iglesia”. El acuerdo se suma a los convenios recientemente suscriptos con el Obispado de Quilmes y el Padre “Pepe” Di Paola, que permitirán extender la tarea de la dirección de Acceso a la Justicia a los partidos bonaerenses de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y San Martín.

Para el monseñor Joaquín Sucunza, “la misericordia y la justicia no son oponentes, sino complementarios”. El vicario general del Arzobispado de Buenos Aires celebró el acuerdo porque “consolida la familia” y expresó que “ser hermanos es escribir la Justicia con mayúsculas”.

En virtud del acuerdo, las parroquias y las agencias ATAJO verán fortalecido el trabajo conjunto que vienen realizando en las villas y barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. El texto especifica que las tareas de muto acompañamiento comprenden desde la asistencia mutua y colaboración en atención jurídica, derivación, contención, facilitación judicial y enlace de personas en condición de vulnerabilidad que sean víctimas de conflictos comunitarios y que presentan obstáculos para el acceso efectivo a la justicia y el ejercicio de sus derechos. “Este acuerdo permite crear un puente para ayudar a los vecinos y vecinas de nuestros barrios para que puedan acceder a la justicia. Eso son los ATAJOS. Y la Justicia se trata de eso, de que la gente viva mejor”, resumió el padre Gustavo Carrara, del Bajo Flores.

Antes de la firma del convenio, la procuradora visitó la agencia ATAJO, ubicada sobre la avenida Iriarte, a tres cuadras de la Parroquia Caacupé, donde conversó con sus trabajadores y trabajadoras. “Los operadores de ATAJO todos los días le tienden la mano y le acercan a la población más vulnerable la parte de la ley que acerca derechos y no sólo la que criminaliza”, destacó Gils Carbó.