Ante las denuncias de trabajadores sobre la situación edilicia crítica del edificio de la calle Paraguay Nº1536 de la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionan 26 dependencias del Ministerio Público Fiscal, la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, dispuso la creación de un equipo de trabajo que deberá realizar un relevamiento del inmueble y determinar si sus condiciones son "acordes a las exigencias funcionales propias de las dependencias involucradas".

El equipo de trabajo estará integrado por la Oficina de Bienestar Laboral y Resolución de Conflictos, a cargo de Ester Valero, y del Área de Planficación Edilicia, dependiente de Silvana Bermúdez, quienes asimismo deberán elaborar un "plan de traslado paulatino de las fiscalías" que tienen sede en ese edificio, "a medida que se vayan desocupando espacios y/o se adquieran nuevos, y hasta tanto se resuelvan los problemas edilicios denunciados".

Gils Carbó finalmente dispuso que, en una segunda instancia, se realice un relevamiento en los demás edificios donde el Ministerio Público tenga dependencias a cargo.

La decisión de la procuradora general fue protolizada mediante la resolución PGN 2726/13. Es la respuesta a diversos planteos formulados ante la Oficiona de Bienestar Laboral y Resolución de Conflictos por trabajadores que realizan sus tareas en el edificio de la calle Paraguay 1536 -propiedad del Poder Judicial de la Nación- y que denunciaron una situación crítica y requirieron su resolución.

Entre las situaciones denunciadas se destacan que el agua corriente no es potable por falta de limpieza en los tanques de agua; que hay cortes de agua habituales debido a fallas en las bombas; que la instalación eléctrica es deficiente, lo que genera inconvenientes en el uso de los equipos de computación y aire acondicionado; que la mayoría de las dependencias anularon el servicio de gas porque no se ajustaba a la normativa vigente; y que los ascensores no se encuentran en condiciones, al punto que uno no funciona y los otros tres lo hacen de modo intermitente, dejando habitualmente gente encerrada. También fue denunciado que las fiscalías tienen prohibido tener caja de seguridad, "debido a que la estructura no tolera el peso".

La resolución revela que el administrador general del Consejo de la Magistratura de la Nación, Germán Krieger, aún no ha emitido una "respuesta favorable" al oficio que le fuera remitido el 11 de noviembre pasado por la Oficina de Bienestar Laboral y Resolución de Conflictos y la Secretaría General de Administración de la Procuración General de la Nación, en el que se le informaron los "inconvenientes funcionales y estructurales del inmueble" y se le requirió que se arbitraran "los medios necesarios" para asegurar "un normal desenvolvimiento de los servicios de dicha sede".

En el edificio de la calle Paraguay funcionan la Fiscalía General Nº1 ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, las fiscalías ante los tribunales orales en lo criminal Nros 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 y las fiscalías en lo criminal de instrucción nros 2, 3, 4, 5,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 25. En todas esas dependencias se desempeñan unos 250 trabajadores.

"La actividad que realizan las personas que se desempeñan en las fiscalías constituye la esencia y la razón de ser del organismo", por lo cual "el espacio físico es evaluado como un resorte fundamental para mejorar la calidad de vida del personal dentro del ámbito laboral", señaló Gils Carbó para fundar su decisión.

"Este entendimiento ha impulsado la realización de un plan estratégico con el objeto de atender las demandas sociales más urgentes en las distintas jurisdicciones del país, con la intención de satisfacer las necesidades que demanda un Ministerio Público en crecimiento y establecer una imagen edicilicia que lo identifique con la función primordial que cumple como defensores de los intereses generales de la sociedad", remarcó la procuradora.