16 de julio de 2024
16 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Participaron magistrados y trabajadores del fuero junto dirigentes de todas las centrales sindicales, académicos y abogados laboralistas
Gils Carbó presentó el Plan de Fortalecimiento del MPF en el Fuero Nacional del Trabajo y el Programa Especializado en Derechos del Trabajo
Prevé obras de infraestructura, relocalización de fiscalías y mejoras en las condiciones laborales. Busca mejorar el rol del Ministerio Público en las causas que tramitan en la justicia laboral. "La garantía de defensa de los derechos de los trabajadores es, sin dudas, un pilar de esa concepción que no puede admitir retrocesos. Como procuradora, puedo decirle a los trabajadores que no les fallé", indicó la titular del Ministerio Público.

“Siempre supimos que existía una deuda pendiente desde mucho tiempo antes con el fuero laboral. Una deuda que hoy empezamos a saldar”. Así, la procuradora general de la Nación presentó esta tarde el Plan de Fortalecimiento del MPF en el Fuero Nacional del Trabajo y el Programa Especializado en Derechos del Trabajo. Junto al fiscal general Eduardo Álvarez y el juez de la Cámara del Trabajo, Roberto Pompa, Alejandra Gils Carbó detalló las medidas que se adoptarán para mejorar las condiciones edilicias y laborales de las fiscalías del fuero y las competencias del Programa, que estará a cargo del propio Álvarez, junto a la fiscal general adjunta de esa dependencia del MPF, Cristina Prieto, y el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional del Trabajo N°5, Juan Manuel Domínguez.

El auditorio de la Procuración General de la Nación ubicado en el centro porteño se colmó desde las 15:00 de jueces y fiscales del fuero, trabajadores de las fiscalías, dirigentes de todas las centrales sindicales, entre quienes se destacaron el titular del Sindicato de Canillitas, secretario Administrativo de la CGT y diputado nacional, Omar Plaini, y el secretario general de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, y el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica y responsable de la Secretaría de Interior de la CGT, Francisco "barba" Gutiérrez, además del superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, y de otros líderes sindicales que apoyaron la iniciativa, de todas las asociaciones de abogados laboralistas, de académicos y de representantes de cooperativas, fábricas recuperadas, de trabajadores de la economía popular y de los tres sindicatos judiciales.

Durante su discurso, Gils Carbó recordó que como fiscal ante la Cámara Comercial debió intervenir en infinidad de casos en los que la ley de concursos y quiebras perjudicaba a los trabajadores y puntualizó en las dificultades que enfrentaban las fábricas recuperadas que "en un caso, por ejemplo, perdieron miles de pesos, en aquel momento dólares, porque solamente se los notificaba por edictos, lo que significa que perdían su dinero por no leer el Boletín Oficial todos los días".

La procuradora explicó que tanto el Plan como el Programa surgieron de un diagnóstico compartido por todos los actores del fuero -que contó con el aporte de sindicatos, sindicatos, académicos, abogados laboralistas y organizaciones sociales- que concluyó en la necesidad de “contar con mayores recursos para hacer frente al crecimiento exponencial de la cantidad de causas que allí tramitan y la sobrecarga de trabajo que afrontan juzgados y fiscalías”. Este análisis incluso fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su acordada N°18 afirmó que existe una “situación excepcional de extrema gravedad institucional que requiere medidas urgentes destinadas garantizar el servicio de justicia”.

El fiscal Álvarez destacó que “la creación del Programa implica algo más que una simple resolución. Implica un 'darse cuenta' de lo que implica el conflicto laboral, desde el respeto, no sólo desde la variable económica”. Además, representante del MPF ante la Cámara Nacional del Trabajo coincidió con Gils Carbó en que "la conflictividad laboral ya no está encerrada solamente en la justicia laboral, sino que atraviesa a otros fueros en problemáticas como violencia de género, trata y explotación de personas e incluso familia". También, convocó a acercarse las distintas inquietudes a la sede del nuevo Programa "porque para poder abarcar el conflicto del trabajo en época de crisis y para responder es necesario no encerrarse" y puntualizó en que impulsará iniciativas de capacitación".

Por último, Álvarez rechazó el proyecto de traspaso de la justicia nacional del trabajo a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y recordó que participó de la redacción de las dos acordadas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de los años '95 y '96 contra la misma iniciativa "por razones esencialmente constitucionales".

En tanto, el juez Pompa agradeció la invitación y subrayó que fue "el acto más importante del Ministerio Público" de toda su carrera de 40 años en el fuero. "Este plan pretende dotar al Ministerio Público de una activa participación de la defensa de los intereses y del ordenamiento jurídico, en la defensa de los intereses sociales, los intereses colectivos, los intereses individuales que son irrenunciables y especialmente con la defensa de la Constitución nacional y de los tratados internacionales", reparó. También, recordó el fallo de 2013 de la Corte Interamericana en el caso "Quintana Coello contra el Estado de Ecuador, que afirmó que la inamovilidad de los jueces, fiscales y funcionarios de la justicia no es un privilegio para ellos, sino que es una garantía para todos los habitantes de la Nación".

El juez de la Cámara Nacional del Trabajo afirmó: "Quiero expresar desde la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y como juez del trabajo mi total oposición al proyecto de traspaso de la justicia nacional del trabajo al ámbito de la Ciudad. Es un proyecto inconsulto, que no lo quieren ni los jueces, ni los funcionarios del trabajo. No lo quieren los empleados que se desempeñan en la justicia del trabajo. No lo quieren los abogados laboralistas, no lo quieren los sindicatos y ni los actores sociales".

Condiciones laborales

La titular del MPF anunció que se incorporará a las ocho fiscalías del fuero laboral el cargo de secretario, que se recategorizará a todo el personal con más de tres años en el cargo, para lo que “se considerará a la totalidad de los integrantes de las fiscalías del fuero como universo único” y que se establecerá un escalafón único que comprenderá tanto a empleados y empleadas, como a funcionarios y funcionarias. “Este paquete de medidas apunta a revalorizar el rol que desempeñan los trabajadores del Ministerio Público Fiscal que cumplen tareas en esas fiscalías, pero además representa un necesario reconocimiento al compromiso que han demostrado y al esfuerzo que han desplegado a lo largo de estos años”, dijo la procuradora al promediar su discurso.

Infraestructura

La resolución establece que se realizarán obras de ventilación, iluminación y mobiliario para optimizar el espacio disponible, así como la relocalización de algunas de las fiscalías en oficinas de mayor tamaño para afrontar el “enorme nivel de actividad” -en palabras de la procuradora- de las dependencias del Ministerio Público del fuero que durante 2015 recibieron cerca de 90 mil expedientes y, según las proyecciones, durante 2016 intervendrán en aproximadamente 120 mil.

En concreto, las fiscalías N°5 y N°3 se trasladarán al edificio de 25 de Mayo 179 y se asignará el espacio liberado por ellas a las fiscalías Nº2 y Nº7 en el caso del edificio de Av. Roque Sáenz Peña, y a la Fiscalía N°8 del edificio de Lavalle. La resolución subraya que “con esta reasignación de espacio, las cinco fiscalías mejorarán sensiblemente la superficie con la que cuentan en la actualidad”.

El Programa

Como parte del Plan de Fortalecimiento del fuero, la procuradora general de la Nación creó Programa Especializado en Derechos del Trabajo, cuyo objetivo será “intervenir en muchas de las causas en las que hoy las fiscalías solo toman vista. El Programa posibilitará que el MPF se expida sobre temas que hasta hoy no están siendo abordados, en los cuales los fiscales consideren que es posible realizar una intervención estratégica, ya sea por la cantidad de afectados o por las características de la afectación”, indicó Gils Carbó esta tarde.

"El objetivo es mejorar la cantidad y la calidad del rol del Ministerio Público en el fuero y superar la sobrecarga de trabajo. Y además permitirá salirse del día a día del caso a caso y dedicarse a analizar los fenómenos más generales que enmarcan a esos expedientes que a simple vista parecen aislados", analizó la procuradora.

En una primera etapa, la resolución establece que “se pondrá énfasis en la problemática relativa a la salud psicofísica de los/as trabajadores/as, a la persecución del trabajo clandestino, la trata de personas con fines laborales y a la protección integral de los/as trabajadores/as y sus familias”. Para ello, los fiscales a cargo deberán presentar un plan de trabajo que deberá contemplar la articulación con otros programas, direcciones generales, unidades fiscales y procuradurías del Ministerio Público. Además, en el documento se destaca que “se considera necesario poner a disposición de los funcionarios y empleados del fuero laboral un plan de capacitación específico, dirigido a profundizar sus conocimientos sobre las problemáticas que afrontan cotidianamente”.

Gils Carbó, recordó también que su pliego en el Senado antes de ser designada como procuradora contó con el apoyo de la CGT y de la CTA y que desde el inicio de su gestión (agosto de 2012) concibió “el rol del MPF en función de la defensa de los intereses de los sectores más humildes, de los más débiles” y puntualizó que “la garantía de defensa de los derechos de los trabajadores es, sin dudas, un pilar de esa concepción que no puede admitir retrocesos. Como procuradora, puedo decirle a los trabajadores que no les fallé".