La procuradora general de la Nación recibió en la tarde de ayer a Gladis y María Josefina Sosa, dos referentes de la Asociación Madres Unidas del Pacará, organización que reúne a los familiares de los 43 hombres que en noviembre de 2007 perdieron la vida en un confuso episodio en el penal provincial de varones Santiago del Estero en el que estaban detenidos. Para los familiares de las víctimas se trató de un hecho represivo llevado a cabo por las autoridades penitenciarias.

Durante el encuentro, Alejandra Gils Carbó estuvo acompañada por el titular del Programa ATAJO, Julián Axat; el director de Comunicación Institucional de la PGN, Luis Villanueva; y Bárbara Franco, coordinadora del área de Encierro de la Procuvin.

El objetivo de las referentes arribadas desde Santiago del Estero fue describir ante la procuradora los pormenores del juicio que por estos días tiene lugar en la justicia provincial y poner en su conocimiento las dudas que les genera el proceso.

“Necesitamos que nos acompañe. El Estado es el responsable de las muertes de nuestros hijos. Todos eran jóvenes de barrios periféricos. Dicen que somos sujetos de derecho, pero aprendimos que tenemos que pelearlo”, sostuvo Gladis Sosa.

 Los hechos

El 4 de noviembre de 2007, el servicio penitenciario decidió interrumpir abruptamente las visitas al penal provincial de varones y, como castigo, encerró en distintos pabellones a todos los hombres, que iniciaron una protesta posteriormente reprimida por los guardiacárceles. Tras la quema de unos colchones por parte de los reclusos, se desató la muerte. Según contaron los familiares, los penitenciarios no abrieron la celda a pesar del reclamo desesperado de los hombres, que no podían respirar. Recién cuando cuarenta reclusos yacían en el piso, ya sin vida, el candado del pabellón 2 fue abierto. Era tarde.

“Cuando ocurrió el incendio cortaron el agua en el penal”, precisó Gladis Sosa y añadió que “las autopsias dicen que todos murieron por asfixia, pero nosotros vimos los cuerpos baleados. El incendio fue para tapar todo lo que hicieron antes, durante la represión”.

Según recordó María Josefina Sosa, “en 2005, en 2006 e incluso en 2007 le advertimos a la Justicia que esto iba a pasar. Y pasó nomás”. Gladis explicó:  “Queremos saber qué pasó, por qué querían matarlos. Algunos estaban con la libertad en la mano”.

Las referentes manifestaron su disconformidad con la investigación judicial, que sólo avanzó sobre los guardiacárceles de turno durante aquel día y una autoridad de segunda línea del Servicio Penitenciario Provincial. Además, destacaron que la elevación a juicio se hizo sobre el delito de “homicidio culposo”, que prevé una pena excarcelable.

El juicio 

Las audiencias del juicio oral y público se suspendieron innumerable cantidad de veces debido a recusaciones y licencias de los miembros del tribunal, entre otras razones. Esa lentitud manifiesta en el curso del proceso genera en las víctimas la sensación de que el juicio no finalizará, o se declarará la nulidad de todo lo actuado.

“Ni siquiera nos dejan entrar con las remeras con las caras de nuestros hijos”, graficó Gladis Sosa. Las Madres del Pacará tienen la hipótesis cierta de que va a haber absoluciones.

Respuesta 

Ante el reclamo, Alejandra Gils Carbó destacó que “todo lo que hace a los derechos humanos es para nosotros una prioridad de gestión. Pero tenemos nuestras limitaciones funcionales para actuar porque el conflicto es provincial y sólo podríamos hacerlo si se federalizara el caso”.

Para ello deben agotarse todas las instancias judiciales provinciales y, recién después de un fallo adverso en el Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero, reclamar la intervención ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“La Procuvin tiene una base de datos importante sobre casos de violencia institucional, y sistematizadas sus actuaciones, que siempre son limitadas en casos provinciales, pero debido a que es un grupo especializado puede ayudarlas”, analizó la procuradora.