La procuradora general de la Nación recibió ayer a los padres Lorenzo “Toto” de Vedia, de la villa 21-24 de Barracas; Gustavo Carrara, de la villa 1-11-14 del Bajo Flores; Guillermo Torre, de la villa 31 de Retiro, y Sebastián Sury, de la villa 15 de Lugano-Mataderos. Durante el encuentro, Alejandra Gils Carbó estuvo acompañada por el titular del Programa ATAJO, Julián Axat, y el director de Comunicación Institucional de la PGN, Luis Villanueva, además de Paula Malimacci, del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia.

Gils Carbó explicó los alcances del nuevo sistema de tramitación de causas penales, entre los que destacó la oralidad plena de los procesos, la centralidad de la víctima y la fijación de estrictos plazos para la tramitación de las causas.

Además, ponderó el rol del fiscal y el nuevo estatus jurídico del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del MPF, que según lo establece la nueva ley orgánica será una Dirección de Acceso a la Justicia, que permitirá “que proliferen los ATAJOS, donde no sólo hay abogados sino equipos multidisciplinarios, para ampliar la mirada de los casos y que la atención no sea distante o sólo una cuestión procedimental”.

La procuradora destacó también que “la nueva ley nos autoriza a establecer conciliaciones, que antes no se podía”. Este recurso, que se suma a las “salidas tempranas”, les permitirá a los fiscales cerrar causas, fundamentando su decisión y enfocar su labor dentro de una política criminal que permitirá perseguir el crimen organizado y no sus expresiones más débiles.

“Para nosotros, la presencia de estos curas es fundamental”, sostuvo Julián Axat. Las oficinas de ATAJO se encuentran ubicadas en los mismos barrios donde los párrocos realizan su labor pastoral.

Para Axat, el encuentro fue sólo el primero “de una agenda de trabajo que los incluye”.

“En la villa tenemos el problema de la ilegalidad en la tenencia de las tierras”, subrayó el padre “Toto” de Vedia de Barracas. “Para la clase media, si la gente está viviendo sobre terrenos usurpados, los demás derechos no respetados están entre paréntesis”, agregó Gustavo Carrara, de la Parroquia María Madre del Pueblo, de la villa del Bajo Flores.

Gils Carbó escuchó el reclamo y adelantó que ese problema podría ser parte de los conflictos a abordar por una eventual Procuraduría de la Defensa de la Constitución, que tendría entre sus atribuciones generar acciones colectivas “para avanzar a través de acciones civiles en derechos sociales”.

La complejidad del narcotráfico

Hacia el final del encuentro, la procuradora se refirió a “una preocupación que siempre expresa la Iglesia: el problema del narcotráfico, que es un delito federal, un crimen organizado y transnacional”. Alejandra Gils Carbó propuso maximizar los esfuerzos para combatir a las bandas narcocriminales, para dar respuestas concretas y efectivas. “Necesitamos que estas grandes herramientas, como el nuevo Código, sean bien aplicadas. De lo contrario, sirven poco”, concluyó.