La reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos se extendió durante una hora y contó con la presencia de la embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré. La procuradora presentó los lineamientos generales de su gestión, enumeró los principales logros alcanzados, los obstáculos y los desafíos de cara al futuro. Insulza valoró las iniciativas implementadas y destacó la importancia de contar con equipos de trabajo especializados, como los que constituyen las procuradurías, para enfrentar a las grandes redes criminales. Además, consideró que los cambios forman parte de un esfuerzo necesario por impulsar investigaciones más profundas.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos debatió con Gils Carbó acerca de las estrategias adoptadas por los distintos países de la región para enfrentar la criminalidad compleja. Ambos coincidieron en criticar las respuestas punitivas que apuntan a los eslabones más débiles de las redes y que no avanzan en la identificación y sanción de los principales responsables.

Finalmente, conversaron acerca de la necesidad de adecuar el sistema federal argentino a los estándares que tienen la mayoría de los países latinoamericanos, con códigos acusatorios. Insulza mencionó como ejemplo el modelo implementado en su país de origen, Chile.

Cooperación internacional
Por la mañana, Gils Carbó mantuvo una reunión con el fiscal General Adjunto de los Estados Unidos, James Cole, en la que se establecieron puntos de contacto directo entre ambas instituciones para agilizar los canales de comunicación y facilitar el trabajo de los fiscales. Además, se delinearon proyectos de cooperación e intercambio de experiencias. En el encuentro estuvo presente la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón.

La procuradora General y su par estadounidense coincidieron en la necesidad de coordinar la actividad de los fiscales para enfrentar la criminalidad organizada y avanzar en estrategias para el decomiso de bienes de las redes criminales. Cole es el segundo en la cadena de mando del Departamento de Justicia y ante él reportan directamente 25 agentes y 93 fiscales en todo el país.

Gils Carbó se refirió, entre otros, al caso del teniente de navío retirado Roberto Bravo acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la “Masacre de Trelew”, quien fue capturado en Estados Unidos, donde vive desde la década de 1970. Sin embargo, un juez norteamericano rechazó el pedido de extradición para que pueda ser juzgado en nuestro país.

Cole se mostró decepcionado con la decisión de la justicia estadounidense y comprometido con el interés del Estado argentino en el caso. Recordó además que el organismo a su cargo había apoyado la solicitud y afirmó que sería viable insistir con el mismo pedido, como ya lo están haciendo los fiscales argentinos.

El fiscal General Adjunto se encontraba especialmente interiorizado del trámite de éste y otros casos de relevancia institucional, así como de las políticas implementadas en el MPF y la trayectoria de la Procuradora General. A partir de su interés en la experiencia de Gils Carbó en cuestiones vinculadas a la protección de datos personales, intercambiaron opiniones sobre la necesidad de compatibilizar el respeto a la privacidad con las herramientas de investigación más modernas.