06 de febrero de 2023
06 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Fue elevado durante la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional
Informe anual 2012 del Ministerio Público Fiscal
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, elevó ante el Congreso el Informe Anual correspondiente al 2012, tal como establece la Ley Orgánica de la institución.

El pasado viernes 1° de marzo la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, presentó el Informe Anual del Ministerio Público Fiscal ante el Congreso de la Nación, en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

En la presentación del informe, Gils Carbó destaca que en materia de política criminal y ejercicio de la acción penal pública hubo resultados satisfactorios en los aspectos vinculados con la protección de los derechos humanos, teniendo en cuenta los logros obtenidos en el juzgamiento y castigo de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En esta línea, además, se inscribe la decisión de la Procuradora General de instituir la Unidad Fiscal Especializada para casos de Apropiación de niños durante el Terrorismo de Estado, y de incorporar el Protocolo de Actuación para la investigación de estos casos. Ambas medidas tuvieron por objeto fortalecer las investigaciones en trámite, o facilitar el inicio de las que puedan suscitarse sobre la base de los elementos de prueba reunidos hasta el momento.

También se enfatizan las estrategias llevadas adelante para la persecución y el castigo de la Trata de Personas, donde la Procuración General profundizó las directrices de su política criminal. Tanto es así que el protagonismo de esta temática se ratificó con la creación del Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género, cuyas principales funciones son la investigación del fenómeno de la violencia de género y de los derechos de las mujeres, así como la sistematización de la información y la elaboración de estadísticas.

Igualmente, el informe describe las líneas de políticas de persecución penal que se han instrumentado a través de las instrucciones generales.

En otro orden, Gils Carbó creó la “Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos”, orientada esencialmente a revertir el sesgo selectivo del sistema penal y el bajo impacto de la persecución penal en casos complejos de delincuencia económica, en los que se advierte un déficit notorio para proveer respuestas dentro de un tiempo razonable.

Además, en el documento se puede apreciar políticas ejecutadas por la jefa de los fiscales para elevar niveles de transparencia, como la reglamentación de la forma en que deberán concederse las audiencias ante la Procuración General de la Nación que pudieren requerir alguna de las partes en litigio. Según esta reglamentación, ahora las audiencias siempre deberán contar con la presencia de las demás partes interesadas en el pleito.

Asimismo, la decisión de aumentar la transparencia institucional fue acompañada con la creación de la Dirección de Comunicación Institucional de la Procuración General de la Nación, que deberá continuar con el desarrollo de acciones tendientes a mejorar la comunicación de todas las tareas y funciones propias de la institución, tanto hacia el interior del Ministerio Público Fiscal de la Nación como hacia el resto de la sociedad.

En el informe también se pueden apreciar los datos referentes a la infraestructura edilicia, Recursos Humanos, tecnología, convenios interinstitucionales que permiten a los fiscales acceder a bases de datos útiles para sus investigaciones, y comunicación y acceso a la información, entre otros aspectos.

En la introducción que acompaña al informe, la Procuradora General señaló que si bien asumió el 29 de agosto de 2012, eso no fue un obstáculo para que la transición institucional que supuso el cambio de gestión se desarrollara sin que el organismo descuidase sus deberes de velar por la legalidad y de defender los intereses generales de la sociedad. En efecto, afirma Gils Carbó, “en el año 2012 el Ministerio Público Fiscal intervino en todos los ámbitos en los que fue requerida su opinión técnica y, naturalmente, actuó como órgano requirente del sistema penal, de acuerdo con el rol que le asigna la legislación procesal y la propia LOMP”.

Acceda al informe completo desde este link.