“La categoría de acceso a la justicia que nos enseñaron en la facultad es obsoleta”. El director del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, Julián Axat, comenzó su intervención en la “Primera Jornada de reflexión sobre Violencia Institucional” organizada por la Comisión Especial de Prevención y Seguimiento de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña, intentando redefinir la relación entre comunidad y sistema judicial, para que deje de ser “un problema de jurisdicción” y se garantice el acceso a derechos.

Axat compartió el panel Acceso a la justicia: el rol del Poder Judicial, el Ministerio Público y las organizaciones sociales” junto al integrante del Área de Violencia Institucional y Políticas de Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Maximiliano Medina; el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y representante de la familia de Jonathan “Kiki” Lezcano, Juan Manuel Combi  y la abogada Gabriela Carpineti.

Durante su intervención, el representante del Ministerio Público puntualizó en las resistencias de los operadores del servicio de justicia para eliminar las frías prácticas de los tribunales, pero también analizó las distancias entre los vecinos y las oficinas de acceso.

Axat focalizó en la definición de acceso a la justicia de Bryant Garth y Mauro Cappelletti, quienes buscaron agregar la dimensión colectiva del derecho, para no verlo solamente como una herramienta penal de mediación entre los estados y los ciudadanos, o para resolver conflictos interpersonales. “El derecho no existe si la gente no accede a él”, habían planteado los juristas europeos.

Por su parte, Juan Manuel Combi, uno de los abogados de la familia de Jonathan “Kiki” Lezcano, el joven asesinado por un efectivo de la Policía Federal en el barrio porteño de Villa Lugano, detalló las dificultades que enfrentó a la hora de impulsar la investigación por el crimen. “Dos meses después de la desaparición, Angélica, la mamá de “Kiki”, se enteró que la misma justicia que estaba buscando a los chicos, los había enterrado como NN”. Además, reclamó al Poder Legislativo una ley de registro de cuerpos NN y de entierros en los cementerios. “La violencia institucional es responsabilidad de los tres poderes del Estado: no son tres poderes aislados, son un poder, son el poder”, concluyó.

A su turno, el abogado del CELS Maximiliano Medina planteó que “faltan jueces sensibles que no naturalicen la muerte de los pobres”. El integrante del Área de Violencia Institucional y Políticas de Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales utilizó como ejemplo de la actuación de los jueces en el sobreseimiento de los policías de la Federal y la Metropolitana que participaron de la represión durante la toma del Parque Indoamericano, en paralelo al juicio oral próximo a comenzar contra los referentes de la ocupación en 2010. “La justicia profundiza las desigualdades sociales”, concluyó.

Por su parte, la docente y referente de la agrupación Usina, Gabriela Carpineti, hizo referencia a la falta de reconocimiento de los sectores populares a la vulneración de sus derechos y a cómo problemas estructurales no son percibidos, también, como problemas de acceso a la justicia.

Durante la jornada, se realizaron también paneles sobre “Las fuerzas de seguridad en los barrios” y las “líneas de acción del Estado” para enfrentar la violencia institucional.