La Comisión de fiscales para la elaboración de estrategias de intervención para el robo y hurto de teléfonos celulares se reunió esta semana con representantes de las empresas prestadoras de servicios. Durante dos encuentros realizados en la Procuración General de la Nación, se buscó determinar puntos centrales vinculados a esta problemática y a la posterior reducción de dispositivos, las formas de comercialización de chips prepagos, las zonas más afectadas por esta problemática criminal, el circuito de comercialización legal, informal e ilegal de teléfonos móviles y la dinámica regional y mundial de persecución delictiva y las formas de colaboración en el marco de investigaciones judiciales en curso que se pueden desarrollar con las empresas de telefonía celular.

Convocados por la titular de la Dirección de Gestión Operativa de Casos (DiGOC), Cristina Caamaño, y el fiscal a cargo de la Dirección de Análisis Criminal (DAC), Diego García Yomha, asistieron a la reunión por parte del Ministerio Público el fiscal federal en lo Criminal y Correccional N°1, Jorge Di Lello, el fiscal Federal de Morón, Sebastián Basso, la fiscal federal de Rosario, Adriana Saccone, el fiscal federal de Salta, Eduardo Villaba, el fiscal de instrucción en lo Criminal y Correccional N°25, Martín Mainardi, el fiscal de primera instancia N° 6 de Menores, Daniel Togni , la fiscal de primera instancia N°3, María Fernanda Poggi, la secretaria de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N°1, Juliana Márquez, y el prosecretario de la Fiscalía de Primera Instancia de Menores N°3, Federico Schwab.

Todos los magistrados coincidieron en que la importancia del análisis de este fenómeno criminal radica, más allá del perjuicio que le ocasiona a las víctimas de los robos y hurtos de aparatos de telefonía móvil, en que un porcentaje de los celulares robados son utilizados por organizaciones criminales complejas (dedicadas a crímenes tales como el de trata de personas, secuestros extorsivos y narcotráfico) y encuentran en estos dispositivos una herramienta útil para comunicarse sin ser identificados.

La primera jornada contó con la presencia del director de GSMA para Latinoamérica, Sebastián Cabello. La entidad nuclea a los operadores móviles y está dedicada al apoyo de la normalización e implementación del sistema de telefonía móvil GSM. Además, participó en representación de CATEMA,  la organización que agrupa agentes oficiales de las empresas Movistar y Personal, Hugo Rolón.

Cabello destacó que es su cámara la que asigna los números de IMEI (el código identificatorio de cada dispositivo), explicó la modalidad por la cual se designan estos números, el mecanismo de tráfico de celulares a nivel regional y las diversas experiencias internacionales tendientes a reducir el robo y hurto de celulares, como también las distintas formas de registración de venta de chips de líneas prepagas. Por su parte, Rolón explicó la forma de comercialización de dispositivos móviles y chips prepagos e indicó que las llamadas “cuevas” atentan contra las ventas de las agencias oficiales y que son altamente rentables, ya que realizan acciones desde adulteraciones de IMEIS, venta de equipos y/o cambios de repuestos.

En el segundo encuentro, concurrieron  representantes legales y del sector de Fraudes de las empresas Movistar, Claro, Personal y Nextel. Al respecto, ilustraron sobre el mecanismo de comercialización de equipos y chips a través de agentes oficiales y señalaron que el mayor mercado de teléfonos lo componen los de línea prepago y es allí donde se presentan irregularidades con relación a la constatación de identidad del usuario. Con relación a las acciones tendientes a disminuir este tipo de delitos, manifestaron que, ante una denuncia, las empresas bloquean el IMEI del celular, agregando esa información a una lista.

Para Cabello, esta problemática debe abordarse desde cuatro frentes: las empresas fabricantes de dispositivos, para disminuir la vulnerabilidad de los teléfonos; las prestadoras de servicios, para regular la comercialización de aparatos y de chips prepagos; los consumidores, para que no adquieran en lugares ilegales o informales y efectúen denuncias en caso de robo de equipos, y el marco regulatorio de esta actividad, con el fin de obtener la tipificación penal correspondiente y su posterior condena. Luego de una extensa discusión sobre diversas posibilidades de abordar este problema, la mayoría de las empresas indicaron que se encuentran desarrollando programas para crear mayor seguridad en la utilización de los equipos móviles, como también campañas de concientización a la ciudadanía para disuadir la de compra de celulares de origen dudoso.